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Detenida una mujer por estafar más de 13.000 euros a jóvenes Erasmus

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ANA CÁNOVAS

La Policía Nacional ha detenido a una mujer, de 41 años y nacionalidad española, por una presunta estafa de más de 13.000 euros a 35 jóvenes estudiantes Erasmus de la ciudad de Murcia, a los que les ofrecía alquileres inmobiliarios mediante las redes sociales, páginas web de anuncios, entre otros.

La presunta estafadora, accedió a los distintos grupos creados del programa europeo de alumnos Erasmus a través de las redes sociales, páginas web y mensajería instantánea, con el único objetivo de darse a conocer y ofertar servicios inmobiliarios a los jóvenes universitarios que fuesen a venir a la ciudad de Murcia a cursar estudios universitarios.
No obstante, su gran conocimiento en dicho sector inmobiliario, le otorgaron los suficientes conocimientos como para ganarse la confianza de los arrendatarios y arrendadores.

Dichos estudiantes cuando llegaban a Murcia se encontraban con que el inmueble que supuestamente alquilaron no existe, o por el contrario, que lo que le ofreció la presunta estafadora no tenía nada que ver con lo que se había contratado, por lo que las condiciones habían sido engañosas.

Por otro lado y con relación a los propietarios de los pisos, ajenos a las artimañas de la estafadora, se dieron cuenta de que las condiciones pactadas por la agente inmobiliaria no eran las que se les exigían a los inquilinos, recibiendo un mes de fianza, cuando la supuesta estafadora les había solicitado a los arrendatarios dos o en algunos casos tres mensualidades.

La detención por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida fue posible gracias a las labores de investigación desarrolladas por la Comisaria de Distrito Policía Nacional de San Andrés.
Los mismos procedieron a la identificación de la autora y a constatar que ya contaba con varios antecedentes policiales por hechos similares.
Los estudiantes afectados eran procedentes de Méjico, Francia, Italia, Rumanía, Alemania, Corea del Sur y Polonia, entre otros.

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Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Supremo ordena prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al elevarse el riesgo de fuga antes del juicio por la presunta trama de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP habían solicitado su ingreso inmediato en prisión.

El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, investigados por las supuestas irregularidades en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Se trata de un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio deberá entrar en prisión provisional antes de ser juzgado.

La decisión llega tras revisar las medidas cautelares que mantenían hasta hoy (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El riesgo de fuga se considera ahora “muy elevado” ante la gravedad de las penas solicitadas.


La Fiscalía Anticorrupción alertó de un riesgo de fuga “disparado”

La medida adoptada responde a la petición expresa del jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular.
Anticorrupción sostiene que, ante la posibilidad de que ambos se enfrenten a hasta 30 años de cárcel, existe un riesgo de fuga “inequívoco”.


La llegada de Ábalos al Supremo: “No tengo dinero ni a dónde ir”

Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, a las 9:12 horas, solo y con una mochila de cuero. En su intervención durante la vistilla, aseguró al magistrado:

“No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir.”

Fuentes jurídicas aseguran que el exministro estaba “visiblemente destrozado”, fumando nervioso en los patios del Palacio de Justicia mientras esperaba la resolución.

Su abogado defendió que su ingreso en prisión, siendo diputado, supondría vulnerar su derecho a representación política y acusó a Anticorrupción de querer “forzar” una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama.


Koldo García: “No me voy a ir a ningún sitio”

Koldo García llegó justo a la hora señalada, acompañado de su abogada, y también negó cualquier intención de fugarse:

“No me voy a ir a ningún sitio. Todos tenemos derecho a aprender poco a poco.”

Esta última frase ha sido interpretada por presentes como un reconocimiento implícito de haber cometido errores.

Su defensa alegó arraigo familiar: una madre mayor y una hija pequeña.


El fiscal, contundente: “Ningún poder del Estado puede eludir la acción penal”

El fiscal Luzón fue especialmente duro respecto a Ábalos:

“Fue su pertenencia al Gobierno lo que permitió cometer estos delitos.
Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. La Justicia es ciega por eso.”


Camino al juicio por la presunta trama de mascarillas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por su presunta participación en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

Penas solicitadas por Fiscalía

  • Ábalos: 24 años de prisión

  • Koldo García: 19 años y medio

  • Víctor de Aldama: 7 años (pena reducida por su confesión)

Los delitos atribuidos incluyen:

  • organización criminal

  • cohecho

  • tráfico de influencias

  • malversación

  • uso de información privilegiada

Penas solicitadas por las acusaciones populares

Las acusaciones que lidera el PP elevan las penas a 30 años al añadir:

  • prevaricación

  • falsedad documental


Un caso que sacude al Gobierno y tensa el clima político

El ingreso inmediato en prisión del exministro socialista supone un terremoto político en vísperas del juicio. La resolución marca un paso decisivo en una de las causas de corrupción más mediáticas derivadas de la pandemia.

 

 

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