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Detenida una mujer por estafar más de 13.000 euros a jóvenes Erasmus

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ANA CÁNOVAS

La Policía Nacional ha detenido a una mujer, de 41 años y nacionalidad española, por una presunta estafa de más de 13.000 euros a 35 jóvenes estudiantes Erasmus de la ciudad de Murcia, a los que les ofrecía alquileres inmobiliarios mediante las redes sociales, páginas web de anuncios, entre otros.

La presunta estafadora, accedió a los distintos grupos creados del programa europeo de alumnos Erasmus a través de las redes sociales, páginas web y mensajería instantánea, con el único objetivo de darse a conocer y ofertar servicios inmobiliarios a los jóvenes universitarios que fuesen a venir a la ciudad de Murcia a cursar estudios universitarios.
No obstante, su gran conocimiento en dicho sector inmobiliario, le otorgaron los suficientes conocimientos como para ganarse la confianza de los arrendatarios y arrendadores.

Dichos estudiantes cuando llegaban a Murcia se encontraban con que el inmueble que supuestamente alquilaron no existe, o por el contrario, que lo que le ofreció la presunta estafadora no tenía nada que ver con lo que se había contratado, por lo que las condiciones habían sido engañosas.

Por otro lado y con relación a los propietarios de los pisos, ajenos a las artimañas de la estafadora, se dieron cuenta de que las condiciones pactadas por la agente inmobiliaria no eran las que se les exigían a los inquilinos, recibiendo un mes de fianza, cuando la supuesta estafadora les había solicitado a los arrendatarios dos o en algunos casos tres mensualidades.

La detención por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida fue posible gracias a las labores de investigación desarrolladas por la Comisaria de Distrito Policía Nacional de San Andrés.
Los mismos procedieron a la identificación de la autora y a constatar que ya contaba con varios antecedentes policiales por hechos similares.
Los estudiantes afectados eran procedentes de Méjico, Francia, Italia, Rumanía, Alemania, Corea del Sur y Polonia, entre otros.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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