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Denuncian que los bomberos se encuentran «en situación límite por falta de personal»

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Incendio Villajoyosa

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) – El Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) ha denunciado este martes que los bomberos del Ayuntamiento de València se encuentran en «situación límite» por «falta de personal» en la plantilla, una situación que califica de «insostenible».

El SPPLB ha anunciado que se movilizará «próximamente» para pedir «soluciones inmediatas» a los problemas de «escasez» de personal y exigirá que se prevea cubrir «con dotaciones normales y no mínimas los parques de bomberos de València».

La organización ha indicado en un comunicado que esta no es «ninguna novedad» ya que sufren «una escasez de bomberos desde hace años» puesto que desde 2008 no ha habido efectivos de nuevo ingreso «en la que es la tercera ciudad de España tanto en importancia como en población».

«Hemos sido testigos de cómo, de forma sistemática, se han ido ajustando a la baja los mínimos de bomberos diarios de guardia para hacer encajar los números», ha denunciado el sindicato, que como ejemplo ha señalado que València «ha llegado a contar con 90 diarios y casi 600 efectivos en total, pero en estos momentos apenas alcanzan los 350». «Un día cualquiera, la ciudad de Valencia cuenta con 38 bomberos de servicio con una media de edad que supera los 50 años», recalcan.

Según el SPPLB, en 2018 la Delegación de Seguridad Ciudadana ha reconocido que se ha alcanzado una situación «límite» y «se apresura presionado por sindicatos y oposición, a solicitar bomberos de otros servicios para que vengan en Comisión de Servicio hasta que se celebre la tan anunciada y urgente oposición, que cuando llegue no paliará las necesidades de personal operativo».

EDICTO
De acuerdo con el sindicato, el Ayuntamiento de València ha convocado, a través de un edicto de fecha 13 de abril, una comisión de servicios para que «a la vista de las necesidades perentorias puestas de manifiesto por la Concejalía Delegada del Área de Protección Ciudadana», se pueda «paliar un déficit estructural de personal».

No obstante, el SPPLB califica la medida de «simples paños calientes» y de «muy dudosa eficacia» por cómo se está desarrollando la gestión de la Comisión de Servicios, de la que critica «la falta de previsión». Asimismo, asegura que «intuye» una «total descoordinación entre las concejalías de Personal y Seguridad Ciudadana ya que se puede dar el caso de que no se haya previsto ni los equipos de protección personal necesarios e imprescindibles para que el personal que venga en Comisión de Servicio pueda desarrollar su trabajo».

El sindicato calcula que València necesita 200 bomberos y afirma que no le valen «más excusas ni la inacción del anterior Gobierno Municipal ni las posturas del actual», y advierten de que están en situación «de cuerda floja donde está en juego la seguridad de los trabajadores y ante todo del propio ciudadano».

Entre los grupos que asegura que están en estado «de abandono», cita el de rescate subacuático y acuático, con unos problemas de «escasez evidentes», hasta el punto de «no poder actuar llegado el caso». Como ejemplo, cita el pasado 30 de marzo «cuando se solicitó ayuda a través del 112 por parte de un deportista (kysurfista que no podía salir, el poniente lo arrastraba hacía dentro), y el Inspector del turno tomó la decisión de no salir al servicio al no haber mando de buceadores».

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El Supremo mantiene en prisión a Cerdán al considerar que persiste el riesgo de destrucción de pruebas

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Santos Cerdán
Santos Cerdán

El Tribunal Supremo decide mantener en prisión provisional al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al considerar que persiste un alto riesgo de destrucción o manipulación de pruebas en la investigación de la presunta trama de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones de obra pública, conocida como el Caso Koldo. La última petición de libertad presentada por la defensa ha sido rechazada por el tribunal.


Razones del auto del Supremo

El instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, fundamenta la decisión en que Santos Cerdán desempeña un papel directivo dentro de la trama investigada, lo que podría facilitar la destrucción o alteración de pruebas si quedara en libertad. Además, los indicios recogidos en la instrucción son considerados sólidos y numerosos, incluyendo grabaciones, conversaciones telefónicas y mensajes incautados, que apuntan a su implicación directa.


