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Correa no saldrá de prisión al denegarle el juez la libertad

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VALENCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) – El empresario Francisco Correa, considerado uno de los cabecillas de la trama Gürtel, seguirá en prisión provisional tras denegarle el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que le condenó a 13 años de prisión por la pieza de Gürtel correspondiente a las adjudicaciones irregulares en la feria Fitur, la libertad.

Así consta en un auto, con fecha 26 de marzo, en el que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV desestima su solicitud. Fiscalía también se manifestó en contra de la libertad, mientras que la acusación popular no formuló alegato alguno.

«No procede, por ahora, modificar la situación personal del mismo», estima el tribunal al considerar que «realmente» no se ha introducido ningún cambio o nuevo alegato por parte del condenado –quien está a la espera de que se resuelva su recurso ante el Tribunal Supremo–.

El pasado mes de diciembre el TSJCV ya le rechazó la libertad que Correa había solicitado alegando intención de colaborar con la justicia, voluntad de liberar fondos en Suiza y razones humanitarias. El tribunal denegó su petición al considerar que subsistían las razones por las que se decretó la prisión provisional.

Ahora, el tribunal se ha pronunciado en la misma línea y ha advertido de que la condena recaída en Fitur sobre Correa «no es más que la primera» de una serie de condenas que pueden recaer contra él en toda la serie de piezas de Gürtel en las que está acusado.

«Especialmente –ha agregado– en un momento en que ante la inminencia del señalamiento de la vista del recurso de casación hace previsible que en breve pueda obtenerse una sentencia que en forma definitiva determine la situación del condenado». Lo que, según el TSJCV, hace «conveniente» asegurar su presencia y sometimiento a la autoridad judicial por el momento.

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Podemos se abre a negociar el traspaso de competencias migratorias a Cataluña tras acuerdo con el PSOE

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Belarra amnistía

Madrid, 27 Ene. 2026 – La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que su formación política está abierta a negociar el traspaso de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña, después de cerrar un acuerdo con el PSOE para la regularización extraordinaria de migrantes sin papeles mediante decreto.

Belarra ha destacado que la prioridad del partido es garantizar los derechos de las personas migrantes y mejorar la gestión de la inmigración en España. Según sus declaraciones, el acuerdo con el PSOE permitirá avanzar en la regularización de miles de trabajadores y residentes irregulares, mientras que la negociación con Cataluña buscaría una gestión más directa y cercana a las comunidades autónomas.

Acuerdo con el PSOE para regularizar migrantes

El pacto entre Podemos y el PSOE se centra en aprobar un decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que incluirá a trabajadores esenciales, personas en situación vulnerable y solicitantes de asilo que cumplan los requisitos establecidos.

El objetivo, según la secretaria general de Podemos, es ofrecer seguridad jurídica, derechos laborales y acceso a servicios públicos a quienes hasta ahora se encontraban en situación irregular, además de impulsar la integración social y laboral de este colectivo.

Posible traspaso de competencias a Cataluña

Tras este acuerdo, Podemos se ha mostrado dispuesto a explorar la transferencia de competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña, un paso que implicaría una mayor autonomía en la gestión de políticas de migración dentro de la comunidad autónoma.

Belarra ha explicado que esta medida permitirá una administración más eficiente y cercana a la realidad de los migrantes en Cataluña, donde ya existen programas piloto de integración y atención social que podrían fortalecerse con un traspaso de funciones.

Reacciones y próximos pasos

El anuncio de Podemos ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Algunos sectores ven con buenos ojos la descentralización de la gestión migratoria, mientras que otros advierten sobre la complejidad legal y administrativa de transferir competencias del Estado a las comunidades autónomas.

Por su parte, el PSOE reafirma su compromiso con la regularización de migrantes y la protección de sus derechos, asegurando que cualquier negociación futura con Cataluña se realizará dentro del marco legal vigente y con coordinación intergubernamental.

El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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