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Valencia

Cuatro de cada diez madres solteras viven en riesgo de pobreza y exclusión en la Comunitat

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Las familias formadas por madres solas con hijos e hijas a cargo se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza y exclusión social. En la Comunitat Valenciana hay 198.600 hogares monoparentales, de los que más de 170.000 (un 86 por ciento) están encabezados por una mujer, según los datos de la Encuesta Continua de Hogares del INE de 2019. Cuatro de cada diez familias de este tipo está en riesgo de pobreza en la región.

Así lo recoge Save the Children con motivo del Día de la Madre, con los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Portal Estadístico de la Generalitat en 2017, último año del que se disponen cifras, detalla la ONG en un comunicado.

El director de la entidad en la Comunitat, Rodrigo Hernández, ha apuntado que, «a pesar de que a nivel autonómico se han impulsado en la última legislatura diferentes medidas específicas para estas familias, como la equiparación de los hogares monoparentales a las familias numerosas, es necesario que el futuro Consell siga implementando políticas que garanticen el bienestar de las madres y de sus hijos e hijas, tal y como se han comprometido la mayoría de partidos que han obtenido representación parlamentaria».

Bajo este prisma, Save the Children apuesta por una ampliación y mejora de la Renta Valenciana de Inclusión que priorice a las familias monoparentales, así como ayuda personalizada para la búsqueda de empleo adaptada a las circunstancias de estas madres, que se encuentran «completamente solas».

Paralelamente, «la falta de oportunidades laborales y de una red de apoyo, la brecha salarial o la imposibilidad de conciliar su vida personal y profesional condicionan muy significativamente» a este tipo de familias, por lo que la ONG cree que es responsabilidad de las administraciones y de la sociedad acompañar a estas madres para que no estén solas.

A nivel estatal, cuatro de cada diez familias encabezadas por una mujer en España está en riesgo de pobreza y un 25% vive en situación de pobreza severa, según datos de Eurostat. En España hay un total de 1,8 millones de hogares monoparentales, de los que el 82% están formados por madres solas con hijos a cargo.

En este contexto, más de la mitad de estas madres solas no pueden afrontar gastos imprevistos: un 17,6% ha tenido retrasos en los pagos del alquiler o la hipoteca, un 8% no consigue comer carne, pescado o su equivalente vegetariano cada dos días y un 14% no puede tener la casa a temperatura adecuada, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2018.

POBREZA «PERSISTENTE»

La ONG denuncia la pobreza que afecta a las madres solas es «persistente», pues el 29,5% de las familias encabezadas por una mujer llevan atrapadas en el círculo de la pobreza al menos dos de los últimos tres años, según Eurostat.

Esta oficina de estadística también muestra que España es el país que menos pobreza reduce de toda la Unión Europea, ya que el Estado solo reduce un 20% la pobreza en hogares con niños y, en el caso de las familias encabezadas por una mujer, la reducción de la pobreza es incluso inferior (14%).

Save the Children advierte que la exclusión que sufren estas familias incide en la salud física y mental de las madres y de sus hijos, así como en la necesidad de que el Estado reconozca su «especial vulnerabilidad», y lleve a cabo políticas «concretas y eficaces» para reducir la pobreza de forma urgente.

Fuente: Europa Press

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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