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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Valencia

El Puerto de Valencia: ¿por qué se ha convertido en un coladero de cocaína?

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La operación policial «Spider», con cerca de un centenar de detenidos y más de 3 toneladas de cocaína intervenidas, ha confirmado una realidad que lleva tiempo preocupando a las autoridades: el puerto de Valencia se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de droga a Europa. En 2024, se intervinieron más de 12,5 toneladas de cocaína, consolidando a Valencia como el principal punto de entrada de esta sustancia en España.


¿Por qué Valencia es un coladero de cocaína?

1. Alto volumen de tráfico marítimo

El puerto de Valencia es el más importante en tráfico de contenedores del país. Cada año mueve más de 47 millones de toneladas de mercancías, lo que convierte cada alijo de droga en una aguja en un pajar. A pesar del refuerzo en las inspecciones, la cantidad de droga intervenida no deja de aumentar.

2. Métodos sofisticados: gancho perdido y contenedores clonados

El sistema más utilizado por los narcos es el gancho perdido, que consiste en ocultar mochilas o paquetes de droga en contenedores con mercancía legal. Esta técnica no requiere la complicidad del exportador ni del importador, pero sí la de alguien en el puerto que actúe como «rescatador».

Otros grupos utilizan el «cambiazo»: clonan el código de un contenedor legal para asignárselo a uno contaminado con cocaína, sorteando los controles aduaneros.

3. Complicidad interna: las manzanas podridas

Las redes de narcotráfico han contado con la colaboración de empleados portuarios, agentes aduaneros e incluso miembros de las fuerzas de seguridad. El caso más sonado es el de Jesús Fernández Bolaño, capitán de la Guardia Civil, detenido y encarcelado por su implicación directa con la red criminal.

En la operación “Spider”, se utilizaron agentes infiltrados para detectar a estas «manzanas podridas», incluidos estibadores, personal de navieras y empleados portuarios que colaboraban en la entrada y extracción de la droga.

4. Presencia de mafias internacionales

Si hace una década el control era casi exclusivo de los cárteles colombianos, en los últimos años han entrado con fuerza las mafias balcánicas, especialmente albanesas y serbias. Estos clanes han diversificado las rutas de envío, utilizando puertos de Ecuador o Perú, y han sofisticado aún más los métodos de camuflaje de la droga.


Fallos técnicos y estructuras debilitadas

Las escuchas realizadas a los implicados revelan otro de los puntos débiles del sistema: la falta de medios técnicos. Fallos frecuentes en los escáneres de inspección y la saturación de trabajo han facilitado que muchos contenedores pasen sin ser revisados.


Impacto judicial y saturación de causas

La Fiscalía General del Estado lleva tiempo alertando del colapso en los juzgados de la Comunitat Valenciana, que tramitan decenas de causas de delincuencia organizada internacional sin medios suficientes. Esta acumulación de trabajo retrasa las investigaciones y dificulta el avance contra las grandes tramas.


Valencia, en el podio del narcotráfico europeo

Con cifras que superan a otros grandes puertos españoles como Algeciras o Vigo, Valencia se ha consolidado como el principal foco de entrada de cocaína en España y el tercero en Europa, solo por detrás de Amberes y Róterdam.

Según estimaciones policiales, por cada alijo intervenido podrían estar entrando entre 5 y 9 sin detectar, lo que situaría la entrada real por Valencia en más de 30 toneladas anuales.

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