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Denuncian que el gerente de EMT València contrata ‘a dedo’ por 25.000 euros a un nuevo abogado

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València, 11 dic.- La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha denunciado que el gerente de la EMT ha contratado «a dedo» por 25.000 euros, sin concurso público y sin contar con la aprobación del consejo de administración, los servicios de un bufete de abogados que lleva causas vinculadas con el procés.

Así lo ha indicado al ser preguntada por la decisión del consejo de administración de la EMT de retrasar acudir al Tribunal de Cuentas y al Banco de España en el caso del fraude de más de 4 millones sufrido por la empresa pública, una actitud que ha considerado «totalmente irresponsable».

«Es impropio de un gobierno serio y responsable al que han estafado, no emplear todos los mecanismos oportunos para tratar de recuperar y depurar responsabilidades de lo que ha sido la primera estafa del CEO que se ha producido en una empresa pública de toda España», ha añadido.

Catalá ha respondido así a preguntas de los periodistas tras la reunión que ha mantenido junto a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y la vicesecretaria general de Política Social del PP, Cuca Gamarra, con representantes del sector educativo de las escuelas concertadas e infantiles.

Respecto al contrato del nuevo despacho ha indicado que «se ha hecho saltándose las Instrucciones de Contratación de la EMT que remiten a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que establece que los contratos de servicios superiores a los 15.000 euros no podrán adjudicarse sin un concurso público abierto».

Esta contratación de abogados a dedo por valor de 25.000 euros se suma a la realizada por más de 28.000 euros en los despachos de letrados chinos para tratar de recuperar el dinero sustraído, por lo que hasta el momento, la EMT lleva gastados más de 50.000 euros.

Ha considerado que esa cifra podría triplicase si la empresa decide perseguir el dinero robado que se ha dividido hasta por una treintena de empresas o corporaciones asiáticas.

Catalá ha criticado que ambos despachos, tanto el del exsecretario del consejo, Martínez Tarín, que ha recordado, es socio del cuñado del alcalde, Joan Ribó, como el del bufete catalán contratado ahora, han emitido informes en contra de que la EMT se persone en el Tribunal de Cuentas y el Banco de España.

La portavoz popular ha informado que este miércoles han conocido la oferta de servicios que hizo el nuevo abogado contratado y ha advertido que los 25.000 euros «es un primer pago que se hace efectivo y que se continuará desarrollando este contrato mercantil».

«No solo unos estafadores han estafado al Ayuntamiento de Valencia, da la sensación de que los dirigentes políticos nos están estafando a los demás con su mala práctica, su mala praxis y su mala gestión de los recursos públicos», ha apuntado.

Catalá ha pedido que el PSPV, socio de Compromís en el gobierno municipal, «fuerce de forma inmediata y sin demoras que la institución Administración de València se persona y denuncie en el Tribunal de Cuentas la estafa de la EMT y sobre todo en el Banco de España».

Además, ha reclamado que se persiga este caso para «recuperar el dinero de los valencianos» y que «se asuman responsabilidades políticas por el mal uso del dinero público, por la mala gestión de la crisis de la estafa y por todo lo que estamos conociendo».

Por su parte, los abogados de EMT Valencia han explicado este martes en su comparecencia ante el Consejo de Administración de la sociedad han descartado que haya responsabilidad penal y contable por parte de los directivos y de los administradores de la sociedad en el fraude de 4 millones al no haber una conducta dolosa.

Los abogados también consideran que es prematuro enviar una comunicación al Banco de España sobre el fraude contra la EMT hasta que no se practiquen las diligencias previstas por el juzgado de instrucción número 18 de Valencia, han informado fuentes de la EMT.

EFE

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Maduro y su esposa comparecen este lunes ante un tribunal federal de Nueva York tras su captura

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Trump Venezuela
Nicolás Maduro capturado-DONALD TRUMP X

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en lo que será su primera audiencia judicial en Estados Unidos tras su captura y posterior traslado al país, según han confirmado fuentes judiciales.

De acuerdo con un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán presentados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein a las 12:00 horas locales (17:00 GMT), en una vista que se celebrará en Manhattan.

Reclusión en una prisión federal de alta seguridad

Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), una prisión federal de alta seguridad que alberga a acusados por delitos de especial gravedad y causas penales de alta complejidad.

La comparecencia judicial se produce después de que el Gobierno estadounidense anunciara oficialmente la captura del mandatario venezolano en Caracas, en el marco de una operación que, según Washington, incluyó ataques aéreos contra objetivos en Venezuela y un posterior traslado del matrimonio a territorio estadounidense.

Los cargos federales que afronta Maduro en Estados Unidos

Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Maduro se enfrenta a cuatro cargos federales de extrema gravedad. Entre ellos figuran conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína en Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armas en apoyo de actividades criminales.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el presidente venezolano habría liderado durante años una red criminal que utilizó el tráfico internacional de drogas como un arma contra Estados Unidos, en colaboración con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

El papel atribuido a Cilia Flores en la investigación

Por su parte, Cilia Flores se enfrenta a cargos relacionados con presuntas labores de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según recogen documentos judiciales citados por medios estadounidenses. Su comparecencia ante el juez forma parte del mismo procedimiento penal abierto en Nueva York.

En audiencias iniciales de este tipo, es habitual que el juez proceda a la lectura formal de los cargos, la confirmación de la identidad de los acusados y la adopción de decisiones preliminares sobre su situación procesal, incluida la detención preventiva y la designación de abogados defensores.

Medios como The New York Times y la cadena CBS señalan que es probable que ambos permanezcan en prisión preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

Una operación “conforme a la ley”, según Washington

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, difundió este domingo un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), en el que se detallan las claves de la operación que permitió la captura de Maduro y su esposa.

Según el comunicado, la misión requirió meses de planificación y tuvo como objetivo “garantizar el traslado seguro de los acusados a Estados Unidos para que enfrenten los cargos federales que se les imputan”. Las autoridades subrayan que todas las actuaciones se realizaron “en estricta conformidad con la ley estadounidense”.

La fiscal general añadió que se exploraron “todas las opciones legales” para resolver la situación de forma pacífica y atribuyó el desenlace final a la “persistencia en la conducta delictiva” de los acusados.

Traslado a Nueva York y próximos pasos judiciales

Maduro llegó a Nueva York en la noche del sábado a bordo de un avión militar. Tras su aterrizaje, fue trasladado primero a un edificio federal vinculado a la DEA y posteriormente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece a la espera de su comparecencia judicial.

La audiencia de este lunes marcará el inicio formal del proceso judicial en Estados Unidos contra el presidente venezolano y su esposa, en un caso de enorme repercusión política, diplomática y judicial tanto en América Latina como a nivel internacional.

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