Madrid, 16 may (OFFICIAL PRESS-EFE).- El transporte de 24 kilos de cocaína desde Madrid a Tenerife ocultos en dos lavadoras condujo a la Policía hasta el mayor centro logístico de recepción, almacenaje y distribución de metanfetaminas de Europa que el cartel mexicano de Sinaloa había instalado en un chalet de Villena (Alicante), donde los agentes se incautaron casi dos toneladas.
Se trata del mayor alijo de esta droga de síntesis intervenida en España y la segunda mayor incautación de toda Europa, en una operación en la que han sido detenidas cinco personas, entre ellas un ciudadano mexicano arrestado en la localidad alicantina y que había sido enviado por el cartel de Sinaloa para recepcionar el ‘cristal’ y organizar la distribución.
El cartel de Sinaloa: Un mexicano y cuatro narcotransportistas subcontratados
Los otros cuatro arrestados -todos detenidos en Puçol (Valencia)- son tres ciudadanos españoles y una mujer de nacionalidad rumana pareja de uno de los anteriores y que habían sido «subcontratados» como narcotransportistas y especialistas en la ocultación de droga, sobre todo en dobles fondos de vehículos.
Hasta ellos llegó la Policía después de más de un año de investigaciones que se iniciaron a principios de 2023, tal y como han explicado el comisario principal de la Unidad central de Delincuencia y Crimen Organizado, Antonio Duarte, junto a los jefes de las Brigadas de Policía Judicial de Valencia y de Tenerife, Marcelino Fernández y Alberto Benavente, respectivamente.
El origen de las pesquisas se sitúa en Tenerife, cuando los agentes descubren que una organización de narcotraficantes ajena a la actualmente detenida se dedica al tráfico de cocaína desde la Península a la isla.
La droga oculta en lavadoras
Los agentes descubren que envían la droga oculta en lavadoras, algo que les hace saltar las alarmas, pues los electrodomésticos son más baratos en Canarias, por lo que no ven sentido que se importen lavadoras desde Madrid.
A raíz de esta operación, los agentes constatan que es desde una empresa de la capital desde donde se hacen los envíos de droga y que uno de los responsables hace operaciones de transporte de estupefaciente también a Valencia en coche y con importantes medidas de seguridad.
Con los seguimientos a estas organización de narcotransportistas, la Policía sigue a una furgoneta que se desplaza hasta una vivienda aislada de Villena. Tras hora y media estacionada en ese chalet abandona el lugar y es interceptada por los agentes el pasado 6 de mayo.
En su interior y con un sistema de compresores hidráulicos, los agentes hallan 224 kilos de metanfetaminas. El resto, unos 1.600 kilos de esta droga, se descubren en cajas en la vivienda de Villena, listas para su distribución, donde es detenido el ciudadano mexicano en un operativo en el que participó el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES).
Un chalé de Villena, el centro de reparto europeo
Aunque la operación continúa abierta y los investigadores tratan de descubrir por dónde y cuándo llegó el cargamento de 1.800 kilos de metanfetaminas, sí sospechan que se trató de un único envío desde México hasta un puerto español.
Desde ese puerto -se indaga si pudo ser el de Valencia- la droga fue conducida a Villena, donde el cartel de Sinaloa había instalado el centro logístico antes de distribuirla por el centro de Europa por países como Polonia, Alemania o Reino Unido e, incluso, llevarla hasta Australia, mercado emergente en el consumo de esta sustancia.
En España, sin embargo, el tráfico de metanfetaminas no es un negocio potencial, según ha explicado Duarte, que sí ha advertido de que la presión policial contra las organizaciones de tráfico de estas sustancias de diseño, fundamentalmente el cartel de Sinaloa, en Holanda, país de referencia en la recepción y distribución, ha provocado que los narcos hayan preferido instalar ese centro en España.
Duarte se ha felicitado de que la Policía Nacional haya vuelto to a asestar un importante golpe a este tipo de organizaciones que ha evitado que una droga tan peligrosa como el ‘cristal’ acabe en la calle. Se estima que las 1.800 kilos de metanfetaminas podrían haber supuesto un beneficio de «varias decenas de millones de euros».
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El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.
La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.
En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.
Sin rastro de terrorismo ni ciberataque
El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.
Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.
Un conflicto por el control de la tensión eléctrica
Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.
Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.
El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.
La vía penal queda cerrada
En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.
Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.
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