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Valencia

Archivan la causa por «pitufeo» contra varios concejales del PP en València

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Archivan la causa por "pitufeo" contra varios concejales del PP en València
El exconcejal del grupo popular en el Ayuntamiento de València Vicente Igual (i), uno de los ediles a los que se ha archivado la causa por 'pitufeo', en la Ciudad de la Justicia. EFE/Manuel Bruque/Archivo

La Audiencia de Valencia ha decidido archivar la causa conocida como «pitufeo» para trece investigados, varios de ellos antiguos concejales del PP en la época de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València. Según el auto de la Sección Cuarta, hecho público este martes, no existen indicios suficientes para continuar la investigación contra estos exediles por delitos de blanqueo de capitales. Entre los beneficiados por esta decisión se encuentran María Jesús Puchalt, Francisco Lledó, Vicente Igual, Silvestre Senent, Lourdes Bernal, Félix Crespo y Beatriz Simón.

Contexto de la causa

La investigación, que comenzó tras las elecciones municipales de 2015, tenía como objetivo esclarecer un supuesto entramado de blanqueo de capitales relacionado con la financiación irregular del PP en las elecciones de 2007 y 2011. Este proceso implicaba a 49 concejales y asesores del Ayuntamiento durante la etapa de Rita Barberá como alcaldesa, además del PP local como persona jurídica.

El juzgado de instrucción número 18 de Valencia había dictado un auto de procesamiento el 19 de octubre, tras casi seis años de investigación policial y judicial. El escrito también apuntaba a la participación de Alfonso Grau, exvicealcalde y mano derecha de Barberá, como recaudador de recursos para el PP.

Argumentos de la defensa

Los exconcejales procesados apelaron la decisión alegando que los hechos probados carecían de suficiente respaldo indiciario y que no se ajustaban a los elementos objetivos del delito. La Audiencia de Valencia, tras revisar el auto de procesamiento, encontró contradicciones en la fundamentación de los delitos y aseveró que el auto «se debe sustentar en un juicio de probabilidad delictiva, no en meras sospechas».

Pruebas cuestionadas

La Audiencia también criticó el uso de ciertas pruebas, como conversaciones de un grupo de Whatsapp que contenían menciones genéricas sobre dinero negro, así como declaraciones de testigos que ofrecieron suposiciones sobre donaciones. Asimismo, la grabación de una conversación telefónica entre María José Alcón, exconcejal y esposa de Alfonso Grau, con su hijo, fue calificada como una «simple suposición» y no suficiente para incriminar a los apelantes.

Consecuencias del fallo

El fallo de la Audiencia de Valencia archiva así la causa para los trece investigados, revocando el procesamiento del juzgado de instrucción. Esto marca un punto importante en el desarrollo del caso «pitufeo», aunque la investigación continúa para otros implicados.

Este archivo no puede ser recurrido, lo que supone una victoria para los trece exediles del PP que vieron cómo las sospechas sobre su implicación en el blanqueo de capitales eran desestimadas por el tribunal.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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