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Denuncian que el gerente de EMT València contrata ‘a dedo’ por 25.000 euros a un nuevo abogado

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València, 11 dic.- La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha denunciado que el gerente de la EMT ha contratado «a dedo» por 25.000 euros, sin concurso público y sin contar con la aprobación del consejo de administración, los servicios de un bufete de abogados que lleva causas vinculadas con el procés.

Así lo ha indicado al ser preguntada por la decisión del consejo de administración de la EMT de retrasar acudir al Tribunal de Cuentas y al Banco de España en el caso del fraude de más de 4 millones sufrido por la empresa pública, una actitud que ha considerado «totalmente irresponsable».

«Es impropio de un gobierno serio y responsable al que han estafado, no emplear todos los mecanismos oportunos para tratar de recuperar y depurar responsabilidades de lo que ha sido la primera estafa del CEO que se ha producido en una empresa pública de toda España», ha añadido.

Catalá ha respondido así a preguntas de los periodistas tras la reunión que ha mantenido junto a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y la vicesecretaria general de Política Social del PP, Cuca Gamarra, con representantes del sector educativo de las escuelas concertadas e infantiles.

Respecto al contrato del nuevo despacho ha indicado que «se ha hecho saltándose las Instrucciones de Contratación de la EMT que remiten a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que establece que los contratos de servicios superiores a los 15.000 euros no podrán adjudicarse sin un concurso público abierto».

Esta contratación de abogados a dedo por valor de 25.000 euros se suma a la realizada por más de 28.000 euros en los despachos de letrados chinos para tratar de recuperar el dinero sustraído, por lo que hasta el momento, la EMT lleva gastados más de 50.000 euros.

Ha considerado que esa cifra podría triplicase si la empresa decide perseguir el dinero robado que se ha dividido hasta por una treintena de empresas o corporaciones asiáticas.

Catalá ha criticado que ambos despachos, tanto el del exsecretario del consejo, Martínez Tarín, que ha recordado, es socio del cuñado del alcalde, Joan Ribó, como el del bufete catalán contratado ahora, han emitido informes en contra de que la EMT se persone en el Tribunal de Cuentas y el Banco de España.

La portavoz popular ha informado que este miércoles han conocido la oferta de servicios que hizo el nuevo abogado contratado y ha advertido que los 25.000 euros «es un primer pago que se hace efectivo y que se continuará desarrollando este contrato mercantil».

«No solo unos estafadores han estafado al Ayuntamiento de Valencia, da la sensación de que los dirigentes políticos nos están estafando a los demás con su mala práctica, su mala praxis y su mala gestión de los recursos públicos», ha apuntado.

Catalá ha pedido que el PSPV, socio de Compromís en el gobierno municipal, «fuerce de forma inmediata y sin demoras que la institución Administración de València se persona y denuncie en el Tribunal de Cuentas la estafa de la EMT y sobre todo en el Banco de España».

Además, ha reclamado que se persiga este caso para «recuperar el dinero de los valencianos» y que «se asuman responsabilidades políticas por el mal uso del dinero público, por la mala gestión de la crisis de la estafa y por todo lo que estamos conociendo».

Por su parte, los abogados de EMT Valencia han explicado este martes en su comparecencia ante el Consejo de Administración de la sociedad han descartado que haya responsabilidad penal y contable por parte de los directivos y de los administradores de la sociedad en el fraude de 4 millones al no haber una conducta dolosa.

Los abogados también consideran que es prematuro enviar una comunicación al Banco de España sobre el fraude contra la EMT hasta que no se practiquen las diligencias previstas por el juzgado de instrucción número 18 de Valencia, han informado fuentes de la EMT.

EFE

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Si utilizas Bizum, ojo a lo que llega en 2026: los cambios que va a implantar Hacienda 

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Estafa Bizum inverso
Usuarios con la aplicación de Bizum. / ARCHIVO

Hacienda refuerza el control sobre Bizum a partir de 2026

El inicio de 2026 traerá importantes novedades fiscales que afectarán de lleno a los sistemas de pago digitales. Entre ellos, Bizum será uno de los principales protagonistas. A partir del 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria intensificará el control sobre esta plataforma y otros medios de pago electrónico con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

El cambio se enmarca en el Real Decreto 253/2025, que reconoce el creciente peso de los sistemas de pago digitales —más allá de las tarjetas bancarias tradicionales— y la necesidad de integrarlos de forma plena en los mecanismos de control tributario.

