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Apelación reduce a tres partidos la sanción de cierre de grada de Mestalla

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El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió este viernes estimar parcialmente el recurso del Valencia y ha reducido de cinco a tres partidos el cierre de la grada Kempes en el estadio de Mestalla. Además, ha dejado la multa económica en 27.000 euros y no los 45.000 que se planteaba en un principio.

Apelación reduce a tres partidos la sanción de cierre de grada de Mestalla

El club siempre se mostró muy crítico con la resolución de Competición por entender que era injusta y desproporcionada. Javier Solís, director corporativo y portavoz del club, anunció en el partido contra el Mallorca la intención de agotar todas las vías:»Entraremos a fondo porque estamos todos en contra del racismo, pero de la misma forma no hay derecho a esa acusación que se ha hecho de manera directa a toda una afición que siempre se ha comportado de manera ejemplar y no se merece ese calificativo», aseguró.

Prohibido reubicar a los aficionados

La posible intención de reubicar a los aficionados de la grada de animación queda en saco roto. El artículo 57 del Reglamento de la RFEF lo prohibe en su apartado de ‘Clausura del recinto deportivo’. «En este sentido, el club sancionado con el cierre parcial de una zona debidamente acotada y determinada, no podrá en ningún caso, reubicar a los espectadores que ocupen dicha zona con carácter habitual. «En caso contrario, la transgresión de dicha exigencia podrá entenderse como un quebrantamiento de las sanciones impuestas pudiendo aplicarse las medidas establecidas en el artículo 64 del presente texto normativo».

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La Fiscalía pide 10 años y medio de cárcel para Rafa Mir por presunta agresión sexual en Bétera

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Rafa Mir acusado de una presunta agresión sexual: sigue las últimas noticias desde Official Press

La Fiscalía de Valencia solicita 10 años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir por una presunta agresión sexual a una joven de 21 años ocurrida en 2024 en la localidad valenciana de Bétera.

Según la calificación fiscal, el jugador —que actualmente milita en el Elche CF y anteriormente en el Valencia CF— habría cometido un delito de agresión sexual y otro contra la integridad física.

Los hechos denunciados

De acuerdo con el escrito del Ministerio Público, los hechos se remontan a la noche del 31 de agosto de 2024, cuando el futbolista conoció a la denunciante en una discoteca de València.

Posteriormente ambos se desplazaron al domicilio del jugador en una urbanización de Bétera, donde, según la acusación, se produjo la agresión durante la madrugada del 1 de septiembre de 2024.

La investigación sostiene que los hechos tuvieron lugar en distintas zonas de la vivienda, concretamente en la piscina y en un cuarto de baño.

Medidas adicionales solicitadas por la Fiscalía

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita para Rafa Mir varias medidas adicionales:

  • Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante 10 años.

  • Inhabilitación para profesiones con contacto con menores durante 18 años.

  • Siete años de libertad vigilada tras cumplir la condena.

Otro acusado en la causa

En el procedimiento también está acusado un amigo del futbolista, identificado como Pablo, para quien la Fiscalía pide tres años de prisión.

Según la acusación, este hombre habría agredido sexualmente a otra joven de 25 años en la misma vivienda, realizando presuntos tocamientos hasta en tres ocasiones en la piscina pese a la negativa de la víctima.

Procesamiento judicial del caso

Ambos fueron procesados en octubre de 2025 por la jueza titular de la Sección Civil y de Instrucción número 8 del Tribunal de Instancia de Llíria.

En el caso de Rafa Mir, el procesamiento se produjo por un delito de agresión sexual con acceso carnal y uso de violencia, según el auto judicial.

La defensa de Rafa Mir mantiene su inocencia

El futbolista fue detenido a principios de septiembre de 2024 por la Guardia Civil tras la denuncia presentada por la víctima.

Después de quedar en libertad, el jugador negó los hechos y pidió que se respetara su presunción de inocencia, argumentando que el proceso judicial serviría para esclarecer lo ocurrido.

Su defensa sostuvo entonces que la imputación “no se sostiene” y confía en que el procedimiento penal determine la verdad de los hechos.

 

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