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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Valencia

Pradas afirma que Mazón se «entrometió» en el confinamiento durante la dana de 2024 y Cuenca lo niega

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La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, mantuvo este lunes un tenso careo con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, en el juzgado de Catarroja.

El enfrentamiento judicial dejó versiones contradictorias: mientras Pradas asegura que Mazón se “entrometió” en la medida de confinamiento durante la dana del 29 de octubre de 2024, Cuenca lo niega y sostiene que su mensaje “Salo, de confinar nada” era solo una opinión personal sobre la cobertura legal de la medida.


⏰ Comunicación del confinamiento y mensajes clave

Pradas explicó que, ante la gravedad de la situación por la rotura de la presa de Forata, intentó contactar con Mazón a mediodía, pero este estaba ocupado en una comida con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro.

  • La exconsellera aseguró: “Yo no sabía lo de la comida. Si lo llego a saber le llamo más veces”.

  • A las 19:43 horas, Pradas habló con Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia, para tratar el posible confinamiento y la activación de la alerta Es Alert.

  • Cuenca envió mensajes a Pradas, asegurando que confinar era una “barbaridad” y proponiendo zonificar la medida, lo que Pradas interpretó como un intento de persuasión.

Pradas se ratificó en los WhatsApp presentados ante el juzgado, afirmando que veía a Cuenca como una “extensión” del expresidente y que las decisiones sobre el confinamiento probablemente involucraban a Mazón.


⚖️ Versión de José Manuel Cuenca

Cuenca negó que su mensaje fuera una orden y aseguró que no tenía rol ni competencia para decidir sobre el confinamiento.

  • Explicó que su mensaje se refería a la cobertura legal y a evitar posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

  • No pudo aportar los mensajes intercambiados con Pradas porque reseteó su móvil tras la riada, algo que le recriminó la jueza.

  • Insistió en que no buscaba frenar ni impulsar ninguna medida, solo transmitir su preocupación legal.


🌀 Contexto del careo y la dana de 2024

La dana del 29 de octubre de 2024 provocó 230 víctimas mortales y graves daños en la provincia de Valencia. El careo busca esclarecer:

  • El retraso en la comunicación de la medida de confinamiento.

  • La responsabilidad en la activación del Es Alert.

  • La posible influencia de Mazón y Cuenca en la toma de decisiones durante la emergencia.

Pradas aseguró que mantuvo informado al gobierno autonómico durante toda la tarde del desastre y que Mazón asumió el control al llegar al Cecopi, cuando la exconsellera ya había coordinado contactos con Cuenca y García.

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