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Valencia

El Botànic de Puig deja un 38% más de deuda y récord de gasto social

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Botànic deuda
El conseller de Hacienda en funciones, Arcadi España, al inicio de la rueda de prensa posterior al último Pleno del Consell de esta legislatura.EFE/ Ana Escobar

València, 12 jul (OFFICIAL PRESS – EFE). El gobierno del Botànic presidido por Ximo Puig deja una deuda de 55.438 millones de euros, un 38,3 % más que cuando llegó en 2015, un récord de gasto social hasta los 16.655 millones y un 57,3 % del Presupuesto de la Generalitat pendiente de ejecutar por el gobierno entrante.

El Botànic deja un 38% más de deuda

El conseller de Hacienda en funciones, Arcadi España, ha dado cuenta este miércoles del informe de la situación financiera de la Generalitat que ha presentado al pleno del Consell al cierre del mandato del gobierno de Puig.

Ese informe recoge la evolución de la deuda desde los 40.064 millones de 2015 a los 55.438 millones actuales, un 38,3 % más, y que en las dos últimas legislaturas, con el gobierno del Botànic, se ha generado el 27,7 % de la deuda total de la Generalitat.

España ha señalado que la agencia de calificación de riesgos Standard&Poors ha mantenido la calificación de la Comunitat Valenciana en BB con perspectiva estable, desde el nivel de 2014 cuando se situó como BB-.

En cuanto a déficit acumulado, entre 2016 y 2022 suma 12.376 millones debido a la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, según España, que lo ha comparado con «los desfases acumulados» entre 2008 y 2014 de 25.950 millones, lo que supone una reducción del crecimiento del déficit del 52 %.

Respecto a gasto social, ha destacado los avances en convergencia con el esfuerzo medio per cápita con el resto de comunidades y en 2022 la inversión en servicios públicos fundamentales ha subido hasta los 16.655 millones, un 36,3 % respecto a 2016, y la inversión por habitante alcanzó los 3.097 euros en 2021.

La ejecución presupuestaria se sitúa , hasta el 30 de junio, en el 42,7 % de las operaciones no financieras, por lo que queda pendiente el 57,3 % para el próximo gobierno PP-Vox.

Solamente se han recibido el 48% del total de la financiación

A lo largo de este año el Consell dispondrá de 13.449 millones en recursos del modelo de financiación, ya que hasta el 30 de junio la Comunitat ha recibido 6.481 millones, el 48 % del total, por lo que quedan pendientes de percibir 6.968 millones.
El periodo medio de pago a proveedores se ha reducido a 26 días en mayo, frente a los 82 días del cierre de 2014, ha asegurado el conseller.

Arcadi ha afirmado que, con el mantenimiento de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, que gravan sobre todo los grandes patrimonios, la Generalitat ha ingresado 524 millones que se destinan a servicios públicos fundamentales de los valencianos.

Según el conseller, el gobierno ha sido más transparente en cuanto a finanzas públicas y «no hay facturas en ningún cajón» ni «impagos».

«La Generalitat funciona mejor de lo que funcionaba, en un contexto complejo se ha frenado el crecimiento de la deuda y hay un presupuesto equilibrado a la fecha actual», según Arcadi España, que ha agradecido al personal de la Conselleria de Hacienda el esfuerzo y el trabajo «en momentos muy difíciles».

 

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Valencia

Ilusión y sacrificio en Alzira: jóvenes acampan días para reservar una VPO y cumplir el sueño de una vivienda propia

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Decenas de jóvenes y familias viven desde hace tres días frente a una inmobiliaria de Alzira, esperando turno para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en una promoción que ha generado una enorme expectación en la Comunitat Valenciana. La escena —personas sentadas con sillas, sacos y hamacas al raso para mantener su posición en la cola— refleja la crisis del acceso a la vivienda asequible y la ilusión de quienes buscan estabilidad y futuro.

La promoción, impulsada por una empresa constructora local, incluye 123 viviendas protegidas con precios asequibles que oscilan entre unos 119.000 y 140.000 euros, situándolas muy por debajo de los elevados precios del mercado libre que condenan a muchos a pagos de alquiler elevados sin perspectivas de obtener un hogar propio.

Colas que hablan de esperanza y frustración

Las personas que esperan turno destacan que han venido acompañadas por amigos o familiares, turnándose para descansar o cumplir sus obligaciones, sin perder la posición en la fila que se formó la mañana del pasado sábado. Muchos pagan el alquiler mes a mes —a menudo con pagos que superan los 700 euros— y ven en esta oferta una oportunidad única para construir un proyecto de vida estable con un piso de obra nueva.

El sistema de adjudicación será por orden de llegada, lo que ha motivado que algunos llegaran incluso días antes de que se abra el plazo de inscripción esta mañana, con la esperanza de poder elegir las viviendas más deseadas antes de que se agoten los turnos.

Emoción, expectativa y un problema más amplio

Entre quienes hacen cola no faltan historias humanas que ilustran la falta de alternativas habitacionales: jóvenes que han pasado años en alquiler y parejas que quieren formar una familia sin la incertidumbre de los precios del mercado, o personas mayores que esperan un futuro más seguro para sus hijos. La situación se ha convertido en tema de conversación en la ciudad y en numerosos medios, donde se percibe que esta promoción ha llegado como una luz de esperanza en un contexto donde muchas ofertas públicas similares son escasas o inexistentes desde hace décadas.

Responsables de la inmobiliaria promotora han mostrado su satisfacción por la enorme participación y han señalado que, aunque esperaban asistencia, no imaginaban que tantas personas se animarían a presentar su candidatura con tanta antelación.

¿Qué significa esta escena?

Lo que ocurre en Alzira es un síntoma de la crisis de vivienda asequible que vive España y, en particular, la Comunitat Valenciana, donde los precios de compra y alquiler continúan alejándose de las posibilidades económicas de amplios sectores de la población. La actitud de quienes esperan durante días para tener una oportunidad real de acceder a un hogar propio pone de manifiesto la urgencia social de medidas y políticas que amplíen la oferta de vivienda protegida y faciliten el acceso a la propiedad para jóvenes, familias y hogares con recursos limitados.

 

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