MADRID/VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) – Alicante y Castellón son las provincias que más víctimas han registrado en sus carreteras en 2017, con cuatro ciclistas fallecidos cada una, seguidas de Valencia y Madrid, con tres. También Castellón lidera el ranking los accidentes con bicicletas implicadas con 422 siniestros, junto a Baleares (330) y Sevilla (316).

La Dirección General de Tráfico (DGT) contabilizó en 2017 un total de 3.856 accidentes en los que estuvo implicada una bicicleta y, en ellos, fallecieron hasta 44 ciclistas, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el portavoz del PSOE en materia de Seguridad Vial, Pablo Bellido.

La cifra de muertes, que recoge los números entre enero y octubre del año pasado, supone un incremento con respecto a los fallecimientos registrados en el mismo periodo de 2016, ya que en los primeros diez meses de ese año murieron 30 ciclistas.

Estas cifras se conocen en medio de la tramitación en el Congreso de la reforma del Código Penal, propuesta por el PP, para endurecer las penas por atropello a ciclistas.

En el texto presentado, los ‘populares’ apuestan por calificar siempre como imprudencia grave la conducción que atenta contra la integridad de las personas en los siguientes tres supuestos: cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, cuando se hace bajo la influencia de drogas, o bajo la influencia de alcohol.

SEIS AÑOS DE PRISIÓN MÁXIMO
Hasta ahora, el juez valoraba si la imprudencia había sido grave, menos grave o leve, de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho. Con la nueva regulación propuesta, en cualquiera de estos tres supuestos no cabrá margen de interpretación y se considerará imprudencia grave en cualquier caso. Las penas máximas pasan así de cuatro a nueve años.

Sin embargo, tanto PSOE como Unidos Podemos no coinciden con este planteamiento y han registrados varias enmiendas a estos artículos, en las que se recoge que, en caso de homicidio imprudente al volante, el juez puede imponer la pena «en su mitad superior» o, «excepcionalmente, la pena superior en grado», lo que dejaría la pena máxima a imponer en seis años.

Por su parte, Ciudadanos, no toca este punto, pero sí llaman a elevar las penas mínimas de privación de del derecho a conducir en el caso de que haya muertos. Así, si el PP plantea que este tipo de delitos al volante supongan entre uno y seis años de retirada de carné, los naranja elevan a 18 meses la sanción mínima.