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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha presentado a la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia la nueva normativa de apartamentos turísticos, una de las más restrictivas del país, que incorpora gran parte de las demandas del vecindario.

El texto, que será aprobado previsiblemente en el Pleno municipal del próximo 31 de marzo, marca un antes y un después en la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) en València.


🏘️ Objetivo: proteger la vivienda y mejorar la convivencia

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha destacado que la norma pone el foco en dos prioridades:

  • Garantizar la convivencia vecinal
  • Proteger el uso residencial de la vivienda

Según ha señalado, “todas las viviendas turísticas serán legales o no serán”, subrayando la firme intención del consistorio de acabar con la oferta ilegal.


📊 Tres niveles de protección para limitar los apartamentos turísticos

La nueva normativa introduce un sistema pionero de tres umbrales de protección acumulativos que se aplican por barrio, distrito y manzana:

  1. Límite del 8%: las plazas turísticas no podrán superar el 8% de la población empadronada
  2. Límite del 2%: máximo de viviendas destinadas a uso turístico por barrio o distrito
  3. Límite del 15%: restricción de alojamientos turísticos en plantas bajas por manzana

Estos tres “candados” operan de forma simultánea, lo que dificulta notablemente la creación de nuevos apartamentos turísticos.


🏢 Condiciones más estrictas para nuevas viviendas turísticas

Además de los límites anteriores, la normativa establece requisitos clave:

  • Solo podrán ubicarse en planta baja o primera planta
  • Siempre por debajo del uso residencial
  • Deberán tener acceso independiente desde la calle
  • Necesitarán el apoyo de tres quintos de la comunidad de propietarios

Según Giner, cumplir todas estas condiciones “convierte en misión casi imposible” abrir nuevos apartamentos turísticos.


📍 Excepción en Ciutat Vella

El distrito de Ciutat Vella queda fuera de esta normativa, ya que cuenta con su propio Plan Especial de regulación turística.


📝 Más control: censo público y plan de inspecciones

La regulación incluye medidas para reforzar la transparencia y luchar contra la ilegalidad:

  • Creación del Censo de Alojamientos Turísticos (CATAV), de acceso público
  • Plan específico de inspecciones
  • Clausura de establecimientos sin licencia

Además, el censo incluirá todos los tipos de alojamientos turísticos: hoteles, apartamentos, albergues y viviendas turísticas.


🔄 Facilidades para volver a vivienda residencial

Una de las novedades destacadas es la posibilidad de revertir apartamentos turísticos a uso residencial.

La norma establece un plazo de un año desde su entrada en vigor para facilitar esta conversión, con condiciones más flexibles en determinados supuestos.


🤝 Respuesta a las demandas vecinales

El texto definitivo incorpora gran parte de las peticiones de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia tras analizar 117 alegaciones durante el periodo de exposición pública.

Entre las demandas atendidas destacan:

  • Control de la saturación turística
  • Mayor transparencia
  • Refuerzo de la inspección

⚖️ Límites legales y propuestas rechazadas

El Ayuntamiento ha descartado algunas propuestas más restrictivas, como:

  • Prohibir completamente la compatibilidad entre uso turístico y residencial
  • Revocar licencias existentes

Según Juan Giner, estas medidas vulnerarían normativas como la Directiva de Servicios 2006/123/CE o la Ley de Unidad de Mercado.


📅 Entrada en vigor

La normativa entrará en vigor un mes después de su aprobación definitiva, sustituyendo la moratoria vigente desde mayo de 2024 (y ampliada en enero de 2025).


🏙️ València endurece el control turístico

Con esta nueva regulación, València se posiciona como una de las ciudades españolas con mayor control sobre los apartamentos turísticos, en un contexto de creciente presión sobre la vivienda.

El objetivo: equilibrar el desarrollo turístico con el derecho a la vivienda y la calidad de vida de los vecinos.


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