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Así se comunicaba el estafador del fraude en EMT València con la empleada despedida: «Va todo muy bien»

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VALÈNCIA, 23 Oct. – El hombre que se hizo pasar por abogado para presuntamente estafar fondos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València prohibió a la trabajadora que ha sido despedida a causa de este fraude que hablara con el resto de personas implicadas en la supuesta operación económica con una empresa china aludiendo a cuestiones de «confidencialidad».

Así se desprende de la declaración jurada que la propia empleada realizó ante la responsable jurídica de la empresa pública el 23 de septiembre, cuando se destapó el fraude que provocó su despido.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, deja constancia de que la trabajadora recibió múltiples correos y alrededor de una decena de llamadas del estafador. La primera de ellas se realizó el 3 de septiembre, cuando una persona que se identificó como el señor Parada, abogado de una conocida consultora, le explica que se va a llevar a cabo una oferta pública de acciones y que le va a enviar un documento de confidencialidad para que lo firme. Ya aquí le reclama total discreción para el éxito de la operación.

La trabajadora mostró extrañeza pero poco después recibió un correo electrónico de alguien que se hacía pasar por el presidente de la EMT y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, corroborando la autenticidad de la llamada recibida y solicitándole también discreción en este asunto.

Una vez recibida esta supuesta confirmación, el estafador y la trabajadora hablaron de cómo se realizaría el pago de las facturas. Ella le apuntó que el sistema era mediante firma mancomunada del gerente de la empresa, que se encontraba en ese momento de vacaciones, y la jefa de Gestión, de baja por maternidad. De acuerdo a su declaración, la empleada pensó que todo se había tramitado desde la oficina de Grezzi. Así, quedaron en que las transferencias se harían ordenadas a través de carta firmadas por ambos directivos.

Desde aquel día y hasta el 23 de septiembre, el falso abogado comunica varias veces con la trabajadora para saber si existía saldo disponible y previsión de tesorería para realizar el pago de las facturas que enviaba.

En una de estas comunicaciones, la trabajadora informa al supuesto abogado de que el director gerente de la EMT ya ha regresado de sus vacaciones por lo que ella podía recoger su firma para la carta de pago. A esto, el presunto estafador se niega y prohíbe a la empleada que hable con el resto de personas implicadas en la operación.

LA OPERACIÓN «IBA MUY BIEN»
En otra de las llamadas, el falso Parada le indica a la trabajadora que la operación iba muy bien y que se iba a realizar una nueva transferencia.

De la declaración se desprende además que los pagos causaron también recelos en entidades bancarias. De hecho, ya el día 20 un gestor de CaixaBank señala que le están poniendo muchas pegas para realizar las trasferencias y reclama las cartas de pago de las mismas, así como las facturas.

Ya el 23 de septiembre, la empleada informa a Parada de esta petición y, ante el silencio de este y en cumplimiento de la ley, envía la copia de las facturas pagadas al representante del banco. Ese mismo día, el estafador y la trabajadora mantienen una conversación telefónica en la que ella le expone que el banco está pidiendo confirmación de transferencias a los apoderados y que no se podía aguantar más el tema de la confidencialidad, en la que estafador insiste a lo largo de todo el proceso. El falso abogado le dice que esté tranquila.

En total, el fraude en la EMT València está cuantificado en 4 millones de euros, aunque las pretensiones del estafador superaban los 11 millones, según han revelado los correos electrónicos y de la propia declaración.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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