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Correa no saldrá de prisión al denegarle el juez la libertad

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VALENCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) – El empresario Francisco Correa, considerado uno de los cabecillas de la trama Gürtel, seguirá en prisión provisional tras denegarle el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que le condenó a 13 años de prisión por la pieza de Gürtel correspondiente a las adjudicaciones irregulares en la feria Fitur, la libertad.

Así consta en un auto, con fecha 26 de marzo, en el que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV desestima su solicitud. Fiscalía también se manifestó en contra de la libertad, mientras que la acusación popular no formuló alegato alguno.

«No procede, por ahora, modificar la situación personal del mismo», estima el tribunal al considerar que «realmente» no se ha introducido ningún cambio o nuevo alegato por parte del condenado –quien está a la espera de que se resuelva su recurso ante el Tribunal Supremo–.

El pasado mes de diciembre el TSJCV ya le rechazó la libertad que Correa había solicitado alegando intención de colaborar con la justicia, voluntad de liberar fondos en Suiza y razones humanitarias. El tribunal denegó su petición al considerar que subsistían las razones por las que se decretó la prisión provisional.

Ahora, el tribunal se ha pronunciado en la misma línea y ha advertido de que la condena recaída en Fitur sobre Correa «no es más que la primera» de una serie de condenas que pueden recaer contra él en toda la serie de piezas de Gürtel en las que está acusado.

«Especialmente –ha agregado– en un momento en que ante la inminencia del señalamiento de la vista del recurso de casación hace previsible que en breve pueda obtenerse una sentencia que en forma definitiva determine la situación del condenado». Lo que, según el TSJCV, hace «conveniente» asegurar su presencia y sometimiento a la autoridad judicial por el momento.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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