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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Sucesos

La jueza deja en libertad al anestesista de la clínica dental de Alzira tras la muerte de una niña

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Muere una niña de 6 años tras tratamiento dental Alzira
Cartel en la clínica dental donde fue tratada la menor - EUROPA PRESS

La investigación apunta a una posible mala praxis y uso irregular de fármacos en la Clínica Mireia

La jueza del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alzira ha ordenado este miércoles la puesta en libertad del anestesista detenido por la muerte de una niña de seis años tras un tratamiento dental en la Clínica de Alzira. El especialista, de 43 años y con casi 20 años de experiencia, queda investigado por presuntos delitos de:

  • Homicidio

  • Lesiones

  • Delito contra la salud pública

  • Omisión del deber de socorro

  • Hurto, por la supuesta sustracción de fármacos en el hospital donde trabajaba

La dueña de la clínica, también detenida e interrogada, ha quedado en libertad con cargos y está siendo investigada por omisión de socorro y delito contra la salud pública.


Cinco horas de declaración ante la jueza

El anestesista llegó a los juzgados escoltado por la Policía Nacional y protegido por familiares que impidieron que se le fotografiara. Su declaración se prolongó durante más de cinco horas, respondiendo a todas las preguntas de la fiscal y de su defensa.

El acusado abandonó los juzgados alrededor de las 17:00 horas, nuevamente protegido por familiares que se enfrentaron a los medios de comunicación.


🔬 Los pilares de la investigación

La muerte de la menor y la grave intoxicación de otra niña de 4 años —que estuvo ingresada en la UCI pediátrica durante doce días— activaron una investigación por parte del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Las dos niñas mostraban síntomas similares: somnolencia, mareos y dificultad respiratoria.

La investigación se centra en dos aspectos clave:

  1. La clínica no tenía autorización para aplicar sedación consciente.
    Esto motivó la suspensión cautelar de su actividad por parte de la Conselleria de Sanidad.

  2. Faltaban recursos esenciales, como una sala de despertar, requerida para cualquier procedimiento que incluya sedación.

Además, durante los registros en la clínica y en el domicilio del anestesista, se hallaron fármacos cuya procedencia no habría podido justificarse.


La dueña de la clínica, en libertad con cargos

La propietaria fue detenida horas después que el anestesista e investigada por omisión de socorro y delito contra la salud pública. Tras prestar declaración, quedó en libertad mientras la investigación continúa.


A la espera de los resultados toxicológicos

La autopsia inicial no ha encontrado:

  • Malformaciones congénitas

  • Problemas cardíacos

  • Obstrucciones en las vías aéreas

  • Restos que pudieran explicar una muerte accidental

Esto dirige toda la atención a los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona. Los peritos investigan qué fármacos fueron utilizados en:

  • La sedación consciente aplicada por el anestesista

  • La anestesia local administrada por la odontopediatra

Ambos profesionales han declarado que utilizaron preparados estándar y dosis ajustadas al peso y edad de las niñas.

También se están analizando los viales incautados en la clínica pocas horas después de la tragedia.

Qué se sabe hasta ahora del anestesista detenido tras la muerte de una niña en la clínica dental de Alzira

 

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