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Comunicado de Pedro Agramunt tras el escándalo

Publicado

hace 8 años

en

El expresidente de la Asamblea del Consejo de Europa y actual senador del PP, Pedro Agramunt, ha contestado a la Comisión independiente que investiga supuestos casos de corrupción que las conclusiones que señala en su informe, en las que se indica que Agramunt fue partícipe de «actividad de naturaleza corrupta», son un «ataque contra sus derechos civiles» y «traspasa todos los límites del Estado de Derecho». Ha tachado el informe de «inquisitorial» y de estar basado en «manipulaciones».

«Todo lo que se ha dicho en relación a mi persona en estos dos días, ante la ausencia de evidencias, son falsedades que sus autores reconocen estar basadas en sospechas sin ninguna clase de evidencia o fundamento», ha denunciado en un comunicado de su oficina en Estrasburgo.

Agramunt califica de «manipulaciones», «fábulas» y «rumores interesados» los casos de supuesta corrupción y mala praxis que señala la investigación, y critica el espíritu del informe señalando que se basa en «una actitud claramente inquisitorial cuyo método retrotrae a la Edad Media». E invita a los autores del informe a que si existen pruebas «lo procedente» es ponerlas en conocimiento de los tribunales.

Este lunes se conoció el informe que apuntaba a «fuertes sospechas» de que Agramunt participó en «actividades corruptas» durante su mandato al frente de la Asamblea, le acusa de beneficiar a Azerbaiyán en sus decisiones en la institución, país que le habría aupado a la presidencia de la Asamblea con respaldo incluso financiero.

Ante esto, el senador valenciano denuncia que existe una «caza de brujas» por parte de algunos miembros del Secretariado, de algunos Parlamentarios y de algunas organizaciones «con una agenda política muy clara» hacia su persona. Y recalca que tras años de ataques está orgulloso de poder decir que no han conseguido demostrar nada: «no hay nada que puedan probar contra mí», apunta.

Según Agramunt, las conclusiones del informe «suponen el mayor ataque a los derechos civiles de cualquier individuo en un Estado de Derecho», además entiende que «traspasa todos los límites del Estado de Derecho y los mínimos estándares de la Democracia». «Se acusa, se juzga, se condena y se ejecuta, sin iniciarse procedimiento contradictorio alguno», asegura en el comunicado el senador valenciano.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

Publicado

hace 57 mins

en

7 abril, 2026

De

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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