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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Valencia

La jueza de la dana defiende la actuación de Feijóo: «Si hubiera considerado mala la gestión de Mazón, lo habría cesado al momento»

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El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. - EUROPA PRESS - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La declaración de Alberto Núñez Feijóo ante la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 volvió a estar marcada por la tensión en la sala y por un intenso cruce de argumentos entre las partes. Durante la comparecencia, la magistrada realizó una afirmación clave al señalar que, si Feijóo hubiera considerado que Carlos Mazón realizó una mala gestión, lo habría cesado de inmediato, algo que no ocurrió hasta un año después.


Una comparecencia tensa y llena de interrupciones

La declaración, realizada por videoconferencia desde el Congreso de los Diputados, se vio interrumpida en numerosas ocasiones por protestas de varios letrados, que cuestionaban la pertinencia de determinadas preguntas por considerarlas prospectivas o carentes de interés directo para la causa.

La jueza mantuvo varios enfrentamientos dialécticos, especialmente con la defensa de Emilio Argüeso, en una sesión que volvió a evidenciar el clima de confrontación procesal que rodea a la investigación judicial de la dana.


Feijóo: “No supe de la dana hasta pasadas las 20 horas”

Durante su testimonio, Feijóo afirmó que no tuvo conocimiento de la gravedad de la riada hasta aproximadamente las 20 horas del día 29 de octubre. Aclaró que Carlos Mazón no le informó en tiempo real durante la jornada, corrigiendo así unas declaraciones previas que atribuyó a un error.

El presidente del Partido Popular explicó que cuando habló de información “en tiempo real” se refería a los días posteriores, martes y miércoles, y no al mismo día de la riada. Subrayó que no recibió información alguna de Mazón el día 29, ni tampoco la solicitó, ya que desde el Gobierno central no se trasladó ninguna alerta al Congreso que le permitiera calibrar la magnitud de lo que estaba ocurriendo.


Los mensajes con Mazón y el desconocimiento del Cecopi

Feijóo detalló que comenzó a intercambiar mensajes con Mazón a las 19:59 horas, manteniendo hasta medianoche 27 comunicaciones. En ese momento, según declaró, no sabía que existía un Cecopi ni que estuviera en funcionamiento, y no mantuvo contacto con ningún otro miembro del Gobierno autonómico.

A preguntas de la jueza, reconoció que desconocía dónde se encontraba Mazón cuando comenzaron a hablar y que tampoco sabía de su comida con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro. Aun así, señaló que por el contenido de los mensajes le pareció que el expresident estaba informado, ya que incluso le advirtió de que la noche iba a ser “larga”.

La primera referencia a fallecidos la recibió a las 23:25 horas, cuando Mazón le habló de muertos en Utiel.


Emergencia nacional y críticas al papel del Gobierno central

Feijóo sostuvo ante la magistrada que la situación vivida en la Comunitat Valenciana constituía un “supuesto clarísimo de emergencia nacional”, por lo que, a su juicio, debió asumirla el Ministerio del Interior. Al no declararse esa emergencia, añadió, la responsabilidad habría recaído en la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera.

La jueza le recordó que la titularidad del Plan Especial de Inundaciones corresponde a la consellera, puntualización que marcó uno de los momentos clave del interrogatorio.


Las preguntas de Manolo Mata y la reflexión de la jueza

El abogado Manolo Mata, exsíndic del PSPV y representante de Acció Cultural del País Valencià, centró parte de su interrogatorio en la actuación de Feijóo durante las inundaciones de Galicia en 2013, así como en otros episodios de su trayectoria política.

Fue a raíz de estas preguntas cuando la jueza realizó la afirmación más contundente de la sesión:

«Si el testigo hubiera considerado que Mazón hizo una mala gestión, lo habría cesado al momento».

La magistrada subrayó que ese cese no se produjo hasta un año después, lo que, a su juicio, resulta relevante para valorar la cadena de responsabilidades.


Remodelación del Consell y dimisión de Mazón

Feijóo confirmó que Mazón le comunicó su intención de remodelar el Consell, con ceses que afectarían a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y a la titular de Industria y Turismo. Aseguró que no le explicó los motivos y que él tampoco se los pidió.

Sobre la dimisión de Mazón, relató que tras el funeral de Estado le pidió centrarse en la reconstrucción y aprobar los presupuestos. Posteriormente, el propio Mazón le informó de su decisión de dimitir, sin que Feijóo le diera indicaciones ni recomendaciones.


Una causa aún abierta y cargada de implicaciones políticas

La comparecencia de Feijóo vuelve a poner de manifiesto la complejidad política y jurídica de la causa de la dana, con reproches cruzados, responsabilidades aún por delimitar y un procedimiento que continúa avanzando entre declaraciones clave y un fuerte impacto social.

 

Así es Nuria Ruiz Torraba, la jueza encargada de la investigación de la DANA

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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