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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Valencia

Estas son las nuevas multas por ensuciar las calles de Valencia

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suciedad en València

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado nuevas medidas para reforzar la limpieza urbana y sancionar comportamientos incívicos en la vía pública. La Junta de Gobierno Local ha iniciado el trámite para modificar la Ordenanza de Limpieza, adaptándola a la normativa estatal y autonómica, incluyendo nuevas infracciones y aumentando las multas por las conductas que más ensucian la ciudad.

Multas más severas para comportamientos incívicos

Las sanciones se incrementan considerablemente y abarcan desde residuos domésticos hasta actos de maltrato al patrimonio urbano:

  • Abandonar basura y residuos en la vía pública: hasta 3.000 euros.

  • Tirar colillas, chicles, papeles o cáscaras fuera de papeleras: hasta 1.500 euros.

  • Depositar elementos voluminosos en papeleras o contenedores: hasta 3.000 euros.

  • Escupir o hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública: hasta 3.000 euros.

  • Pintadas o grafitis en bienes patrimoniales: hasta 3.000 euros.

  • No retirar escombros de obras en la vía pública: hasta 1.500 euros.

  • Propietarios de mascotas que no recojan orines o excrementos: hasta 1.500 euros.

Obligaciones de comerciantes y ciudadanos

La nueva normativa también establece responsabilidades específicas:

  • Separar los residuos en origen y fomentar el reciclaje.

  • Recoger y limpiar los residuos tras eventos públicos, verbenas o ventas temporales.

  • Uso obligatorio del servicio de recogida puerta a puerta para comercios en zonas de alta concentración comercial. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 1.500 euros.

El concejal de Limpieza y Recogida de Residuos, Carlos Mundina, destacó que “el objetivo es concienciar sobre el respeto al medio ambiente, la salubridad pública y la conservación de la imagen urbana. El espacio público es de todos y debemos cuidarlo”.

Mundina subrayó que “acciones como escupir en la vía pública o ensuciar de manera visible son muy graves y se sancionan con hasta 3.000 euros. También la protección de nuestro patrimonio es clave: grafitis sobre bienes inmuebles protegidos serán sancionados de manera severa”.

Próximos pasos

La ordenanza debe pasar por exposición pública y ser aprobada en el Pleno municipal antes de entrar en vigor, momento en el que estas nuevas sanciones comenzarán a aplicarse de manera efectiva.

Con estas medidas, Valencia busca reforzar la educación cívica y garantizar que sus calles y espacios públicos mantengan la limpieza y el respeto que merece una ciudad de referencia.

 

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