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Sucesos

Doce detenidos por estafar 200.000 euros a empresas pasándose por proveedores

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Doce detenidos por estafar 200.000 euros a empresas pasándose por proveedores
Momento de la operación, en una imagen compartida por la Guardia Civil.

Alicante, 27 oct (OFFICIAL PRESS/EFE).- Doce jóvenes de entre 19 y 24 años han sido detenidos en Manresa (Barcelona) al estafar casi 200.000 euros a al menos once empresas de todo el territorio español mediante una estafa «online» por la que se hacían pasar por proveedores de estas compañías, y al estafar también a otros usuarios de webs de compraventa de objetos.

Estafa mediante un ciberataque

La Guardia Civil ha informado de que la investigación empezó tras denunciar una empresa de Crevillente (Alicante) una estafa mediante un ciberataque, así como que, tras desmantelar al grupo, ha confirmado estafas a firmas de Alicante, Madrid, Granada, Asturias, Murcia, Tenerife y Málaga, así como a usuarios de las Islas Baleares, Burgos, Lérida, Valencia, Barcelona, Vizcaya y Gerona.

Las investigaciones, que han terminado por detener a doce individuos de nacionalidad marroquí y española, se iniciaron este enero, cuando una compañía denunció que los estafadores habían interceptado unos correos electrónicos enviados a un proveedor, posteriormente alguien los había modificados para inducir a error y finalmente habían sufrido una estafa de más de 37.000 euros.

Método

El método correspondía al BEC (Business Email Compromise) o compromiso de email corporativo, un tipo de estafa mediante una combinación de tácticas de «phishing», «vishing» e ingeniería social a medianas y pequeñas empresas.

En ellas, los delincuentes realizan envíos desde direcciones de email, que imitan ser de empresas proveedoras, para así poder engañar a sus clientes, realizando estas últimas trasferencias bancarias a las cuentas de los delincuentes.

Tras analizar la Guardia Civil de Alicante más de 50 cuentas bancarias de esta firma así como cientos de movimientos bancarios con grandes cantidades de dinero de por medio, se identificó la existencia de un grupo de ciberdelincuentes muy activo en todo el territorio nacional.

Los investigadores identificaron a diez nuevas víctimas de este grupo criminal, ascendiendo el montante económico de lo defraudado a 188.000 euros, al tiempo que constataron que para blanquear el dinero los delincuentes desviaban las transferencias a otras cuentas bancarias de España o Lituania, o bien adquirían criptomonedas.

Además, los investigadores pudieron acreditar que la banda, mediante una identidad falsa y creando varios perfiles en webs dedicadas a la compraventa de objetos entre particulares, había estafado 2.800 euros a otros siete compradores.

Nueva modalidad de estafa

En esta nueva modalidad de estafa, los ciberdelincuentes contactaban con posibles compradores y posteriormente les invitaban a continuar la compraventa por privado, saliendo ambos de la página web o de la aplicación.

Una vez fuera, los delincuentes les indicaban que pagasen el producto por medio de una plataforma de pagos con teléfono móvil y, una vez realizados los pagos, los compradores no volvían a saber nada más de los delincuentes ni de los productos comprados.

Entre los días 28 y 30 de septiembre se desarrolló la fase de explotación de la operación en Manresa (Barcelona), donde se realizaron dos registros domiciliarios, interviniendo ordenadores, teléfonos móviles, documentación bancaria y otros documentos para su posterior análisis.

Además, se detuvo a los 12 miembros de la organización criminal, todo ellos hombres de entre 19 y 24 años y de nacionalidades marroquí y española.

A los detenidos, como presuntos autores en diferentes grados de participación, se les han imputado los delitos de estafa, blanqueo de capitales, contra el secreto de las comunicaciones, suplantación de la identidad y pertenencia a organización criminal.

Los tres líderes de la organización criminal pasaron a disposición del Juzgado de Guardia e Instrucción de Manresa, quedando en libertad con medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente en los juzgados.

