En plena crisis y con el Gobierno del PP, han florecido dos movimientos políticos que, persiguiendo sus propios objetivos, intentan impugnar el sistema constitucional instaurado en 1978. Estos son:

1. Los Indignados que, posteriormente, fundarán Podemoscomo partido político que rechaza el sistema democrático fraguado durante la Transición, bautizado como “Régimen” para asimilarlo al Régimen dictatorial de Franco.
2. Los soberanistas catalanes que llevan a cabo el procésindependentista catalán, que busca la desconexión con España.

Ambos movimientos han coordinado sus fuerzas, ya que el objetivo principal de los mismos es el desmantelamiento del sistema constitucional español.

Los motivos que se arguyen para tal rechazo a la democracia española -aunque se realice a través de un ataque al PP, como partido que gobierna el Estado español- son los siguientes:

• No hubo una ruptura con el franquismo durante la Transición. El sistema constitucional nacido de la misma supuso una simple supervivencia del Régimen instaurado por Franco.
• El sistema es corrupto, dados los múltiples -y presuntos- casos de corrupción que han salido a la luz pública.
• La Constitución española no reconoce el hecho diferencial catalán.
• Existe una discriminación del Estado hacia Cataluña en materias financiera y de inversiones.

Para tratar de conseguir sus metas políticas, tanto los podemitas como los independentistas han venido jugando -de una manera coordinada- con la debilidad del Estado, provocada por la crisis económica y el aireamiento de los casos de corrupción del partido en el Gobierno, aunque pasando por alto la presunta corrupción generalizada presente en las Comunidades andaluza y catalana, gobernadas por el PSOE y CiU, respectivamente.

En definitiva, “Todos contra el PP“, como una prolongación del Pacte del Tinell que ha sido ratificado por el PSOE de Pedro Sánchez en su camino por conseguir la ansiada Presidencia del Gobierno de España.

Como si de un juego infantil se tratara, se ha puesto en peligro el régimen de derechos y libertades que, de una forma consensuada por las fuerzas políticas presentes durante el periodo de la Transición -catalanismo incluido- se plasmó en el texto constitucional de 1978. Se ha llevado a cabo una lucha -más bien verbal y desde las tertulias de los platós de televisión- que se ha trasladado a las perfomances realizadas en los Parlamentos español y catalán, donde las proclamas y los anuncios de las leyes de desconexión no han llegado a plasmarse en textos publicados en el correspondiente Diario Oficial, por falta de manos que empuñen las oportunas plumas.

Los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils han supuesto en duro golpe a la consciencia de la gente, así como un reto importante al sistema de derechos y libertades de los ciudadanos que los han padecido, y una fuerte alarma a toda la sociedad catalana y española, junto con las fuerzas políticas de los espectros catalán y español. El jueguecito dialéctico y teatral que amenazaba con destruir -virtualmente- el sistema constitucional de 1978, ha terminado (o, más bien, debería terminar) con el duro zarpazo provocada por la mayor célula yihadista descubierta en el ámbito europeo (al menos, 12 miembros), que ha causado gran cantidad de muertos y heridos en las Ramblas de Barcelona y en el Paseo Marítimo de Cambrils. Un potente aviso de que existen fuerzas ideológicas que pretenden acabar -de verdad- con el sistema de libertades que impera en el mundo occidental.

Las primeras reacciones de todas las fuerzas políticas españolas y catalanas -con la esperada excepción de la CUP y su #capitalismofobia- de llamamiento a la unidad, podrían establecer las bases para una nueva etapa política en la que se busque más el acuerdo trabajado que la rápida discrepancia, sobretodo si esta responde más a un artificio que a un hecho real, o a un escollo ideológico insalvable. En este sentido, cabe destacar la presencia en todos los actos que se han realizado en Barcelona de TODOS los líderes políticos españoles y catalanes, con la icónica asistencia de las alcaldesas de Barcelona (Ada Colau) y de Madrid (Manuela Carmena) en la Misa celebrada en la Sagrada Familia, a pesar de su conocido agnosticismo.

Sin embargo, pronto se han producido gestos de las autoridades catalanas, que pueden ser signo de que la cabra tira al monte y de que el procés tira adelante caiga quien caiga. Así:

1. El Conseller de Interior de la Generalitat Catalana diferenció entre víctimas catalanas y fallecidos de nacionalidad española.
2. Dentro del protagonismo exclusivo del Govern en lucha contra la célula yihadista, la rueda de prensa protagonizada por el President, el Conseller de Interior y el Mayor de los Mossos d’Esquadra, dirigida a los informadores internacionales, se escenificó como una invitación a entrar en la salita de estar de la República Independiente de su Casa.

El arzobispo de Barcelona, Omeya (sic), expresó en la homilía de la Misa en la Sagrada Familia que “la unión nos hace fuertes, la división nos corroe y nos destruye”.

Confiemos en que este zarpazo del yihadismo, que nos ha hecho morder el polvo de la dura realidad, sirva al menos para conseguir tres objetivos fundamentales:

• Rebajar la tensión dialéctica y el uso indiscriminado de la demagogia política a niveles aceptables.
• Permitir que el independentismo catalán pueda salir, lo más dignamente posible, de la ratonera en la que se ha metido; aunque para ello, los líderes independentistas deban gozar de sus minutos de gloria dentro de estos dramáticos momentos marcados por el terror y la desgracia humana.
• Sentar las bases de una nueva política dirigida a buscar los consensos en lugar de los enfrentamientos estériles.

Por todo ello, Omeya: Amén.

(Fotografía: El Periódico de Aragón)