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Aumenta un 11 % el empleo irregular descubierto por la Inspección de Trabajo

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El Plan de Lucha contra el Fraude y empleo irregular del Gobierno ha permitido aflorar en la Comunitat Valenciana, entre enero y noviembre de este año, un total de 11.293 empleos irregulares, lo que supone un 11,25 por ciento más respecto al mismo período de 2016.

Según datos ofrecidos hoy por el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, la labor de la Inspección de Trabajo ha permitido transformar 7.474 contratos temporales en indefinidos, un 20,35 por ciento más sobre los once primeros meses del año pasado.

En su balance de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunitat, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de enero a noviembre, Moragues ha señalado que «sigue mostrándose como un buen instrumento para velar y proteger los derechos de los trabajadores».

A requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el número de contratos transformados en indefinidos ha aumentado un 20,35 %, pasando de 6.112 de enero-noviembre del 2016 a los 7.356 de este año. Por provincias, los contratos transformados son 2.997 en Alicante, 593 en Castellón y 3.766 en Valencia.

En la provincia de Valencia, una única actuación de control de la contratación eventual supuso la conversión de 111 contratos en indefinidos, 73 por haber superado el plazo máximo de cuatro años y los 38 restantes por superación de 24 meses en un período de 30 meses (75 mujeres y 36 hombres).

En la provincia de Castellón, en una empresa del sector citrícola se han realizado 78 nuevos contratos fijos discontinuos, y en la de Alicante, se propone a la Autoridad Laboral la interposición de la demanda de oficio por existencia de perjuicios económicos equivalentes a los salarios dejados de percibir por importe de más de medio millón de euros, de 171 trabajadores afectados por un cambio de convenio que fue declarado nulo.

En cuanto al empleo irregular, se ha producido un aumento del 11,25 % en el ámbito del empleo aflorado, que incluye las altas de oficio e inducidas a la Seguridad Social, así como los perceptores de prestaciones por desempleo y el trabajo de los extranjeros en situación irregular.

En total, según la Delegación del Gobierno, el empleo aflorado asciende a 11.293 casos, 6.453 en la provincia de Alicante, 720 en la de Castellón y 4.120 en la de Valencia.

En cuanto a las empresas ficticias, las altas anuladas han descendido a nivel global pasando de las 682 del año pasado (enero/noviembre) a 553 de este año, aunque aumentan considerablemente en Castellón, donde aumentan un 128 %.

Por provincias, 92 casos se han dado en Alicante, 103 en Castellón y 358 en Valencia.

Respecto al ámbito de la Seguridad Social, en los once primeros meses del año se han extendido 4.967 infracciones, por un importe de 20.836.379 euros, lo que implica una disminución en el número de actas (un 8,29 % menos) pero acompañado de un incremento en las cuantías (un 6,04 % más).

Como actuaciones destacadas en materia de Seguridad Social, la Inspección provincial de Valencia ha realizado actuaciones pioneras para poner freno a las anómalas manifestaciones de la llamada «economía colaborativa», que «en ocasiones solo buscan sortear la aplicación del Régimen Especial de autónomos o esconder una relación laboral fija, a través de la figura de autónomos».

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Hacienda refuerza el control de pagos digitales, influencers y pisos turísticos en 2026

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Hacienda adelanta la declaración de la renta en 2024

La Agencia Tributaria pondrá en marcha este año un plan de control tributario más intenso centrado en el comercio digital, las criptomonedas, la neobanca, los influencers y el sector inmobiliario, incluyendo los alquileres turísticos. La medida busca combatir la economía sumergida, mejorar la recaudación y garantizar el cumplimiento fiscal en todos los ámbitos.

Principales objetivos de Hacienda en 2026

Según el Plan de Control Tributario publicado en el BOE, los focos principales de vigilancia serán:

  1. Pagos digitales y neobancos

    • Se utilizarán nuevas declaraciones informativas mensuales de los bancos sobre cobros con tarjeta y cuentas financieras.

    • Se controlará la neobanca para evitar ocultaciones de rentas o patrimonios en el exterior.

  2. Comercio electrónico y plataformas digitales

    • Se verificará la tributación de entidades establecidas en España o en la UE para evitar elusión de IVA.

    • Se analizarán las ventas de bienes y servicios en plataformas digitales.

  3. Influencers y creadores de contenido

    • Se controlará la correcta tributación y la residencia fiscal de quienes obtienen ingresos por redes sociales.

  4. Criptomonedas

    • Se reforzará el control sobre contribuyentes que operen con monedas virtuales, usando herramientas de trazabilidad blockchain para detectar rentas no declaradas.

  5. Alquileres turísticos e inmuebles

    • Se intensificará la supervisión de arrendamientos gestionados a través de plataformas digitales.

    • Se vigilará la correcta declaración de ingresos y el uso adecuado del régimen de comisiones.

    • Se prestará especial atención a las socimis y a las operaciones de no residentes en España.

  6. Multinacionales, grandes patrimonios y economía sumergida

    • Se controlarán grupos societarios con cifras de negocio inusualmente bajas y signos externos de riqueza no declarados.

    • Se mantendrá la revisión de TPV y pagos con tarjeta para detectar actividad no registrada.

Contexto y novedades

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que estas actuaciones permitirán reforzar la lucha contra el fraude fiscal y modernizar la gestión tributaria en un contexto donde el comercio digital, las criptomonedas y los nuevos modelos de negocio se expanden rápidamente.

Entre las novedades, este año se incluyen:

  • Control intensivo de plataformas de alquiler turístico.

  • Fiscalización de transacciones digitales transfronterizas.

  • Supervisión de operaciones con sociedades instrumentales y patrimonios ocultos.

Con estas medidas, Hacienda busca garantizar que todos los contribuyentes cumplan con la normativa, asegurando la transparencia fiscal en sectores de alta complejidad y riesgo de fraude.

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