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Comunicado de Pedro Agramunt tras el escándalo

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El expresidente de la Asamblea del Consejo de Europa y actual senador del PP, Pedro Agramunt, ha contestado a la Comisión independiente que investiga supuestos casos de corrupción que las conclusiones que señala en su informe, en las que se indica que Agramunt fue partícipe de «actividad de naturaleza corrupta», son un «ataque contra sus derechos civiles» y «traspasa todos los límites del Estado de Derecho». Ha tachado el informe de «inquisitorial» y de estar basado en «manipulaciones».

«Todo lo que se ha dicho en relación a mi persona en estos dos días, ante la ausencia de evidencias, son falsedades que sus autores reconocen estar basadas en sospechas sin ninguna clase de evidencia o fundamento», ha denunciado en un comunicado de su oficina en Estrasburgo.

Agramunt califica de «manipulaciones», «fábulas» y «rumores interesados» los casos de supuesta corrupción y mala praxis que señala la investigación, y critica el espíritu del informe señalando que se basa en «una actitud claramente inquisitorial cuyo método retrotrae a la Edad Media». E invita a los autores del informe a que si existen pruebas «lo procedente» es ponerlas en conocimiento de los tribunales.

Este lunes se conoció el informe que apuntaba a «fuertes sospechas» de que Agramunt participó en «actividades corruptas» durante su mandato al frente de la Asamblea, le acusa de beneficiar a Azerbaiyán en sus decisiones en la institución, país que le habría aupado a la presidencia de la Asamblea con respaldo incluso financiero.

Ante esto, el senador valenciano denuncia que existe una «caza de brujas» por parte de algunos miembros del Secretariado, de algunos Parlamentarios y de algunas organizaciones «con una agenda política muy clara» hacia su persona. Y recalca que tras años de ataques está orgulloso de poder decir que no han conseguido demostrar nada: «no hay nada que puedan probar contra mí», apunta.

Según Agramunt, las conclusiones del informe «suponen el mayor ataque a los derechos civiles de cualquier individuo en un Estado de Derecho», además entiende que «traspasa todos los límites del Estado de Derecho y los mínimos estándares de la Democracia». «Se acusa, se juzga, se condena y se ejecuta, sin iniciarse procedimiento contradictorio alguno», asegura en el comunicado el senador valenciano.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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