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Cerrado el acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia

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Joan Ribó y Sandra Gómez

VALÈNCIA, 12 Jul.- Compromís y el PSPV han cerrado este viernes el acuerdo para conformar el gobierno del Ayuntamiento de València para el mandato 2019-2023, un equipo que integrarán estas dos formaciones y que incluirá dos vicealcaldías, una para cada partido, y nueve áreas de gestión, cinco para los valencianistas y cuatro para los socialistas.

El consenso para el nuevo ejecutivo se ha alcanzado después de que el pasado miércoles por la tarde se retomaran los contactos para las negociaciones entre ambas partes, que habían quedado paralizadas la pasada semana, y tras los encuentros mantenidos este jueves, que se prolongaron hasta la madrugada de este viernes, y esta misma jornada.

El alcalde de València, Joan Ribó (Compromís) y la portavoz socialista en el consistorio y secretaria general del PSPV en la ciudad, Sandra Gómez, han anunciado el acuerdo en declaraciones a los medios de comunicación tras las Junta de Gobierno Local y la Junta de Portavoces celebradas este viernes.

«Hemos llegado a un acuerdo. Tenemos acuerdo de gobierno progresista para la ciudad de València. Tenemos que felicitarnos por esto. Ha costado un poco de tiempo pero las cosas buenas cuestan», ha afirmado el primer edil, que ha mostrado su satisfacción. Gómez ha asegurado que este es «un magnífico día porque se confirma que al frente del Ayuntamiento habrá un gobierno progresista, estable» y «maduro» que dará «continuidad al proyecto iniciado en 2015».

Ribó ha explicado que el acuerdo está firmado pero aún no desarrollado y precisado en sus totalidad sobre el papel, de modo que no se conoce todavía el nombre de los concejales de Compromís y del PSPV que estarán al frente a cada delegación. No obstante, sobre la distribución de competencias, ha avanzado que se ha seguido una «línea parecida a la de la Generalitat», para que cada una de estas formaciones continúe ostentado concejalías que gestionaba en la anterior legislatura.

A estas competencias hay que añadir para este mandato las que entre 2015 y 2019 estaban en manos de València en Comú, la coalición que formaba también parte del equipo de gobierno anterior en la que estaba integrado Podemos y que quedó fuera del Ayuntamiento de València tras las elecciones locales del 26M.

El nuevo gobierno de la capital valenciana no tiene todavía nombre. Preguntado por esta cuestión y por si recibirá el de La Nau II, siguiendo el dado al anterior ejecutivo que presidía o si recibirá otro como el de Rialto, al haberse iniciado en ese teatro de la ciudad las negociaciones para conformarlo, el alcalde ha manifestado que se «bautizará» en breve.

Fuente: EUROPA PRESS

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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