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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Valencia

El jefe superior de Policía admite fallos de coordinación institucional durante la dana en la Comunitat Valenciana

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Sigue las últimas noticias sobre la trágica DANA en Valencia:

Carlos Gajero reconoce en el Senado que el Cecopi del 29 de octubre de 2024 debió activarse antes y que la coordinación institucional fue “mejorable” durante la catástrofe que dejó 230 fallecidos

MADRID, 13 de enero de 2026 – El jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero Grande, ha admitido este martes ante la Comisión de Investigación del Senado sobre la dana que la coordinación institucional durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024 fue “mejorable”. Asimismo, ha señalado que el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) “probablemente” debería haberse reunido antes de las 17.00 horas, dado que ya al mediodía existían avisos de personas desaparecidas en municipios como Utiel.

Durante su comparecencia, Gajero defendió que no hubo abandono ni falta de mando por parte de la Policía Nacional en los primeros días de la emergencia. “En ningún caso la nave iba sin rumbo”, aseguró, subrayando que el dispositivo policial actuó desde el primer momento pese a la magnitud inédita de la tragedia, que causó 230 víctimas mortales.

Coordinación “mejorable”, pero contacto constante sobre el terreno

El máximo responsable policial en la Comunitat Valenciana explicó que, aunque la cooperación operativa con organismos como la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno y la Dirección General de la Policía fue continua, echó en falta una mayor coordinación institucional global.

“A nivel personal funcionaba: hablabas directamente con Guardia Civil o UME. Pero una mejor coordinación institucional habría permitido una visión de conjunto, no tan parcelada, y poner todos los recursos en común”, afirmó en respuesta a una pregunta del senador de ERC, Jordi Gaseni.

Gajero niega haber visto a Mazón “especialmente noqueado”

Gajero relató que el día de la dana se desplazó a Madrid para asistir a una reunión de jefes superiores de Policía, una decisión conocida por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, mientras que la operativa en Valencia quedó en manos del comisario provincial. Al día siguiente, el 30 de octubre, se incorporó directamente a la zona afectada, especialmente en municipios de l’Horta Sud como Torrent, Xirivella, Algemesí, Alzira o Paiporta.

Cuestionado por el senador de Compromís Enric Morera sobre si percibió al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, “noqueado” durante aquellos días, Gajero respondió con contundencia: “No especialmente”.

“Nadie esperaba una tragedia de esa magnitud”

El jefe policial reconoció que no existía un protocolo capaz de prever una catástrofe de tal envergadura. “Fuimos improvisando muchas veces sobre el terreno y aplicando todas nuestras capacidades”, explicó, destacando que la prioridad fue atender las necesidades inmediatas de la ciudadanía, como la retirada de lodo en colegios, centros sanitarios, residencias y viviendas.

En materia de seguridad, recordó que la noche del 30 de octubre se detectaron saqueos en el centro comercial Bonaire, lo que llevó a la detención de 41 personas en menos de 24 horas y a la recuperación de numerosos objetos robados.

Más de 6.000 agentes desplegados tras las riadas

En los días posteriores a la dana, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo compuesto por 6.000 agentes, 897 vehículos terrestres, 19 medios aéreos y 21 recursos tecnológicos, según detalló Gajero, quien agradeció públicamente la “entrega, el valor y el compromiso” de todos los efectivos.

Tensión con el PP por los alumnos de la Escuela de Ávila

La comparecencia también estuvo marcada por un rifirrafe con el senador del PP Luis Santamaría, quien insinuó que los alumnos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila desplazados a la ‘zona cero’ acudieron “para hacerse la foto”. Gajero lo negó tajantemente: “No fueron a hacerse ninguna foto. Fueron a trabajar, y trabajaron muy bien. La gente nos trasladó muchos agradecimientos”.

“Hicimos todo lo que pudimos”, concluyó el jefe superior de Policía, poniendo fin a una comparecencia clave para esclarecer la gestión institucional de una de las mayores tragedias recientes en la Comunitat Valenciana.

 

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