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Cerrados todos los «empleos no esenciales» hasta el 9 de abril

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Pedro Sánchez ha comparecido este sábado para anunciar un endurecimiento de las medidas establecidas en el decreto de estado de alarma por el coronavirus. El presidente del Gobierno ha comunicado que «del 30 de marzo al 9 de abril» quedan suspendidas todas las actividades «no esenciales» con el objetivo de «que entre semana se tenga el mismo nivel de confinamiento que existe durante el fin de semana». «El trabajador de una obra no trabajará a partir del 30 de marzo pero si cobrará».

«De esta forma, los empleados en trabajos no esenciales se deberán quedar en casa del 30 de marzo al 9 de abril con un permiso retribuido. Una vez pase esta situación deberán recuperar las horas no prestada de forma paulatina», ha explicado Sánchez al explicar que «España se enfrenta a las horas más amargas de la epidemia y nos aproximamos a la cresta de la ola». El presidenta ha afirmado que «cuando pase el estado de alarma, los trabajadores podrán negociar trabajar más hasta el 31 de diciembre para compensar las horas».

Sánchez ha añadido que esta dura medida es «una alternativa al cierre total de la actividad económica en nuestro país«, porque el objetivo es »conseguir que exista el mismo nivel de movilidad de lunes a viernes que existe en los fines de semana«.

Se trata de la tercera vez consecutiva en la que Pedro Sánchez comparece en sábado después de aprobarse el decreto de estado de alarma en España por el coronavirus.

Pincha aquí para leer el listado de empleos esenciales

Estas son las actividades esenciales

1. Cultivos, pesca, ganadería, agricultura y otras ramas del sector primario.

2. Textiles y ropa de trabajo, es decir, la que se orienta a la protección de los sanitarios.

3. Fabricación de productos químicos farmacéuticos o equipos que puedan servir para el suministro médico o terapéutico.

También ha matizado en rueda de prensa que se añaden a esta lista los profesionales de los medios de comunicación y el personal sanitario. 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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