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Emergencias reforzará la normativa de castillos hinchables para evitar accidentes como el de Mislata

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Hablan los padres de una menor fallecida en el castillo hinchable de Mislata

La Generalitat estudia crear la figura de un operador cualificado para supervisar el uso de hinchables

La Conselleria de Emergencias e Interior reforzará la normativa que regula los castillos y atracciones hinchables en la Comunitat Valenciana con el objetivo de mejorar la seguridad y prevenir accidentes como el ocurrido en Mislata en enero de 2022, donde fallecieron dos niñas de 4 y 8 años.

Así lo ha anunciado el conseller Juan Carlos Valderrama tras una reunión con representantes de la Asociación Española de Juegos Hinchables (AEJH), en la que se ha acordado crear un grupo de trabajo para actualizar la normativa vigente sobre instalaciones eventuales, portátiles y desmontables.


Un nuevo marco normativo para eventos públicos y privados

El departamento de Emergencias pretende impulsar una regulación más clara y homogénea que abarque todo tipo de instalaciones hinchables, tanto en espacios públicos como privados, incluyendo ferias, comuniones y celebraciones particulares.

Valderrama ha recordado que, en el caso del accidente de Mislata, la autorización era de competencia municipal, pero ha subrayado la necesidad de establecer criterios de seguridad comunes que garanticen la protección de los usuarios, especialmente de los menores, independientemente del ámbito donde se instalen estas atracciones.

El grupo de trabajo contará con la participación de la AEJH, colegios oficiales de ingenieros, responsables municipales y otros agentes implicados, con el objetivo de consensuar un nuevo desarrollo normativo centrado en la prevención de riesgos.


La figura del operador cualificado, clave del nuevo modelo

Una de las principales medidas que estudia la Conselleria es la creación de la figura de un operador cualificado para el control directo del hinchable durante su uso, una propuesta impulsada por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (Cogiti).

Este operador sería responsable del control, mantenimiento y correcto funcionamiento de la atracción, así como de suspender la actividad ante condiciones meteorológicas adversas como viento o lluvia, o cualquier situación de riesgo sobrevenida.

La medida busca reforzar la vigilancia en tiempo real de estas instalaciones y añadir un plus de seguridad, especialmente en eventos con gran afluencia de niños.


Formación homologada de 20 horas

Para obtener la acreditación como operador cualificado, la Conselleria plantea un curso formativo de 20 horas, homologado por la Generalitat, dirigido a instaladores, titulares de atracciones hinchables, ayuntamientos, entidades organizadoras, empresas de ocio, asociaciones y particulares.

El programa incluirá contenidos teóricos y prácticos sobre:

  • Primeros auxilios

  • Normativa UNE-EN 14960 de seguridad en juegos hinchables

  • Requisitos de diseño, montaje, inspección y mantenimiento

  • Gestión de riesgos y protocolos de actuación ante emergencias


Un objetivo claro: más seguridad para los menores

Desde la Asociación Española de Juegos Hinchables han trasladado a la Generalitat la falta de una regulación estatal específica, lo que refuerza la voluntad del Consell de avanzar en una normativa autonómica que mejore la seguridad en todas las fases de uso de los hinchables.

“Queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano para reforzar la seguridad y evitar tragedias como la de Mislata”, ha insistido Valderrama, destacando que el nuevo marco normativo se desarrollará desde el consenso y con la participación de todos los sectores implicados.


Prevención para evitar nuevas tragedias

La futura regulación de los castillos hinchables en la Comunitat Valenciana pretende convertirse en un referente en materia de prevención, estableciendo controles más estrictos y formación específica para quienes gestionan estas atracciones lúdicas, muy populares en celebraciones infantiles.

El objetivo final es claro: garantizar la seguridad de los niños y niñas y evitar que se repitan accidentes que han marcado profundamente a la sociedad valenciana.

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