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Detenida una mujer por estafar más de 13.000 euros a jóvenes Erasmus

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ANA CÁNOVAS

La Policía Nacional ha detenido a una mujer, de 41 años y nacionalidad española, por una presunta estafa de más de 13.000 euros a 35 jóvenes estudiantes Erasmus de la ciudad de Murcia, a los que les ofrecía alquileres inmobiliarios mediante las redes sociales, páginas web de anuncios, entre otros.

La presunta estafadora, accedió a los distintos grupos creados del programa europeo de alumnos Erasmus a través de las redes sociales, páginas web y mensajería instantánea, con el único objetivo de darse a conocer y ofertar servicios inmobiliarios a los jóvenes universitarios que fuesen a venir a la ciudad de Murcia a cursar estudios universitarios.
No obstante, su gran conocimiento en dicho sector inmobiliario, le otorgaron los suficientes conocimientos como para ganarse la confianza de los arrendatarios y arrendadores.

Dichos estudiantes cuando llegaban a Murcia se encontraban con que el inmueble que supuestamente alquilaron no existe, o por el contrario, que lo que le ofreció la presunta estafadora no tenía nada que ver con lo que se había contratado, por lo que las condiciones habían sido engañosas.

Por otro lado y con relación a los propietarios de los pisos, ajenos a las artimañas de la estafadora, se dieron cuenta de que las condiciones pactadas por la agente inmobiliaria no eran las que se les exigían a los inquilinos, recibiendo un mes de fianza, cuando la supuesta estafadora les había solicitado a los arrendatarios dos o en algunos casos tres mensualidades.

La detención por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida fue posible gracias a las labores de investigación desarrolladas por la Comisaria de Distrito Policía Nacional de San Andrés.
Los mismos procedieron a la identificación de la autora y a constatar que ya contaba con varios antecedentes policiales por hechos similares.
Los estudiantes afectados eran procedentes de Méjico, Francia, Italia, Rumanía, Alemania, Corea del Sur y Polonia, entre otros.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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