Por qué Hacienda pone el foco en Bizum y otros pagos móviles

Según ha explicado la Agencia Tributaria, el auge de los pagos a través del teléfono móvil, tarjetas virtuales y plataformas digitales ha generado nuevas formas de cobro difíciles de rastrear con la normativa anterior. Por ello, la reforma incorpora expresamente a las entidades de pago y de dinero electrónico como sujetos obligados a facilitar información fiscal, al mismo nivel que las entidades financieras tradicionales.

En este contexto, se redefine el modelo 170 para que incluya cualquier sistema de pago que opere mediante tarjetas físicas o virtuales, dinero electrónico o números de teléfono móvil, como es el caso de Bizum.

Qué cambia exactamente a partir de enero de 2026

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del umbral mínimo de 3.000 euros. Hasta ahora, las entidades solo estaban obligadas a informar a Hacienda de operaciones que superaran esa cantidad. Con la nueva normativa, cualquier importe será comunicado.

Además, la periodicidad de la información cambia de forma sustancial:

  • Se elimina el límite de 3.000 euros para informar de operaciones.

  • La información sobre cobros y pagos pasa de ser anual a mensual.

  • Se refuerza el control sobre empresas y autónomos que utilicen Bizum u otros sistemas similares.

En la práctica, esto significa que cualquier cobro que una empresa o un autónomo realice a través de Bizum —aunque sea por un importe reducido— quedará reflejado en el informe mensual que la plataforma deberá remitir a la Agencia Tributaria.

A quién afectan estos cambios: empresas y autónomos

La reforma afecta directamente a profesionales, autónomos y empresas que utilicen Bizum como medio de cobro. La información que se trasladará a Hacienda incluirá, entre otros datos, la identificación completa del profesional, el número de teléfono o comercio asociado al sistema de cobro, el importe facturado mensualmente y la cuenta bancaria vinculada.

También se diferenciarán los cobros realizados mediante tarjeta y los asociados a pagos móviles, lo que permitirá a la Administración contar con una trazabilidad mucho más detallada de la actividad económica.

¿Qué pasa con los Bizum entre particulares?

Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre los usuarios es si Hacienda controlará los Bizum entre amigos o familiares, como el pago de una cena, un regalo o gastos compartidos. La respuesta es clara: no.

La Agencia Tributaria ha precisado que solo se informará de aquellas operaciones en las que el destinatario tenga un contrato de carácter profesional o empresarial. Por tanto, los Bizum entre particulares quedan excluidos de esta obligación informativa y no se verán afectados por la nueva normativa.

Cambios adicionales en cuentas bancarias y tarjetas

La reforma no se limita únicamente a Bizum. También introduce novedades en la información relativa a cuentas bancarias y tarjetas. En el caso de las cuentas, se mantiene la obligación de comunicar los datos económicos en el último período mensual del ejercicio.

En cuanto a las tarjetas bancarias, se establece la obligación de informar anualmente sobre todas las operaciones realizadas, incluyendo abonos, cargos, recargas, retiradas de efectivo y pagos en establecimientos. Solo quedarán excluidas aquellas tarjetas cuyo volumen anual de operaciones no supere los 25.000 euros, sumando cargos y abonos.

La información remitida a Hacienda incluirá datos como el número de contrato de emisión de la tarjeta, la identificación de los titulares, el tipo de tarjeta, el número total de operaciones, los importes acumulados y la cuenta bancaria asociada.

El objetivo de la reforma fiscal sobre Bizum

Con estas medidas, Hacienda busca disponer de información más precisa y actualizada para prevenir el fraude fiscal y mejorar la eficacia recaudatoria. La Agencia Tributaria ha señalado que ya está enviando comunicaciones informativas a los profesionales para que conozcan con antelación las nuevas obligaciones que entrarán en vigor en 2026.

El uso de Bizum seguirá siendo totalmente legal y válido, pero a partir del próximo año su utilización con fines profesionales estará sometida a un control fiscal mucho más exhaustivo.

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