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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Sucesos

Arranca el juicio por el crimen del canónigo de València: el portero relata sus prácticas sexuales y una deuda de 20 euros por sexo oral

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muerte cura Valencia
Varios agentes de la Policía Nacional tras el crimen - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

El conserje del edificio, único testigo en la primera sesión, describe con detalle la vida privada de Alfonso López Benito

Este lunes ha comenzado en la Ciudad de la Justicia de València el juicio por el crimen del canónigo emérito de la Catedral de València, Alfonso López Benito, asesinado en enero de 2024 en el piso que le había cedido el Arzobispado en la calle Avellanas, en pleno centro histórico de la ciudad.

En el banquillo de los acusados se sienta Miguel Tomás V. N., un hombre sin hogar, único detenido y procesado por estos hechos. El caso será juzgado por un jurado popular compuesto por nueve titulares y dos suplentes, ya constituido tras una compleja selección marcada por numerosas excusas de los candidatos.


La Fiscalía sostiene que el acusado tuvo una “participación directa y decisiva”

Tras la constitución del jurado, el fiscal Antonio Gastaldi ha explicado su tesis acusatoria, manteniendo que el procesado estuvo en la vivienda el día de los hechos, facilitó la entrada al autor material del crimen y se aprovechó económicamente de la víctima. Aunque la Fiscalía ha rebajado su calificación inicial —de autor material a cooperador o cómplice—, insiste en que su implicación fue “directa, eficaz y decisiva”.

Por su parte, la defensa, ejercida por el letrado Jorge Carbó, ha reclamado el respeto a la presunción de inocencia y ha denunciado una investigación policial “incompleta y sesgada”. Según Carbó, se señaló a un culpable desde el inicio y después se intentó ajustar la investigación a esa hipótesis, sin hallar pruebas concluyentes de la presencia del acusado en la vivienda.


El portero, único testigo: “Era muy frecuente que subieran chicos necesitados”

La primera sesión del juicio ha contado con un único testigo: el conserje del edificio de la calle Avellanas, quien ha ofrecido un relato minucioso de las costumbres sexuales del canónigo y del ambiente que rodeaba la vivienda.

Según su testimonio, Alfonso López Benito vivía solo desde finales de 2017, aunque ocasionalmente convivía con un hombre rumano que ejercía labores de protección frente a los jóvenes que acudían al piso. “Había etapas en las que subían muchos chicos, casi siempre personas muy necesitadas, con adicciones y en una situación muy vulnerable”, ha señalado.

El portero ha explicado que, en una etapa posterior, el sacerdote intentaba que los encuentros se produjeran fuera de su horario laboral para evitar conflictos con los vecinos, que estaban “hartos” de la situación.


“Le prometió 60 euros por sexo oral, pero solo le pagó 40”

Uno de los momentos más impactantes de la declaración ha sido el relato de un joven que bajó del piso llorando y visiblemente afectado. Según el testigo, el chico le confesó que el canónigo le había ofrecido 60 euros a cambio de una felación, pero que finalmente solo le pagó 40.

“Me dijo que aceptó por pura necesidad y que se sintió humillado”, ha recordado el conserje, quien también ha relatado amenazas y episodios de tensión protagonizados por algunos de los hombres que acudían a la vivienda.


El día del crimen: mensajes enviados desde el móvil del canónigo ya fallecido

El conserje también ha reconstruido el día en que se descubrió el cadáver, el 23 de enero de 2024. Esa mañana recibió un mensaje desde el teléfono del canónigo que no le resultó extraño, ya que mantenían cierta confianza. Sin embargo, horas después, un amigo íntimo del sacerdote acudió preocupado al edificio al no lograr contactar con él.

Ambos subieron al piso y, tras abrir con la llave, encontraron a Alfonso López Benito muerto en la cama, con signos evidentes de violencia. Poco después, el portero recibió un segundo mensaje desde el mismo teléfono: “Miguel, está todo bien”. “Fue aterrador: acababa de ver a una persona muerta y me estaba escribiendo”, ha declarado.


Un carácter difícil y una vida cada vez más aislada

El testigo ha descrito al canónigo como una persona de carácter complicado, con escasa relación con el Arzobispado y frecuentes críticas hacia la jerarquía eclesiástica. “Tenía un carácter jodido”, ha afirmado, recordando también conflictos con vecinos durante la pandemia por su negativa a usar mascarilla.

A pesar de mantener una relación cordial con él, el conserje ha reconocido que le producía “asco” la situación que vivía el sacerdote y que se prolongó durante años sin que nadie pusiera freno.


El juicio continuará hasta el 3 de febrero

Tras esta primera sesión, el magistrado ha dado por concluida la jornada y ha citado al jurado para continuar este martes. El acusado, que se ha mostrado tranquilo durante la vista, ha sido trasladado a la prisión de Picassent, desde donde será conducido diariamente mientras dure este juicio, uno de los más mediáticos y controvertidos de los últimos años en València.

 

Alfonso López Benito-AVAN / A. Sáiz

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