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Cerrado el acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia

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Joan Ribó y Sandra Gómez

VALÈNCIA, 12 Jul.- Compromís y el PSPV han cerrado este viernes el acuerdo para conformar el gobierno del Ayuntamiento de València para el mandato 2019-2023, un equipo que integrarán estas dos formaciones y que incluirá dos vicealcaldías, una para cada partido, y nueve áreas de gestión, cinco para los valencianistas y cuatro para los socialistas.

El consenso para el nuevo ejecutivo se ha alcanzado después de que el pasado miércoles por la tarde se retomaran los contactos para las negociaciones entre ambas partes, que habían quedado paralizadas la pasada semana, y tras los encuentros mantenidos este jueves, que se prolongaron hasta la madrugada de este viernes, y esta misma jornada.

El alcalde de València, Joan Ribó (Compromís) y la portavoz socialista en el consistorio y secretaria general del PSPV en la ciudad, Sandra Gómez, han anunciado el acuerdo en declaraciones a los medios de comunicación tras las Junta de Gobierno Local y la Junta de Portavoces celebradas este viernes.

«Hemos llegado a un acuerdo. Tenemos acuerdo de gobierno progresista para la ciudad de València. Tenemos que felicitarnos por esto. Ha costado un poco de tiempo pero las cosas buenas cuestan», ha afirmado el primer edil, que ha mostrado su satisfacción. Gómez ha asegurado que este es «un magnífico día porque se confirma que al frente del Ayuntamiento habrá un gobierno progresista, estable» y «maduro» que dará «continuidad al proyecto iniciado en 2015».

Ribó ha explicado que el acuerdo está firmado pero aún no desarrollado y precisado en sus totalidad sobre el papel, de modo que no se conoce todavía el nombre de los concejales de Compromís y del PSPV que estarán al frente a cada delegación. No obstante, sobre la distribución de competencias, ha avanzado que se ha seguido una «línea parecida a la de la Generalitat», para que cada una de estas formaciones continúe ostentado concejalías que gestionaba en la anterior legislatura.

A estas competencias hay que añadir para este mandato las que entre 2015 y 2019 estaban en manos de València en Comú, la coalición que formaba también parte del equipo de gobierno anterior en la que estaba integrado Podemos y que quedó fuera del Ayuntamiento de València tras las elecciones locales del 26M.

El nuevo gobierno de la capital valenciana no tiene todavía nombre. Preguntado por esta cuestión y por si recibirá el de La Nau II, siguiendo el dado al anterior ejecutivo que presidía o si recibirá otro como el de Rialto, al haberse iniciado en ese teatro de la ciudad las negociaciones para conformarlo, el alcalde ha manifestado que se «bautizará» en breve.

Fuente: EUROPA PRESS

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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