Alicante, 14 ene (EFE).- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante ha condenado a la Generalitat por vulnerar el derecho fundamental a la igualdad y a la salud de los médicos de la provincia de Alicante que trabajan en la sanidad privada por relegar su vacunación contra la covid-19.

El fallo se ha dado a conocer tres días después de que otro juzgado de Alicante condenara a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a los médicos, con cantidades que van desde los 5.000 hasta los 49.000 euros, por la falta de elementos de protección a la que fueron sometidos durante la primera ola de la pandemia de la covid-19, en una sentencia que será recurrida por la Generalitat.

La resolución dictada ahora por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación.

El juzgado declara «la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la salud de los médicos que trabajan en la sanidad privada de la provincia de Alicante, habiendo sido responsable de esta vulneración la Generalitat Valenciana, con su inactividad consistente en no vacunarles, en clara discriminación con el personal de la sanidad privada«.

El juzgado mantiene el derecho del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Alicante a ser indemnizado por la Administración autonómica, en conceptos de daños morales, con la cuantía de 10.000 euros.

Fuentes del Colegio de Médicos de Alicante han indicado que la sentencia ha sido dictada ante el recurso que interpuso esta entidad colegiada contra la Conselleria de Sanidad por «no vacunar frente a la covid-19 a todos los médicos de la provincia que ejercen en el sector privado y otros ámbitos de igual forma y en las mismas condiciones que sus compañeros de la sanidad pública», según este colectivo.

La resolución judicial, facilitada este viernes por el citado colegio de médicos, estima íntegramente el recurso contencioso-administrativo presentado por la entidad colegiada y rechaza las causas de inadmisibilidad que formuló la Administración autonómica.

La sentencia considera un «hecho evidente» que, en la Comunitat Valenciana, el personal sanitario que trabaja en la sanidad privada «fue relegado de manera manifiesta a la hora de recibir la vacuna».

El fallo dice que «estamos, por tanto, ante una vulneración flagrante del principio de igualdad (art. 14 CE) con derivaciones a otros principios de mayor calado constitucional, como el derecho a la salud (art. 43 CE) o incluso el propio derecho a la vida (art. 15 CE), además de la propia responsabilidad personal, política e incluso penal en la que puedan haber incurrido quienes hayan dado lugar a esta situación».

La resolución estima que «es muy difícil explicar o averiguar las razones que llevaron a la Administración autonómica de la Comunidad Valenciana a actuar de esta manera».

«El hecho cierto es que los sanitarios que trabajaban en el sector privado fueron pura y simplemente ignorados por la Administración autonómica, como si no existiesen», asegura.

Afirma que «estamos ante una clara discriminación a los sanitarios que trabajan en la sanidad privada, lo cual es absolutamente inexplicable desde el momento en que el propio Gobierno de la Nación había intervenido la sanidad privada y puesto la misma al servicio de la lucha contra la pandemia».

Por otra parte, el juzgado acuerda mantener la medida cautelar en este procedimiento, que «habrá de entenderse vigente hasta el momento en que la presente sentencia sea declarada firma, quedando alzada y extinguida la medida cautelar desde ese mismo momento».

En un comunicado, el Colegio de Médicos de Alicante ha recordado que «una de sus obligaciones es defender a los colegiados, sin realizar ninguna distinción por el lugar donde ejerza», por lo que ha mostrado «su satisfacción ante el fallo por cuanto estima íntegramente que ha existido una vulneración clara y una discriminación en la vacunación de los médicos de ejercicio privado».