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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Valencia

La jueza de la dana investiga si hubo una nueva víctima mortal y pide documentación médica

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fallecidos DANA Valencia
Imagen de archivo (9/12/2024) de una mujer sosteniendo el retrato de un familiares durante el funeral por las víctimas de la DANA celebrado el 9 de diciembre de 2024 en la catedral de Valencia. EFE/Kai Försterling

La magistrada de Catarroja ha abierto una nueva pieza de fallecimiento tras la petición de una familia y solicita historiales médicos para esclarecer las circunstancias de la muerte de una residente de Paiporta

La investigación judicial sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 podría incorporar una nueva víctima mortal. La jueza de Catarroja que instruye la causa ha abierto una pieza de fallecimiento después de que una familia de la Asociación de Damnificados Dana Valencia solicitara que su padre fuera reconocido como una de las víctimas de las inundaciones que arrasaron la provincia de Valencia.

La magistrada ha recibido la documentación aportada por los familiares y ha acordado citar a los hijos para tomarles declaración. También ha solicitado comprobar si existe algún procedimiento penal abierto en otro juzgado relacionado con el fallecimiento, con el objetivo de incorporar esa información a las diligencias.

Actualmente, el balance oficial de fallecidos reconocido judicialmente por la dana asciende a 234 personas. La nueva petición podría elevar esa cifra si la jueza considera acreditada la relación entre el fallecimiento y las inundaciones.

La jueza también investiga la muerte de una residente de Paiporta

Además de esta nueva petición familiar, la magistrada ha ordenado ampliar las diligencias sobre el fallecimiento de una usuaria de la residencia de Paiporta en la que murieron seis personas durante las inundaciones.

La familia de la mujer, representada por la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O, ha solicitado que se investiguen las circunstancias de su muerte y la atención sanitaria que recibió después del rescate.

Para esclarecer lo ocurrido, la jueza ha solicitado a la residencia los siguientes documentos:

  • Los registros médicos y de enfermería del 29 de octubre de 2024.

  • Las circunstancias del rescate y el estado de salud de la mujer tras la evacuación.

  • Las constantes vitales y la asistencia sanitaria recibida.

  • El informe original de la valoración médica realizada el 30 de octubre, incluida la exploración clínica y respiratoria.

  • Los motivos por los que no se consideró necesario trasladarla a un hospital.

También ha requerido a la residencia a la que fue trasladada posteriormente su historial médico y los registros de seguimiento hasta el 3 de noviembre, especialmente los relacionados con su evolución respiratoria.

El Hospital Clínico deberá aportar el historial hasta su fallecimiento

La investigación alcanza también al Hospital Clínico, al que la magistrada ha solicitado toda la documentación sobre la asistencia prestada a la mujer el 3 de noviembre y su evolución clínica hasta el momento de su muerte.

Una vez recibida toda esta información, la jueza ha pedido al Instituto de Medicina Legal de Valencia que remita el informe de autopsia, si se practicó, y que explique los motivos en caso contrario.

El objetivo es determinar si las circunstancias del rescate, la atención recibida y la evolución médica posterior tuvieron relación con el fallecimiento.

La cifra de víctimas de la dana podría volver a cambiar

La jueza de Catarroja elevó el pasado 30 de octubre a 234 el número oficial de víctimas mortales de la dana, después de reconocer el fallecimiento de un vecino de Paiporta de 73 años.

El hombre sufrió heridas durante la inundación de su vivienda y murió el 26 de noviembre de 2024 en el Hospital General de Valencia por una endocarditis infecciosa provocada por la bacteria E. faecalis.

La magistrada consideró que existía una relación de causalidad entre la riada y el fallecimiento, al valorar que una herida en el pie pudo facilitar la entrada de la bacteria tras el contacto con superficies contaminadas.

A finales de octubre, la instructora tenía seis casos de posibles víctimas mortales pendientes de estudio. Uno de ellos ya fue incorporado a la causa, mientras continúan las comprobaciones sobre los demás expedientes.

La nueva petición de la familia y las diligencias abiertas sobre la residente de Paiporta mantienen abierta la posibilidad de que el balance judicial de fallecidos vuelva a modificarse.

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