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Compromís votará «no» a la reforma de la ley del solo sí es sí

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El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví. EFE/Zipi/Archivo
València, 18 abr (OFFICIAL PRESS- EFE).- El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha anunciado que el jueves votará «no» a la reforma de la ley del solo sí es sí en el pleno del Congreso de los Diputados, después de que los socialistas hayan llegado a un acuerdo con el PP para sacar adelante su propuesta de modificación.

Baldoví ha señalado en rueda de prensa que Compromís se abstuvo en su momento para dar «un margen de negociación» a la propuesta de reforma presentada por el PSOE, pero ha considerado que esa negociación se tenía que dar entre los partidos de la mayoría progresista que han permitido que haya un Gobierno progresista en España.

Como finalmente el acuerdo que se ha alcanzado es con el Partido Popular, «entendemos que esa no es una manera de hacer las cosas», ha afirmado Baldoví, quien ha insistido en que ese «no es el camino que el Partido Socialista debería haber emprendido» y por tanto su voto será en contra de la reforma.

Baldoví: Mis adversarios no son Pablo Iglesias ni Podemos, sino el PP y Vox

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha afirmado este martes que sus adversarios políticos son el Partido Popular y Vox, no Pablo Iglesias ni Podemos, por lo que no va a entrar a hablar de compañeros con los que puede que quizá acaben compartiendo gobierno.

Baldoví ha señalado en una rueda de prensa en la que se le ha preguntado sobre si van a contar con Yolanda Díaz para las elecciones del 28 de mayo que en Compromís reciben «a todo el mundo con un fuerte abrazo», pero no es «la prioridad» de la coalición que venga o no en campaña a la Comunitat Valenciana la impulsora de Sumar.

La prioridad de Compromís es «estar al lado de las personas que están dando la cara por este proyecto, estar al lado de nuestro pueblo y ofrecer soluciones a los problemas» que tienen los valencianos, ha indicado el candidato de Compromís a la presidencia de la Generalitat.

Baldoví ha insistido en que Compromís «está a lo que está» y en que el objetivo de la coalición es el 28 de mayo, cuando están en juego «muchísimas cosas», las que «importan a las personas», mientras que cuando llegue el día 29 ya se hablará de todo: «lo importante es esto, y lo otro ya vendrá», ha concluido».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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