València, 5 oct (EFE).- La Policía ha ejecutado una orden de desahucio a una familia con dos niños de 2 y 4 años sin ingresos económicos que vivía desde hace dos años en una vivienda propiedad de BBVA, ubicada en la Malva-rosa de València.
Sin alternativa donde vivir, la mujer desahuciada se quedará durante unos días en casa de sus padres con los niños, y el padre acudirá a casa de «algún amigo», según ha explicado a EFE el afectado, Epifanio, que está de baja médica por una lesión sufrida en un accidente de tráfico.
Epifanio va a pedir ayuda al asistente social, como le ha indicado la Policía, que ha ejecutado el desahucio sobre las 8 de la mañana, una hora antes de lo previsto, según informan fuentes de Sindicat de Barri Cabanyal.
Miembros de este colectivo han acudido a las ocho de la mañana a la zona de la vivienda con la intención de parar el desahucio y cuando han llegado, se han encontrado con que el desalojo ya se había ejecutado y la Policía había cortado el paso a la calle donde se ubica la vivienda.
Según un miembro de Sindicat de Barri Cabanyal, la Policía ha desplegado siete furgones en la zona y cuando personas del colectivo han decidido acercarse a la vivienda, los agentes han comenzado a identificarlos.
La familia desahuciada reside en una vivienda propiedad de BBVA, en la calle San Juan de Dios, que sufrió un incendio hace dos años y que adecentó para vivir en ella poco después. La Generalitat es conocedora de la situación de vulnerabilidad de la familia e instó al juzgado a paralizar el desahucio, pero el juez no ha aceptado la petición, según estas fuentes.
Sindicat de Barri Cabanyal lamenta que el juez haya decidido ejecutar el desalojo en lugar de suspenderlo en aplicación del Real Decreto ley 8/2021, de 4 de mayo, que suspende el procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, que se ha prorrogado hasta el 31 de octubre de este año.
La familia ha presentado en varias ocasiones al juzgado el informe que demuestra su situación de vulnerabilidad y desde la Generalitat se han remitido escritos informando de que están buscando una alternativa habitacional digna para la familia.
En los últimos cinco meses, la familia ha recibido tres órdenes de desahucio, las anteriores el 18 de mayo y el 25 de junio, que se paralizaron. Unos días después de esta fecha, la Policía acudió a la vivienda pero no ejecutó el desalojo porque el afectado estaba convaleciente por un accidente de tráfico ocurrido días anteriores.
Para Sindicat Barri del Cabanyal, «estas prácticas evidencian una vez más que al entremado especulativo no le importa jugar con la vida de las personas».
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