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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Sucesos

La dueña de la clínica dental de Alzira queda en libertad y el anestesista pasa a disposición judicial por la muerte de la niña de seis años

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Muere una niña de 6 años tras tratamiento dental Alzira
Cartel en la clínica dental donde fue tratada la menor - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 3 de diciembre de 2025 –La dueña de la clínica de Alzira (Valencia) que sedó a la niña de seis años fallecida y a otra de cuatro años que tuvo que ser ingresada durante varios días en un hospital de la ciudad ha quedado en libertad tras declarar ante la Policía Nacional este miércoles a la espera de ser citada por el órgano judicial encargado de la investigación cuando lo considere oportuno. Por su parte, el anestesista pasará este jueves a disposición judicial, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Detención del anestesista y de la dueña de la clínica dental

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la mañana de este miércoles en València al anestesista de la clínica de Alzira que sedó a la niña de seis años fallecida y a otra de cuatro años que tuvo que ser ingresada durante varios días en un hospital de la ciudad. En la operación también ha sido arrestada la dueña del centro médico.

El anestesista, de 43 años y nacionalidad española, ha sido arrestado esta mañana, a las 8.45 horas, en València, por un presunto delito de homicidio, otro de lesiones, un delito contra la salud pública, hurto y otro de omisión del deber de socorro, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Pocas horas después, sobre las 12 horas, los agentes han detenido en Alzira a la dueña de la clínica, una mujer de 50 años, como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

Registro del centro y del domicilio del facultativo

Los arrestos tanto del anestesista como de la dueña de la clínica dental han tenido lugar días después de que se registrara el centro y el domicilio del facultativo.

El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, encargado del procedimiento, continúa practicando las gestiones pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos.

Tras destaparse el caso, el anestesista y la dueña de la clínica prestaron declaración ante el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad y, posteriormente, ante los agentes de Policía Nacional que investigan el caso, judicializado. Ahora han sido detenidos y se investiga si hubo ‘mala praxis’.

Los hechos: cronología del caso de la muerte de una niña en una clínica dental de Alzira

Los hechos se remontan al 20 de noviembre de este año, cuando dos niñas, de cuatro y seis años, acudieron junto a sus familiares a una clínica dental privada de Alzira para realizarse unos tratamientos.

La niña de seis años falleció ese mismo día tras ser atendida en la clínica. Ingresó a las 16.52 horas en Urgencias del Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

La otra menor, de cuatro años, acudió también por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico. Este martes recibió el alta médica.

La versión de la clínica: “aparentemente bien”

La propietaria de la clínica manifestó, en declaraciones a À Punt recogidas por Europa Press el mismo día de los hechos, que la niña fallecida salió del centro dental «aparentemente bien» y «el anestesista no sabe qué ha podido pasar».

Según explicó, a esta menor no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes. Además, insistió en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben «qué ha podido pasar».

Qué se espera ahora en la investigación

La causa, ya judicializada, continuará con nuevas diligencias, análisis periciales y posibles declaraciones adicionales por parte de los implicados. La investigación pretende determinar:

  • si la sedación se realizó siguiendo los protocolos sanitarios oficiales

  • si existían antecedentes en la clínica o en la actuación del anestesista

  • si hubo irregularidades en la administración del fármaco

  • si la actuación posterior a la sedación fue adecuada o hubo omisión del deber de socorro

  • si los fármacos empleados estaban correctamente autorizados y registrados

La clínica y el facultativo seguirán en el foco mediático mientras se aclaran las circunstancias exactas que provocaron la muerte de una menor y el ingreso hospitalario de la otra.

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