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Correa no saldrá de prisión al denegarle el juez la libertad

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VALENCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) – El empresario Francisco Correa, considerado uno de los cabecillas de la trama Gürtel, seguirá en prisión provisional tras denegarle el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que le condenó a 13 años de prisión por la pieza de Gürtel correspondiente a las adjudicaciones irregulares en la feria Fitur, la libertad.

Así consta en un auto, con fecha 26 de marzo, en el que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV desestima su solicitud. Fiscalía también se manifestó en contra de la libertad, mientras que la acusación popular no formuló alegato alguno.

«No procede, por ahora, modificar la situación personal del mismo», estima el tribunal al considerar que «realmente» no se ha introducido ningún cambio o nuevo alegato por parte del condenado –quien está a la espera de que se resuelva su recurso ante el Tribunal Supremo–.

El pasado mes de diciembre el TSJCV ya le rechazó la libertad que Correa había solicitado alegando intención de colaborar con la justicia, voluntad de liberar fondos en Suiza y razones humanitarias. El tribunal denegó su petición al considerar que subsistían las razones por las que se decretó la prisión provisional.

Ahora, el tribunal se ha pronunciado en la misma línea y ha advertido de que la condena recaída en Fitur sobre Correa «no es más que la primera» de una serie de condenas que pueden recaer contra él en toda la serie de piezas de Gürtel en las que está acusado.

«Especialmente –ha agregado– en un momento en que ante la inminencia del señalamiento de la vista del recurso de casación hace previsible que en breve pueda obtenerse una sentencia que en forma definitiva determine la situación del condenado». Lo que, según el TSJCV, hace «conveniente» asegurar su presencia y sometimiento a la autoridad judicial por el momento.

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El Gobierno plantea subir el SMI un 3,1% en 2026 sin tributación en el IRPF

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Crisis en el PSOE en directo hoy: Última hora
La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EFE/J.J. Guillén/Archivo

El Gobierno ha propuesto este miércoles a los agentes sociales un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 3,1% para 2026, según ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. De aprobarse, el SMI alcanzaría los 1.221 euros al mes en catorce pagas, manteniéndose exento de tributación en el IRPF, una medida que busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos.

Detalles de la subida del SMI en 2026

El incremento planteado por el Gobierno representa un aumento real del salario mínimo interprofesional, en línea con el objetivo de garantizar un salario digno a los trabajadores y reducir la brecha salarial. La medida afectará a millones de empleados en España, especialmente en sectores como hostelería, comercio y servicios, donde la mayoría de los contratos están vinculados al SMI.

Según explicó Joaquín Pérez Rey, esta subida del 3,1% se plantea sin tributación en el IRPF, lo que significa que los trabajadores verán un aumento neto en sus ingresos. Además, el secretario de Estado avanzó que el Ejecutivo empezará a estudiar posibles flexibilizaciones en las normas de desindexación en la contratación pública, lo que podría facilitar a empresas y administraciones ajustes más eficientes en sus contratos laborales.

Impacto en los trabajadores y la economía

La propuesta del Gobierno pretende reforzar la protección de los trabajadores con salarios más bajos, mientras mantiene la sostenibilidad del mercado laboral y de la economía. La exención en el IRPF permitirá que los trabajadores perciban el aumento íntegro, mejorando su poder adquisitivo en un contexto de inflación moderada.

Economistas señalan que este incremento del SMI puede tener efectos positivos en el consumo interno, al aumentar la renta disponible de los hogares, aunque también recuerdan que debe equilibrarse para no afectar la competitividad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

Próximos pasos

La propuesta del Gobierno será debatida con los agentes sociales, incluyendo sindicatos y asociaciones empresariales, antes de su aprobación definitiva. El objetivo es alcanzar un consenso que garantice una subida sostenible y beneficiosa tanto para trabajadores como para empresas.

Una vez acordado, el nuevo SMI entraría en vigor a partir de enero de 2026, asegurando que los trabajadores de toda España se beneficien de la medida desde el inicio del año.

 

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