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Camps y Fabra, a la espera de que se les asigne un despacho como expresidents

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València, 17 sep (EFE).- Los expresidents de la Generalitat Francisco Camps y Alberto Fabra están a la espera de que desde Presidencia se les asigne un espacio en el que ubicar la oficia a la que tienen derecho como exmandatarios autonómicos.

Camps ha solicitado al Gobierno valenciano que le otorgue un nuevo espacio, después de haber dejado el Consell Jurídic Consultiu (CJC), al que se incorporó como miembro nato tras dimitir como president, para incorporarse a un despacho de abogados en calidad de consejero jurídico.

Fuentes de Presidencia han confirmado a EFE la petición del expresident, quien pide mantener también la secretaria, el vehículo oficial y el conductor a los que igualmente tiene derecho, según el Estatuto de expresidentes, y con los que cuenta desde que abandonó la presidencia del Consell.

Por su parte, Alberto Fabra también está a la espera de que se le ofrezca un espacio para gestionar la actividad relacionada con su faceta de expresident de la Generalitat.

Fabra contaba con un despacho en el Palau de Pineda, que abandonó cuando se instaló en él la sede de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, y aunque cuenta con un despacho en el Senado, está a la espera de tener un espacio propio para su labor de expresident.

Desde la Generalitat están buscando ubicación para los dos expresidents, aunque la petición de Fabra se encuentra más avanzada pues se hizo hace ya tiempo.

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Un grupo de hackers chantajea a Hacienda con publicar los datos robados de 47 millones de españoles

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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2022

Un grupo de hackers que se hace llamar HaciendaSec ha lanzado una grave amenaza contra el Ministerio de Hacienda, asegurando haber vulnerado sus sistemas informáticos y robado los datos personales y financieros de más de 47 millones de españoles. Los ciberdelincuentes exigen un pago para no publicar ni vender la información en la internet oscura (Dark Web).

Según la información difundida por la propia banda, el ataque habría permitido acceder a una base de datos actualizada con información sensible de 47,3 millones de ciudadanos, entre la que se incluirían números de DNI y NIF, nombres y apellidos, direcciones postales, teléfonos, correos electrónicos y datos bancarios como el IBAN.

Datos fiscales y financieros entre la información robada

El chantaje no se limita únicamente a datos personales. Los hackers aseguran disponer también de información fiscal y financiera relacionada con declaraciones de impuestos, tanto de ciudadanos particulares como de empresas, lo que incrementa notablemente el riesgo de fraudes, estafas y suplantaciones de identidad.

La alerta sobre este presunto ciberataque procede de la plataforma especializada en ciberseguridad Hackmanac, dedicada a monitorizar ataques informáticos verificados y a advertir de posibles brechas de seguridad de gran impacto.

Venta de los datos en la Dark Web

Según las advertencias de los expertos, los datos robados estarían ya ofreciéndose a la venta en foros clandestinos, donde podrían ser adquiridos por redes criminales para phishing dirigido, extorsión, fraude bancario o chantaje personalizado.

Por el momento, no se ha confirmado un uso masivo de la información, aunque los especialistas alertan de que el riesgo aumenta con el paso del tiempo, especialmente si los datos permanecen accesibles en mercados ilegales.

España, objetivo recurrente de ciberataques

Este presunto ataque se suma a otros incidentes recientes sufridos por grandes entidades en España. Según estimaciones del sector de la ciberseguridad, el país registra una media de unas 30 incidencias informáticas graves al mes que afectan tanto a empresas privadas como a organismos públicos.

Antes de este supuesto hackeo al Ministerio de Hacienda, el último objetivo de los ciberdelincuentes en España habría sido un portal nacional de citas de carácter sexual, cuyos datos de usuarios ya estarían circulando libremente por la red oscura.

Investigación en curso

Hasta el momento, Hacienda no ha confirmado oficialmente la brecha de seguridad, aunque fuentes del sector señalan que las autoridades estarían analizando la veracidad de la información y el alcance real del ataque.

De confirmarse, se trataría de uno de los mayores robos de datos de la historia en España, con millones de ciudadanos potencialmente afectados.


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