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Valencia

‘Comienza’ el soterramiento de las vías en Malilla que dará paso al bulevar García Lorca

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'Comienza' el soterramiento de las vías en Malilla que dará paso al bulevar García Lorca

La Junta del Gobierno Local ha aprobado este viernes la modificación del convenio del Parque Central de 2003.

Así anunciaba el alcalde de Valencia, Joan Ribó, a través de las redes sociales el parón del proyecto de soterramiento de las vías en Malilla que dará paso la creación del bulevar García Lorca.

«Hoy es un día crucial para la ciudad. Comienza la transformación urbanística más importante para Valencia de las próximas décadas» señalaba Ribó.

Y añade que aprueban en Junta de Gobierno este viernes «el convenio del canal de acceso ferroviario que permitirá pasar de una playa de vías a un gran bulevar verde».

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la modificación del convenio del Parque Central firmado en el año 2003 entre el Ayuntamiento de Valencia, el Ministerio de Fomento y la Generalitat, correspondiente a la fase tres del proyecto canal de acceso.

Convenio con el Gobierno Central para soterrar las vías y crear el nuevo bulevar, con una inversión de 550 millones de euros.

Tal como ha explicado el alcalde, Joan Ribó, esta modificación permitirá acelerar las obras del canal de acceso, para que puedan ser aprobadas por Adif, con el objetivo de que estén licitadas a finales de este año y las obras puedan comenzar el año próximo, 2023.

El coste total de la ejecución de la fase tres del canal de acceso asciende a 550 millones de euros, que será financiado en un 50% por Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), en un 25% por la Generalitat, y el 25% restante por el Ayuntamiento.

La parte total a financiar entre las tres administraciones supone un montante de 531,68 millones, dado que hay otros 18 millones que corresponden a Adif al tratarse de obras exclusivamente ferroviarias. El Ayuntamiento de Valaencia aportará 133 millones.

El alcalde ha recordado que se trata de una obra «muy esperada desde el año 2003» y ha señalado su satisfacción porque el impulso que se da a la licitación del proyecto nos permitirá tener pronto «en lugar de una playa de vías, un gran corredor verde en la ciudad».

En este contexto, Ribó ha reiterado otra reivindicación histórica de la ciudad: el impulso también al proyecto del Túnel pasante, «que –ha señalado- esperamos que se desbloquee muy pronto».

Ribó ha subrayado que la ejecución de este proyecto «también nos permitirá impulsar el Bulevar García Lorca y coser una herida en los barrios del Sur».

Además también prevé el proyecto de estacionamiento de apoyo a la estación Valencia Joaquín Sorolla en el entorno de Fuente de San Luis, y el proyecto de adecuación de los túneles de ancho convencional (en estos dos casos, pendiente de licitar la redacción de los proyectos).

Demora en la ejecución

El alcalde, Joan Ribó, ha explicado que la demora en la ejecución se explica «por la voluntad de acceder a financiación europea para el proyecto. Se prevé que el proyecto pueda beneficiarse de 163,85 millones de financiación con fondos europeos que se han de descontar antes de que concluya en año 2026». Y añade que «este montante se descontará de las aportaciones de cada administración; en el caso del Ayunta35miento, nos descontaremos 41 millones».

Ribó ha subrayado que, dado que la obra tiene un plazo de ejecución previsto de cinco años, y dado que se prevé arrancar las actuaciones el próximo 2023, «las obras estarán acabadas en 2027».

Ribó ha destacado la importancia de esta infraestructura, tanto desde el punto de vista económico, logístico y de impulso al desarrollo de la ciudad, como por su carácter sostenible, al apostar por el desarrollo del ferrocarril como elemento fundamental de movilidad y transporte. «Desde el Plan Sur –ha asegurado- esta es la obra de infraestructura más importante que se ha hecho en Valencia, y es la gran transformación urbanística de las últimas décadas».

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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