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Cae una banda especializada en asaltos violentos a viviendas, con 14 detenidos

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Imagen de uno de los detenidos facilitada por la Policía Nacional. EFE

Alicante, 17 mar (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una banda especializada en asaltos y robos con fuerza en viviendas, cuyos miembros llegaban a agredir violentamente a sus moradores si eran descubiertos y actuaban en las provincias de Alicante, Valencia y Málaga, en una operación que se ha saldado con catorce detenidos.

Siete de los presuntos miembros de la organización han sido arrestados en Alicante; tres, en Benidorm (Alicante); tres, en València, y uno, en Torremolinos (Málaga), según un comunicado del Cuerpo Nacional de Policía.

Los ladrones se desplazaban continuamente por diferentes localidades de estas tres provincias para cometer los robos, se apoderaban principalmente de joyas, relojes, todo tipo de objetos de valor y dinero en efectivo, y no dudaban en emplear la violencia si eran descubiertos por los moradores de las viviendas, llegando incluso a agredirlos para hacerse con sus pertenencias.

En seis registros domiciliarios llevados a cabo en Alicante, València, Alginet (Valencia) y Torremolinos, los agentes han intervenido gran cantidad de piezas de joyería, relojes, bolsos, complementos de marcas de lujo y dinero, así como herramientas y útiles empleados en los asaltos.

Con esta operación policial se han esclarecido cerca de veintitrés robos con fuerza y violencia perpetrados en Alicante, El Campello (Alicante), Dénia (Alicante), Oliva (Valencia), Marbella (Málaga) y Torremolinos.

A los detenidos, de entre 29 y 56 años, todos ellos de nacionalidad argelina, se les imputan los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza, robo con violencia e intimidación, y falsedad documental.

Tras pasar a disposición judicial, siete de los arrestados han sido ingresados en prisión.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Delincuencia Especializada de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Alicante, en colaboración con el Grupo de Robos de la Jefatura Superior de la Comunitat Valenciana y de las comisarías de Marbella, Estepona y Torremolinos.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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