El expresidente de la Asamblea del Consejo de Europa y actual senador del PP, Pedro Agramunt, ha contestado a la Comisión independiente que investiga supuestos casos de corrupción que las conclusiones que señala en su informe, en las que se indica que Agramunt fue partícipe de «actividad de naturaleza corrupta», son un «ataque contra sus derechos civiles» y «traspasa todos los límites del Estado de Derecho». Ha tachado el informe de «inquisitorial» y de estar basado en «manipulaciones».

«Todo lo que se ha dicho en relación a mi persona en estos dos días, ante la ausencia de evidencias, son falsedades que sus autores reconocen estar basadas en sospechas sin ninguna clase de evidencia o fundamento», ha denunciado en un comunicado de su oficina en Estrasburgo.

Agramunt califica de «manipulaciones», «fábulas» y «rumores interesados» los casos de supuesta corrupción y mala praxis que señala la investigación, y critica el espíritu del informe señalando que se basa en «una actitud claramente inquisitorial cuyo método retrotrae a la Edad Media». E invita a los autores del informe a que si existen pruebas «lo procedente» es ponerlas en conocimiento de los tribunales.

Este lunes se conoció el informe que apuntaba a «fuertes sospechas» de que Agramunt participó en «actividades corruptas» durante su mandato al frente de la Asamblea, le acusa de beneficiar a Azerbaiyán en sus decisiones en la institución, país que le habría aupado a la presidencia de la Asamblea con respaldo incluso financiero.

Ante esto, el senador valenciano denuncia que existe una «caza de brujas» por parte de algunos miembros del Secretariado, de algunos Parlamentarios y de algunas organizaciones «con una agenda política muy clara» hacia su persona. Y recalca que tras años de ataques está orgulloso de poder decir que no han conseguido demostrar nada: «no hay nada que puedan probar contra mí», apunta.

Según Agramunt, las conclusiones del informe «suponen el mayor ataque a los derechos civiles de cualquier individuo en un Estado de Derecho», además entiende que «traspasa todos los límites del Estado de Derecho y los mínimos estándares de la Democracia». «Se acusa, se juzga, se condena y se ejecuta, sin iniciarse procedimiento contradictorio alguno», asegura en el comunicado el senador valenciano.