Delitos imputados y contexto del caso

Santos Cerdán está imputado por delitos relacionados con la integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, dentro de esta trama de adjudicación fraudulenta de obra pública. Desde junio de 2025, permanece en prisión provisional sin fianza, medida que ha sido ratificada en sucesivas ocasiones tras el rechazo de los recursos presentados por su defensa.


Argumentos de la defensa

La defensa de Santos Cerdán sostiene que no existe justificación suficiente para mantener la prisión provisional, argumentando que ya no existe riesgo real de destrucción de pruebas. Además, cuestionan el trato diferenciado respecto a otros investigados en el caso, que permanecen en libertad con medidas cautelares menos estrictas.

 

La indemnización tras dejar su escaño

Cerdán renunció a su acta de diputado el 16 de junio de 2025, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que lo vinculaba con la presunta percepción de comisiones ilegales en el caso Koldo. Ese mismo día solicitó por escrito la indemnización por cese de actividad parlamentaria.

  • El Congreso aprobó el pago el 11 de julio.

  • La indemnización bruta asciende a 3.263 euros mensuales.

  • El exdirigente socialista la percibirá durante seis meses, uno por cada año que ocupó escaño desde 2019.

  • En total, recibirá 15.126 euros de las arcas públicas.

Este ingreso supone menos de la mitad de los más de 5.000 euros mensuales que cobraba como diputado antes de su implicación en la investigación.

Los gastos por kilometraje, bajo la lupa

La documentación enviada al Supremo también refleja el aumento progresivo de los gastos por kilometraje cobrados por Cerdán durante su etapa parlamentaria:

  • 2019 → 0 euros.

  • 2020 → 5.176 euros.

  • 2021 → 7.470 euros.

  • 2022 → 7.138 euros.

  • 2023 → 7.191 euros.

  • 2024 → 8.478,08 euros.

  • 2025 → 0 euros.

El Supremo reclama todos los pagos recibidos por Cerdán

El juez instructor del caso, Leopoldo Puente, ha requerido información no solo al Congreso, sino también al Parlamento de Navarra, al PSOE y al Ayuntamiento de Milagro, donde Cerdán fue concejal, para esclarecer todos los pagos recibidos desde 2014.

La investigación se centra en aclarar las diferencias detectadas entre los ingresos atribuidos por Hacienda y los movimientos en sus cuentas bancarias:

  • Hacienda atribuye a Cerdán 534.656,84 euros recibidos del Congreso entre 2014 y 2024, pero solo se han identificado 35.454 euros en sus cuentas.

  • Ferraz asegura que donó 32.194 euros al PSOE, pero en sus depósitos apenas constan 5.700 euros en aportaciones al partido.

El magistrado considera que parte del dinero pudo haberse ingresado a través de cuentas intermedias, posiblemente del grupo parlamentario socialista.

Declaraciones de la renta y patrimonio del matrimonio Cerdán

Las declaraciones fiscales solicitadas a la Agencia Tributaria revelan que en los últimos diez años Cerdán y su esposa ingresaron 780.542 euros:

  • Cerdán → 667.551,92 euros.

  • Su esposa → 112.990,62 euros.

  • Devoluciones de IRPF → 11.436 euros en siete ejercicios.

  • Pagos a Hacienda → 2.626,58 euros en tres ejercicios fiscales.

La UCO considera esta información clave para completar los informes patrimoniales tanto de Santos Cerdán como del exministro de Transportes José Luis Ábalos.


🧾 Contexto del caso

Santos Cerdán fue enviado a prisión provisional el pasado 30 de junio de 2025 como supuesto cabecilla de una trama de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. La investigación lo vincula directamente con el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García, también implicados.

El juez considera que sigue existiendo riesgo de destrucción de pruebas, motivo por el cual Anticorrupción se opone a su puesta en libertad.

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