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Darias insiste en el fin del estado de alarma: «No puede ser permanente»

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EFE

Madrid, 21 abr (EFE).- La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido este miércoles en que el Gobierno prevé poner fin el 9 de mayo al estado de alarma por la evolución de la pandemia del coronavirus, por el avance en la vacunación y porque esa situación excepcional «no puede ser permanente».

Darias ha ratificado esa intención en su respuesta en la sesión de control del pleno del Congreso a una pregunta de la diputada del PNV Josune Gorospe sobre la posibilidad de que el Ejecutivo pretenda prorrogar finalmente el estado de alarma.

Gorospe ha criticado al Gobierno por su posición «errática» en este asunto ya que cree que ha habido declaraciones en distinto sentido por parte de algunos de sus miembros, y ha dicho que parece que están escribiendo «la crónica de un Gobierno a la fuga de la pandemia».

Darias ha reiterado que el Ejecutivo trabaja en la intención que ha explicitado su presidente, Pedro Sánchez, para no prorrogar el estado de alarma.

Ha resaltado que las decisiones sobre la pandemia están sujetas en todo momento a la evolución de las circunstancias, pero ha hecho hincapié en que el estado de alarma no puede ser permanente.

Por ello ha explicado que el Gobierno está trabajando duramente junto a las comunidades para que las circunstancias mejoren y el estado de alarma sea innecesario a partir del 9 de mayo.

Darias ha insistido en que hay instrumentos que permiten a las comunidades hacer frente a la situación sin estado de alarma y ha recalcado que España va a estar a partir del 9 de mayo en otro escenario distinto porque parece que la incidencia de los contagios se está estabilizando y porque la vacunación va a seguir dando «un salto espectacular».

La diputada de PNV ha criticado la decisión unilateral de Sánchez de no prorrogar la alarma porque no ha sido consecuencia del diálogo con las comunidades ni con los grupos parlamentarios.

Para Gorospe es lamentable que se añada más desconcierto a una sociedad que está confundida y que cree que lo que necesita son señales de orden.

En consecuencia, ha pedido al Gobierno que, aunque sea en el último momento, recapacite y mantenga, aunque sea durante un breve periodo de tiempo más, el estado de alarma.

«Vacunar, vacunar y vacunar sí, pero prevenir, prevenir y prevenir también», ha añadido antes de considerar que, para ello, hay que controlar la movilidad con seguridad jurídica.

La ministra también ha respondido a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, sobre la preocupación que ha mostrado en su pregunta acerca de la vacunación de los trabajadores de supermercado y las cuidadoras, «trabajadores esenciales que ahora son invisibles», ha dicho la diputada.

Aizpurua ha urgido a Darias a vacunar a estos empleados al quejarse de que no se está «protegiendo por igual a todos los trabajadores esenciales» al margen de los criterios técnicos, sanitarios y también éticos que se hayan decidido.

La titular de Sanidad ha recordado que el protocolo se acordó «entre todos y por todos» y ha explicado que si bien los trabajadores esenciales son muchos, el sector de la población más vulnerable al covid es el de mayor edad, el de las residencias y también los profesionales sanitarios en primera línea.

«Todos tienen derecho y legitimidad» a vacunarse, ha subrayado la ministra, pero lo más justo ha dicho que ha sido empezar por los más vulnerables, insistiendo además que en el próximo trimestre llegarán 42 millones de dosis, y «en un tiempo récord» se irá vacunando cada vez a más colectivos y entrarán todos los grupos de edad.

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Víctor Ábalos niega custodiar dinero de su padre y aclara el polémico “café” en el juicio de la trama de mascarillas

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Caso Koldo-Ábalos
El exministro Jose Luis Ábalos durante la audiencia preliminar del juicio en el Tribunal Supremo, en Madrid

MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS) – Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Negativa a custodiar fondos y préstamos familiares

Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.

Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.

Desmiente transacciones con Koldo García

Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.

Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.

Situación económica familiar y apoyo mediático

Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.

Contexto del juicio

El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.

El caso mascarillas llega a juicio en el Supremo

El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.

Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.

Penas solicitadas: hasta 24 años de prisión

La Fiscalía solicita:

  • 24 años de cárcel para José Luis Ábalos
  • 19 años y medio para Koldo García
  • 7 años para Víctor de Aldama

Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.

Qué se investiga en el caso

Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.

A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.

Testigos clave y primeras declaraciones

La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.

También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.

Un juicio de gran impacto mediático

Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.

Un proceso clave en la lucha contra la corrupción

El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.

 

 

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