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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Valencia

La Policía Nacional intenta acceder a la acampada por la vivienda en la plaza del Ayuntamiento de València tras unos disturbios

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Los agentes han rodeado el asentamiento para comprobar si los participantes en los altercados se habían refugiado en su interior; la Policía descarta que se trate de un desalojo

La tensión ha aumentado este miércoles en la plaza del Ayuntamiento de València, donde efectivos de la Policía Nacional han rodeado la acampada por la vivienda e intentado acceder a su interior después de que se produjeran varios incidentes durante la jornada de huelga general del 11 de noviembre.

Los propios acampados han denunciado que los agentes habían acordonado el asentamiento y estaban intentando entrar en la zona de las tiendas, una actuación que ha generado preocupación entre las personas que permanecen en la protesta.

Sin embargo, fuentes policiales han explicado que la intervención responde a unos «desórdenes» registrados en la plaza del Ayuntamiento tras la llegada de las diferentes columnas de manifestantes y los piquetes de la huelga general.

Según la versión policial, los agentes han decidido rodear la zona e intentar acceder a la acampada para comprobar que las personas responsables de los disturbios no se hubieran refugiado en su interior.

La Policía descarta que sea un desalojo de la acampada

Fuentes del cuerpo policial han insistido en que la actuación no tiene como objetivo desalojar la protesta por la vivienda ni poner fin a la acampada.

La intervención se enmarca, según explican, en las comprobaciones realizadas tras los incidentes registrados en la plaza durante las movilizaciones de este 11N.

La actuación se ha producido en la zona más próxima al edificio de Correos, donde los agentes han rodeado parte del asentamiento antes de intentar acceder a su interior.

La acampada había iniciado su desmontaje progresivo

La intervención policial se produce cuando los participantes en la acampada ya habían comenzado a modificar la disposición de las tiendas y liberar parte del espacio central de la plaza.

Los acampados habían acordado llevar a cabo un desmontaje progresivo de la instalación de cara a la campaña de Navidad, en una especie de desescalada que permitiría recuperar paulatinamente parte del espacio ocupado.

De hecho, los primeros cambios en la distribución de las tiendas ya se habían hecho visibles en los últimos días.

Por el momento, la Policía Nacional mantiene que su actuación responde exclusivamente a la búsqueda de posibles participantes en los disturbios y no a una operación para desalojar la acampada por la vivienda de la plaza del Ayuntamiento de València.

 

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