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Detenida una mujer por estafar más de 13.000 euros a jóvenes Erasmus

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ANA CÁNOVAS

La Policía Nacional ha detenido a una mujer, de 41 años y nacionalidad española, por una presunta estafa de más de 13.000 euros a 35 jóvenes estudiantes Erasmus de la ciudad de Murcia, a los que les ofrecía alquileres inmobiliarios mediante las redes sociales, páginas web de anuncios, entre otros.

La presunta estafadora, accedió a los distintos grupos creados del programa europeo de alumnos Erasmus a través de las redes sociales, páginas web y mensajería instantánea, con el único objetivo de darse a conocer y ofertar servicios inmobiliarios a los jóvenes universitarios que fuesen a venir a la ciudad de Murcia a cursar estudios universitarios.
No obstante, su gran conocimiento en dicho sector inmobiliario, le otorgaron los suficientes conocimientos como para ganarse la confianza de los arrendatarios y arrendadores.

Dichos estudiantes cuando llegaban a Murcia se encontraban con que el inmueble que supuestamente alquilaron no existe, o por el contrario, que lo que le ofreció la presunta estafadora no tenía nada que ver con lo que se había contratado, por lo que las condiciones habían sido engañosas.

Por otro lado y con relación a los propietarios de los pisos, ajenos a las artimañas de la estafadora, se dieron cuenta de que las condiciones pactadas por la agente inmobiliaria no eran las que se les exigían a los inquilinos, recibiendo un mes de fianza, cuando la supuesta estafadora les había solicitado a los arrendatarios dos o en algunos casos tres mensualidades.

La detención por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida fue posible gracias a las labores de investigación desarrolladas por la Comisaria de Distrito Policía Nacional de San Andrés.
Los mismos procedieron a la identificación de la autora y a constatar que ya contaba con varios antecedentes policiales por hechos similares.
Los estudiantes afectados eran procedentes de Méjico, Francia, Italia, Rumanía, Alemania, Corea del Sur y Polonia, entre otros.

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Telefónica eleva a 5.459 empleados afectados en el ERE

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Telefónica filtración datos

Telefónica ha actualizado la cifra de empleados afectados por su expediente de regulación de empleo (ERE), que alcanza ya los 5.459 trabajadores en España, a la espera de concluir las reuniones con dos filiales más. La compañía inicia así la segunda ronda de negociaciones tras plantear ajustes en varias de sus sociedades.

Ajustes en Telefónica Global Solutions

La filial Telefónica Global Solutions, creada en 2020 para potenciar el negocio internacional y canalizar operaciones mayoristas, de roaming y multinacionales, será la primera en afrontar un recorte significativo: 140 salidas, lo que representa aproximadamente el 22% de su plantilla, compuesta por más de 600 empleados.

Con esta medida, el total provisional del ERE Telefónica 2025 incluye ya ajustes en Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar+, mientras que las filiales Telefónica Innovación Digital y la matriz Telefónica SA serán evaluadas en las próximas reuniones.

Segunda ronda de negociaciones

La jornada del martes contempla dos nuevas reuniones entre la dirección y los sindicatos, programadas a las 11:00 y 16:00 horas, para analizar los planes de reducción de plantilla en las sociedades restantes. Según la dinámica de negociaciones anteriores, tras presentar la propuesta inicial, se establecerá un calendario de consultas con un plazo aproximado de un mes para acordar los ajustes finales.

En el caso de las tres sociedades adheridas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) —Telefónica España, Móviles y Soluciones—, la siguiente toma de contacto está prevista para el miércoles, cuando los sindicatos puedan presentar sus contrapropuestas tras estudiar el dossier elaborado por el gabinete Oliver Wyman.

Reacciones sindicales

Los trabajadores están representados por UGT, CCOO y Sumados-Fetico, quienes ya han manifestado sus posturas respecto al ERE. Entre las principales demandas, destacan la prórroga del convenio hasta 2030 para mantener mejoras laborales previas, así como la valoración positiva de las condiciones económicas incluidas en la propuesta inicial.

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