Síguenos

Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

Publicado

en

Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Valencia

Llorca suprime el impuesto de sucesiones en empresas familiares y nuevas bonificaciones a hermanos y sobrinos

Publicado

en

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado una profunda reforma del impuesto de sucesiones y donaciones que incluye la supresión del 99% del tributo en empresas familiares y nuevas bonificaciones fiscales para hermanos y sobrinos, con el objetivo de facilitar la continuidad empresarial y aliviar la carga fiscal de las familias valencianas.

El anuncio se ha producido durante el discurso de clausura de la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), celebrada este martes en el Roig Arena de València, ante un nutrido grupo de empresarios e институ­ciones.

Bonificación del impuesto de sucesiones entre hermanos y sobrinos

Pérez Llorca ha confirmado que a lo largo de este año el Consell aprobará una bonificación del 25% en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y sobrinos, que se incrementará hasta el 50% en 2027.

Esta medida se suma a la supresión total del impuesto ya aplicada en los casos de hijos, cónyuges y padres, una reforma que, según el president, ha tenido un impacto directo en la actividad económica:

“Las donaciones se han incrementado en torno a un 60% y la recaudación asociada también ha crecido en ese mismo porcentaje”, ha señalado.

Supresión del 99% del impuesto para empresas familiares

Uno de los anuncios más relevantes ha sido la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones para las empresas familiares, una medida destinada a garantizar la continuidad de este tipo de negocios, que constituyen el núcleo del tejido productivo valenciano.

La reforma incluirá:

  • Empresas familiares, incluidas las agrícolas

  • Negocios profesionales

  • Participaciones en sociedades

  • Ampliación de los beneficiarios hasta el cuarto grado de parentesco

  • Extensión a todos los herederos cuando el fundador esté jubilado

Según ha subrayado el president, el 90% de las empresas de la Comunitat Valenciana son familiares y generan cerca del 80% del empleo y del PIB, lo que justifica una fiscalidad adaptada a su realidad.

Menos impuestos y más competitividad económica

Durante su intervención, Pérez Llorca ha defendido que bajar impuestos es compatible con mantener servicios públicos sólidos, siempre que se apueste por una economía dinámica y sin trabas innecesarias.

En este sentido, ha recordado otras medidas fiscales impulsadas por el Consell, como la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 9%, así como un tipo superreducido para jóvenes menores de 35 años en la compra de vivienda, que ha pasado del 8% al 6%.

“Debemos seguir impulsando una economía sin trabas que cree empleo, reducir la hiperregulación normativa y bajar los impuestos, especialmente a las clases medias trabajadoras”, ha afirmado.

Una Asamblea con amplia representación institucional y empresarial

La Asamblea General de AVE ha contado con la presencia de destacados representantes del ámbito empresarial e institucional, entre ellos el presidente de Mercadona, Juan Roig, el presidente de AVE, Vicente Boluda, la alcaldesa de València, María José Catalá, y el presidente de la Diputació, Vicent Mompó.

El encuentro también ha incluido un diálogo con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y una conferencia de la exministra de Asuntos Exteriores y profesora en la Universidad de Georgetown, Ana Palacio.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo