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Castellón y Alicante, las provincias con más ciclistas muertos en la carretera de 2017

Publicado

hace 8 años

en

MADRID/VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) – Alicante y Castellón son las provincias que más víctimas han registrado en sus carreteras en 2017, con cuatro ciclistas fallecidos cada una, seguidas de Valencia y Madrid, con tres. También Castellón lidera el ranking los accidentes con bicicletas implicadas con 422 siniestros, junto a Baleares (330) y Sevilla (316).

La Dirección General de Tráfico (DGT) contabilizó en 2017 un total de 3.856 accidentes en los que estuvo implicada una bicicleta y, en ellos, fallecieron hasta 44 ciclistas, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el portavoz del PSOE en materia de Seguridad Vial, Pablo Bellido.

La cifra de muertes, que recoge los números entre enero y octubre del año pasado, supone un incremento con respecto a los fallecimientos registrados en el mismo periodo de 2016, ya que en los primeros diez meses de ese año murieron 30 ciclistas.

Estas cifras se conocen en medio de la tramitación en el Congreso de la reforma del Código Penal, propuesta por el PP, para endurecer las penas por atropello a ciclistas.

En el texto presentado, los ‘populares’ apuestan por calificar siempre como imprudencia grave la conducción que atenta contra la integridad de las personas en los siguientes tres supuestos: cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, cuando se hace bajo la influencia de drogas, o bajo la influencia de alcohol.

SEIS AÑOS DE PRISIÓN MÁXIMO
Hasta ahora, el juez valoraba si la imprudencia había sido grave, menos grave o leve, de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho. Con la nueva regulación propuesta, en cualquiera de estos tres supuestos no cabrá margen de interpretación y se considerará imprudencia grave en cualquier caso. Las penas máximas pasan así de cuatro a nueve años.

Sin embargo, tanto PSOE como Unidos Podemos no coinciden con este planteamiento y han registrados varias enmiendas a estos artículos, en las que se recoge que, en caso de homicidio imprudente al volante, el juez puede imponer la pena «en su mitad superior» o, «excepcionalmente, la pena superior en grado», lo que dejaría la pena máxima a imponer en seis años.

Por su parte, Ciudadanos, no toca este punto, pero sí llaman a elevar las penas mínimas de privación de del derecho a conducir en el caso de que haya muertos. Así, si el PP plantea que este tipo de delitos al volante supongan entre uno y seis años de retirada de carné, los naranja elevan a 18 meses la sanción mínima.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

Publicado

hace 1 hora

en

7 abril, 2026

De

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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