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Denuncian que los bomberos se encuentran «en situación límite por falta de personal»

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Incendio Villajoyosa

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) – El Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) ha denunciado este martes que los bomberos del Ayuntamiento de València se encuentran en «situación límite» por «falta de personal» en la plantilla, una situación que califica de «insostenible».

El SPPLB ha anunciado que se movilizará «próximamente» para pedir «soluciones inmediatas» a los problemas de «escasez» de personal y exigirá que se prevea cubrir «con dotaciones normales y no mínimas los parques de bomberos de València».

La organización ha indicado en un comunicado que esta no es «ninguna novedad» ya que sufren «una escasez de bomberos desde hace años» puesto que desde 2008 no ha habido efectivos de nuevo ingreso «en la que es la tercera ciudad de España tanto en importancia como en población».

«Hemos sido testigos de cómo, de forma sistemática, se han ido ajustando a la baja los mínimos de bomberos diarios de guardia para hacer encajar los números», ha denunciado el sindicato, que como ejemplo ha señalado que València «ha llegado a contar con 90 diarios y casi 600 efectivos en total, pero en estos momentos apenas alcanzan los 350». «Un día cualquiera, la ciudad de Valencia cuenta con 38 bomberos de servicio con una media de edad que supera los 50 años», recalcan.

Según el SPPLB, en 2018 la Delegación de Seguridad Ciudadana ha reconocido que se ha alcanzado una situación «límite» y «se apresura presionado por sindicatos y oposición, a solicitar bomberos de otros servicios para que vengan en Comisión de Servicio hasta que se celebre la tan anunciada y urgente oposición, que cuando llegue no paliará las necesidades de personal operativo».

EDICTO
De acuerdo con el sindicato, el Ayuntamiento de València ha convocado, a través de un edicto de fecha 13 de abril, una comisión de servicios para que «a la vista de las necesidades perentorias puestas de manifiesto por la Concejalía Delegada del Área de Protección Ciudadana», se pueda «paliar un déficit estructural de personal».

No obstante, el SPPLB califica la medida de «simples paños calientes» y de «muy dudosa eficacia» por cómo se está desarrollando la gestión de la Comisión de Servicios, de la que critica «la falta de previsión». Asimismo, asegura que «intuye» una «total descoordinación entre las concejalías de Personal y Seguridad Ciudadana ya que se puede dar el caso de que no se haya previsto ni los equipos de protección personal necesarios e imprescindibles para que el personal que venga en Comisión de Servicio pueda desarrollar su trabajo».

El sindicato calcula que València necesita 200 bomberos y afirma que no le valen «más excusas ni la inacción del anterior Gobierno Municipal ni las posturas del actual», y advierten de que están en situación «de cuerda floja donde está en juego la seguridad de los trabajadores y ante todo del propio ciudadano».

Entre los grupos que asegura que están en estado «de abandono», cita el de rescate subacuático y acuático, con unos problemas de «escasez evidentes», hasta el punto de «no poder actuar llegado el caso». Como ejemplo, cita el pasado 30 de marzo «cuando se solicitó ayuda a través del 112 por parte de un deportista (kysurfista que no podía salir, el poniente lo arrastraba hacía dentro), y el Inspector del turno tomó la decisión de no salir al servicio al no haber mando de buceadores».

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Víctor de Aldama declara en la Audiencia Nacional: “Ángel Víctor Torres debería estar preocupado”

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Víctor de Aldama
Víctor de Aldama-COPE

El comisionista Víctor de Aldama ha comparecido este jueves ante la Audiencia Nacional en el marco del ‘caso Koldo’, y ha lanzado duras advertencias contra el Gobierno. A su salida, Aldama aseguró que el actual ministro Ángel Víctor Torres debería estar preocupado, insistiendo en que se reunió con él en julio de 2020 en relación con los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Declaración ante el juez del ‘caso Koldo’

Víctor de Aldama acudió a la Audiencia Nacional alrededor de las 09:50 horas, citado por el magistrado instructor Ismael Moreno, quien continúa la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos sanitarios durante la crisis del COVID-19.

Durante su declaración, el empresario reafirmó que mantuvo contactos con altos cargos del Gobierno, incluyendo al mencionado Ángel Víctor Torres, poniendo el foco en posibles irregularidades y comisiones asociadas a la compra de material sanitario.

“Hay personas en el Gobierno que deberían estar preocupadas por lo que sabemos y por lo que se ha documentado”, declaró Aldama a su salida, en referencia directa a Torres.

El contexto del ‘caso Koldo’

El ‘caso Koldo’ investiga la presunta trama de adjudicación irregular de contratos de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, que habría beneficiado a determinadas empresas vinculadas a intermediarios y comisionistas. Víctor de Aldama es uno de los principales imputados y ha sido citado en varias ocasiones por la Audiencia Nacional para declarar sobre sus reuniones y gestiones con miembros del Ejecutivo.

Las acusaciones incluyen cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, y ya se han solicitado medidas cautelares para algunos implicados, mientras el proceso judicial sigue su curso.

Impacto político y mediático

Las declaraciones de Aldama han vuelto a generar tensión política, especialmente por mencionar a Torres, quien actualmente ocupa un cargo ministerial. La advertencia del empresario ha sido interpretada por analistas como un intento de poner presión mediática y política sobre miembros del Gobierno en plena campaña de escrutinio de la gestión sanitaria durante la pandemia.

Próximos pasos judiciales

El magistrado Ismael Moreno continuará con las diligencias del caso, evaluando la información aportada por Aldama y otros testigos y documentaciones presentadas. Se espera que en las próximas semanas se puedan tomar decisiones sobre posibles imputaciones adicionales o medidas cautelares contra los implicados.

A medida que avance la investigación, se prevé que los tribunales examinen con detalle los contratos de mascarillas adjudicados durante 2020, así como las comisiones y reuniones de intermediarios con cargos públicos, incluyendo a Ángel Víctor Torres y otros miembros del Ejecutivo, según las declaraciones de Aldama.

 

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