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Comunicado de los trabajadores de la residencia de Llíria tras las polémicas imágenes de maltrato a mayores

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Tras las polémicas imágenes emitidas por Telecinco en el que mostraban supuestos malos tratos a mayores en la residencia valenciana ubicada en LLíria ‘Jardines de Llíria’, han sido muchos los familiares, quienes consternados por las imágenes difundidas han decidido llevarse a sus familiares de la citada residencia. También la Fiscalía ha abierto diligencias para esclarecer lo sucedido.

Poco después de la emisión de las imágenes, el propio centro emitía un comunicado negando lo sucedido:

«DomusVi y la residencia Jardines de Llíria concondenan rotundamente el video emitido hoy por la cadena Telecinco. Se trata de imágenes grabadas por una ex trabajadora cuyo contrato temporal no fue renovado porque no cumplía con sus obligaciones laborales. Esta empleada trabajó en el centro solamente los meses de abril a agosto, como refuerzo del equipo de limpieza durante la crisis.
Por otro lado, las imágenes emitidas corresponden a residentes del centro durante la etapa de confinamiento que, por su avanzada edad y problemas psicomotrices, habían sufrido una caída. En estos casos, y como no podría ser de otro modo, los empleados de DomusVi les atienden de manera inmediata, con total dedicación y posteriormente contactan con sus familiares para informarles en todo momento de la situación y estado de salud de los mayores.
La dirección del centro ya está en contacto con los familiares de nuestros residentes y se mantiene a disposición de las familias para resolver cualquier duda al respecto.
Reiteramos una vez más, nuestra total repulsa ante la mala praxis de esta ex trabajadora, no siendo ésta representativa de nuestra labor de cuidar personas, siendo una actuación totalmente reprochable y condenable para la compañía y para el resto de trabajadores de la residencia».

Sin embargo, ante el aluvión de críticas recibidas por el desempeño de su trabajo que se ha visto en entredicho, los trabajadores han querido realizar su propio comunicado defiendo su profesionalidad:

«Los trabajadores de este centro comparecemos píublicamente para decir que comprendemos las preocupaciones de las familias de nuestros residentes. Estamos aquí para recordarles que en este centro trabajamos profesiones de los cuidados y, cuando se pone en duda nuestro buen hacer, se pone en duda nuestra profesionalidad y nuestra atención a los clientes y eso no se corresponde con la realidad.

Nos duele que nuestro trabajo esté manchado por estas imágenes. No podemos quedarnos callados mientras se nos acusa en unos términos tan duros como se ha hecho. Queremos insistir en que somos profesionales, estamos formados para atender a los mayores y es nuestra vocación, pues trabajamos con personas y son como nuestra segunda familia».

Ninguno de los actuales trabajadores hemos desatendido a los residentes o actuado de manera poco diligente. Queremos reivindicar el esfuerzo que ha tenido que hacer este colectivo está realizando contra la pandemoa en España. Nosotros, como cualquier otro sanitario, también estamos desbordados anímicamente y pedimos respeto».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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