El conseller de Educación, José Antonio Rovira (izq), junto al responsable de Tragsa en la Comunitat Valenciana, Juan Miguel Alepuz, este domingo en el Palau de la Generalitat. EFE/Cristina Magdaleno
València, 26 nov (EFE).- El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha manifestado este martes que la inspección de Trabajo y la Policía Judicial están investigando la muerte, el pasado domingo, de un operario tras el derrumbe de un colegio de Massanassa, y ha afirmado que «todo apunta a que fue un accidente de trabajo por desgracia».
Rovira, en declaraciones a los periodistas a su llegada al acto de toma de posesión de los nuevos consellers en el Palau de la Generalitat, ha señalado asimismo que «no tenía sentido» que representantes del Consell acudieran al lugar de los hechos tras el accidente.
«Si hubiéramos podido llegar en ese momento y estuviera la familia, bien, pero estábamos aquí coordinando con Tragsa -la empresa pública a la que pertenecía el trabajador muerto-, tratando de averiguar qué había ocurrido y, sobre todo, analizando el resto de actuaciones que estaba haciendo Tragsa para que saber las posibles peligros que pudiera haber», ha añadido.
Esa tarde, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, convocó de urgencia una reunión en el Palau para analizar lo sucedido. Al lugar de los hechos sí acudió la vicepresidenta primera, Susana Camarero, así como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien fue increpada e insultada por varios vecinos en la zona.
«Tragsa es una empresa pública, tendrá sus planes de prevención y lo que estaban haciendo eran labores en el exterior», según el conseller.
Preguntado por la petición de Compromís de su dimisión del cargo tras el accidente ha respondido: «Es lo de siempre».
VÍDEO| Las polémicas declaraciones del conseller de Educación tras el derrumbe del colegio de Massanassa
València, 24 nov (OFFICIAL PRESS-EFE).- El conseller de Educación del Gobierno valenciano, José Antonio Rovira, ha señalado que el colegio Lluís Vives de Massanassa, donde este domingo ha fallecido un trabajador de Tragsa, no iba necesariamente a ser derruido, aunque se había catalogado como «rojo» por los daños sufridos por la dana.
«En ningún caso estaba calificado como un centro que podía colapsar, y no lo ha hecho; el accidente se ha producido simplemente en un porche, quizá por un daño en un pilar, y ha caído», ha dicho Rovira en una comparecencia junto al responsable de Tragsa en la Comunitat Valenciana, Juan Miguel Alepuz, tras reunirse con el president de la Generalitat, Carlos Mazón.
Un «derrumbe imprevisible»
El conseller ha insistido en que los trabajadores de Tragsa que estaban en el colegio se han visto sorprendidos «por un imprevisible derrumbe» y ha señalado que, como en todos los accidentes laborales, el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) investigará lo sucedido.
Preguntado por los motivos por los que se estaban haciendo trabajos en ese colegio, Rovira ha indicado que se encontraban haciendo limpieza exterior, «que es algo muy demandado por los municipios», con una máquina y cuatro operarios que limpiaban lodo y enseres abandonados.
«Era un tema de salubridad, por eso limpiaban allí, porque estaba lleno de lodo. El martes pasado estuvo el director general de Infraestructuras y la idea es montar ese colegio en aulas prefabricadas», ha afirmado el conseller, quien ha añadido que, tras esa reunión, el alcalde «trasladó la petición de realizar esas labores».
Colegio marcado como rojo «para rehacer»
Al estar marcado como rojo «para rehacer», ha manifestado el responsable de Educación, «todo apuntaba a que valía más la pena hacerlo nuevo que repararlo, porque había destrozos importantes» tras haber superado el agua los 2,10 metros de altura en las inundaciones.
Los informes reflejan «daños estructurales que no suponían un riesgo de fallo de la estructura», pero sí para ser ocupado por los niños, por eso el alumnado de este centro va a ser reubicado en la antigua escuela de Magisterio de València a partir de mañana, ha relatado.
La idea para el Lluís Vives a corto plazo es, mientras se estudia su reconstrucción, reubicar para el curso que viene a los menores en aulas prefabricadas, pues ahora lo principal es acometer obras y reformas en centros en mejor estado que se puedan poner a disposición en un menor periodo de tiempo, ha precisado.
Mazón y el conseller de Educación no aparecen: «No hacíamos nada allí»
Preguntado sobre por qué no ha ido Mazón al colegio tras el accidente, Rovira ha expresado que la prioridad era reunirse con Tragsa y conocer los detalles de lo sucedido, y que al Lluís Vives se ha desplazado la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero.
«No hacíamos nada allí. Es un accidente laboral y se investigará por la inspección laboral», ha referido Rovira, quien ha aseverado que tanto él como el president se encontraban en Alicante porque tienen a su familia allí y ha agregado: «todos tenemos derecho a estar con nuestras familias».
Ha señalado que desde las riadas del 29 de octubre muchos aparcamientos y exteriores de los colegios han sido usados para dejar enseres o ser centros logísticos de acopio de comida y otras cuestiones y que actualmente Tragsa está actuando en 19 localidades.
En concreto, ha detallado, Tragsa ha intervenido en 68 centros, de los que 44 son colegios de infantil y primaria y 24 de secundaria. De ellos, 23 ya están limpios y con certificación de higienización.
También ha expresado que desde la dana han analizado más de 90 centros, de los que la mayor parte ya están abiertos o abren en próximos días. «Aquellos con daños que costarán mucho tiempo, valoraremos si vale la pena echarlos abajo o no, intentando buscar alternativas dentro del municipio y no desplazar a los chavales», ha finalizado.
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Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo
València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios
El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.
Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.
Más inspecciones y vigilancia continua
Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.
El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.
Moratoria y nuevas normas urbanísticas
El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.
Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:
Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
Tope del 15% en plantas bajas por manzana
Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal
También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.
Críticas de la oposición
Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.
En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.
Presión sobre la vivienda en València
El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.
Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.
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