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Valencia

Archivan la causa por «pitufeo» contra varios concejales del PP en València

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Archivan la causa por "pitufeo" contra varios concejales del PP en València
El exconcejal del grupo popular en el Ayuntamiento de València Vicente Igual (i), uno de los ediles a los que se ha archivado la causa por 'pitufeo', en la Ciudad de la Justicia. EFE/Manuel Bruque/Archivo

La Audiencia de Valencia ha decidido archivar la causa conocida como «pitufeo» para trece investigados, varios de ellos antiguos concejales del PP en la época de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València. Según el auto de la Sección Cuarta, hecho público este martes, no existen indicios suficientes para continuar la investigación contra estos exediles por delitos de blanqueo de capitales. Entre los beneficiados por esta decisión se encuentran María Jesús Puchalt, Francisco Lledó, Vicente Igual, Silvestre Senent, Lourdes Bernal, Félix Crespo y Beatriz Simón.

Contexto de la causa

La investigación, que comenzó tras las elecciones municipales de 2015, tenía como objetivo esclarecer un supuesto entramado de blanqueo de capitales relacionado con la financiación irregular del PP en las elecciones de 2007 y 2011. Este proceso implicaba a 49 concejales y asesores del Ayuntamiento durante la etapa de Rita Barberá como alcaldesa, además del PP local como persona jurídica.

El juzgado de instrucción número 18 de Valencia había dictado un auto de procesamiento el 19 de octubre, tras casi seis años de investigación policial y judicial. El escrito también apuntaba a la participación de Alfonso Grau, exvicealcalde y mano derecha de Barberá, como recaudador de recursos para el PP.

Argumentos de la defensa

Los exconcejales procesados apelaron la decisión alegando que los hechos probados carecían de suficiente respaldo indiciario y que no se ajustaban a los elementos objetivos del delito. La Audiencia de Valencia, tras revisar el auto de procesamiento, encontró contradicciones en la fundamentación de los delitos y aseveró que el auto «se debe sustentar en un juicio de probabilidad delictiva, no en meras sospechas».

Pruebas cuestionadas

La Audiencia también criticó el uso de ciertas pruebas, como conversaciones de un grupo de Whatsapp que contenían menciones genéricas sobre dinero negro, así como declaraciones de testigos que ofrecieron suposiciones sobre donaciones. Asimismo, la grabación de una conversación telefónica entre María José Alcón, exconcejal y esposa de Alfonso Grau, con su hijo, fue calificada como una «simple suposición» y no suficiente para incriminar a los apelantes.

Consecuencias del fallo

El fallo de la Audiencia de Valencia archiva así la causa para los trece investigados, revocando el procesamiento del juzgado de instrucción. Esto marca un punto importante en el desarrollo del caso «pitufeo», aunque la investigación continúa para otros implicados.

Este archivo no puede ser recurrido, lo que supone una victoria para los trece exediles del PP que vieron cómo las sospechas sobre su implicación en el blanqueo de capitales eran desestimadas por el tribunal.

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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