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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

Valencia

La Generalitat exigirá el C1 de valenciano a los altos funcionarios

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EFE/Manuel Bruque

València, 28 nov (EFE).- La Generalitat reclamará a cada categoría funcionarial un grado de capacitación de valenciano -el C1 en el caso de los altos funcionarios- y el alumnado que acabe el Bachillerato tendrá acreditado un B2, aunque con una nota a partir de 7 puntos en la asignatura de valenciano los dos cursos se obtendrá el C1.

La Conselleria de Justicia y la de Educación Cultura y Deporte han acordado los detalles del decreto que regula la acreditación de la competencia lingüística en valenciano como requisito para las oposiciones a la Generalitat, los organismos públicos autonómicos y consorcios adscritos, las entidades locales y el personal no docente de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

El decreto que desplegará la Conselleria de Justicia en aplicación de la ley de Función pública valenciana aprobada el año pasado, en la que se remitía a un reglamento posterior la concreción del requisito lingüístico, concreta los grados de capacitación lingüística en valenciano para cada categoría funcionarial.

ESCALA DE GRADOSPor lo que respecta a los grados de capacitación de cada cuerpo de funcionarios, quienes concursen para opositar al nivel de funcionarios A1 y A2, es decir, altos funcionarios con estudios universitarios, deberán contar con un nivel C1 de valenciano, según han informado desde la Generalitat.

Las personas aspirantes al grupo B funcionarial deberán tener un B2 de valenciano, el mismo que para las que opten al subgrupo C1, y para el subgrupo C2 se exigirá un B1. Las personas que aspiren a una agrupación profesional funcionarial deberán contar con el certificado A2 de valenciano.

FECHA DE APLICACIÓN

Se prevé que este decreto entre en vigor durante el primer semestre de 2023. Una vez que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat, las posibles oposiciones para acceder a los grupos funcionariales de las categorías de los grupos B, C1, C2 y agrupación profesional funcionarial que se convoquen ya contemplarán el requisito lingüístico necesario en cada categoría.

Para los grupos de altos funcionarios A1 y A2 habrá un periodo transitorio, de forma que el C1 de capacitación en valenciano se requerirá a partir de las convocatorias de oposiciones que se desprendan de la oferta pública de empleo del año 2025. Hasta entonces, para aspirar a plazas de esta categoría se necesitará el B2.

HOMOLOGACIÓN EDUCATIVA

Por su parte, la Conselleria de Educación desplegará el decreto que regulará el reconocimiento de la competencia lingüística de valenciano para la homologación de los estudios en el sistema educativo valenciano, con entrada en vigor también en el primer semestre de 2023.

La normativa determinará que el alumnado que acabe la ESO cuente con un nivel B1 de valenciano, y que el alumnado que finalice el Bachillerato tendrá acreditado un nivel B2 de valenciano.

En el caso de Bachillerato, el alumnado que supere la materia de valenciano con al menos un 7 de puntuación en cada curso de esta etapa contará con el nivel C1 de valenciano al finalizar esta etapa educativa, un nivel de acreditación aplicable desde el curso 2021-2022.

Cuando el decreto entre en vigor, el alumnado que haya superado alguna de estas etapas educativas contará con las pertinentes acreditaciones en competencias de valenciano. Todo el alumnado que haya cursado estos estudios con anterioridad podrá solicitar las acreditaciones a través de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Desde la Generalitat se ha señalado que el fin último de esta medida es «dar un servicio óptimo» a la ciudadanía desde las administraciones públicas valencianas, para lo que se equipara la competencia lingüística en ambas lenguas oficiales para la atención al ciudadano y de tramitación administrativa por parte del personal que ejerce la función pública.

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