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Denuncian que los bomberos se encuentran «en situación límite por falta de personal»

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Incendio Villajoyosa

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) – El Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) ha denunciado este martes que los bomberos del Ayuntamiento de València se encuentran en «situación límite» por «falta de personal» en la plantilla, una situación que califica de «insostenible».

El SPPLB ha anunciado que se movilizará «próximamente» para pedir «soluciones inmediatas» a los problemas de «escasez» de personal y exigirá que se prevea cubrir «con dotaciones normales y no mínimas los parques de bomberos de València».

La organización ha indicado en un comunicado que esta no es «ninguna novedad» ya que sufren «una escasez de bomberos desde hace años» puesto que desde 2008 no ha habido efectivos de nuevo ingreso «en la que es la tercera ciudad de España tanto en importancia como en población».

«Hemos sido testigos de cómo, de forma sistemática, se han ido ajustando a la baja los mínimos de bomberos diarios de guardia para hacer encajar los números», ha denunciado el sindicato, que como ejemplo ha señalado que València «ha llegado a contar con 90 diarios y casi 600 efectivos en total, pero en estos momentos apenas alcanzan los 350». «Un día cualquiera, la ciudad de Valencia cuenta con 38 bomberos de servicio con una media de edad que supera los 50 años», recalcan.

Según el SPPLB, en 2018 la Delegación de Seguridad Ciudadana ha reconocido que se ha alcanzado una situación «límite» y «se apresura presionado por sindicatos y oposición, a solicitar bomberos de otros servicios para que vengan en Comisión de Servicio hasta que se celebre la tan anunciada y urgente oposición, que cuando llegue no paliará las necesidades de personal operativo».

EDICTO
De acuerdo con el sindicato, el Ayuntamiento de València ha convocado, a través de un edicto de fecha 13 de abril, una comisión de servicios para que «a la vista de las necesidades perentorias puestas de manifiesto por la Concejalía Delegada del Área de Protección Ciudadana», se pueda «paliar un déficit estructural de personal».

No obstante, el SPPLB califica la medida de «simples paños calientes» y de «muy dudosa eficacia» por cómo se está desarrollando la gestión de la Comisión de Servicios, de la que critica «la falta de previsión». Asimismo, asegura que «intuye» una «total descoordinación entre las concejalías de Personal y Seguridad Ciudadana ya que se puede dar el caso de que no se haya previsto ni los equipos de protección personal necesarios e imprescindibles para que el personal que venga en Comisión de Servicio pueda desarrollar su trabajo».

El sindicato calcula que València necesita 200 bomberos y afirma que no le valen «más excusas ni la inacción del anterior Gobierno Municipal ni las posturas del actual», y advierten de que están en situación «de cuerda floja donde está en juego la seguridad de los trabajadores y ante todo del propio ciudadano».

Entre los grupos que asegura que están en estado «de abandono», cita el de rescate subacuático y acuático, con unos problemas de «escasez evidentes», hasta el punto de «no poder actuar llegado el caso». Como ejemplo, cita el pasado 30 de marzo «cuando se solicitó ayuda a través del 112 por parte de un deportista (kysurfista que no podía salir, el poniente lo arrastraba hacía dentro), y el Inspector del turno tomó la decisión de no salir al servicio al no haber mando de buceadores».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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