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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El número de pisos turísticos en la Comunitat Valenciana descendió un 25% durante el último año, hasta situarse en 48.411 viviendas en noviembre de 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, la Comunitat sigue siendo la tercera autonomía con mayor número de viviendas turísticas en España, solo por detrás de Andalucía y Canarias.


Descenso generalizado de viviendas turísticas en España

En toda España, las viviendas turísticas cayeron un 12,4%, pasando a 329.764 pisos vacacionales en noviembre de 2025 frente a los 376.000 del mismo mes de 2024. Comparando con mayo de 2025, cuando se contabilizaron 381.837 apartamentos turísticos, la caída se eleva al 13,6%, consolidando una tendencia a la baja en el alquiler vacacional.

El porcentaje de viviendas turísticas sobre el total también disminuyó, situándose en 1,24%, frente al 1,41% registrado en noviembre de 2024 y el 1,43% en mayo del mismo año.


Situación por comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, la clasificación de pisos turísticos se mantiene liderada por:

  • Andalucía: 91.757 (+1,2%)

  • Canarias: 49.676 (-3%)

  • Comunitat Valenciana: 48.411 (-25%)

  • Cataluña: 46.915 (-11%)

Por debajo de las 20.000 viviendas turísticas se encuentran Baleares (19.398, -19,8%), Madrid (15.309, -26%) y Galicia (15.236, -22,5%).

El total de plazas turísticas en la Comunitat Valenciana alcanzó las 1,62 millones, frente a 1,89 millones en noviembre de 2024, lo que representa una reducción del 14%. Además, las plazas por vivienda turística descendieron a 4,93 por piso, desde las 5,04 del año anterior.


Regulación y control del alquiler turístico

El descenso coincide con la entrada en vigor del nuevo registro de alquileres de corta duración en España, obligatorio desde el 1 de julio de 2025, que busca garantizar la legalidad y seguridad de los pisos turísticos. De las 412.253 solicitudes de registro, 320.620 corresponden a alquiler turístico y las 91.608 restantes a alquileres de temporada.

Asimismo, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana identificó recientemente 86.275 viviendas turísticas ilegales, solicitando a las plataformas online la retirada de anuncios que no cumplan con los requisitos legales.


Impacto en la Comunitat Valenciana

La caída del 25% de pisos turísticos en la Comunitat refleja la mayor regulación y control del sector, lo que puede afectar tanto al turismo vacacional como al mercado de alquiler local. Expertos señalan que la tendencia también podría incentivar una oferta turística más segura y profesional, garantizando la protección de los usuarios y la conservación de la vivienda.


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