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Detenidos por encubrimiento los padres del acusado de la muerte de su pareja en Ulldecona (Vinaròs)

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CASTELLÓ, 9 Abr. (EUROPA PRESS) – La Guardia Civil ha detenido a los padres del joven que presuntamente mató a su pareja en Vinaròs (Castellón) por un presunto delito de encubrimiento, a la espera de que pasen a disposición judicial. Ambos se suman a los tres arrestados inicialmente, entre ellos el autor confeso, y en principio se descartan más detenciones, según ha confirmado el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio.

Los padres han sido detenidos para poder investigar su implicación en los hechos. Se encuentran en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial, lo que probablemente no se producirá este martes, tras lo que la autoridad determinará si siguen en esta situación.

El cuerpo de la joven de 26 años fue localizado en la noche de este pasado domingo, enterrado y con signos de violencia en un descampado de Ulldecona (Tarragona). La desaparición fue denunciada el 7 de marzo en Vinaròs –localidad donde residía– por su compañero sentimental, un hombre de 22 años que fue detenido el viernes y finalmente confesó.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, ordenó este lunes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido por presuntamente matar a su pareja. El arrestado ha quedado investigado en una causa declarada secreta por un delito de homicidio/asesinato.

Por otro lado, el magistrado decretó la libertad provisional de otros dos detenidos por estos hechos, que están investigados inicialmente por el mismo delito que el anterior, sin perjuicio de una posterior calificación jurídica. A estos dos hombres se les impuso como medida cautelar la obligación de comparecer en el juzgado una vez al mes.

 

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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