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Diego Torres ingresa en la prisión de Brians 2 en Barcelona

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Diego Torres, ha ingresado en la tarde de este lunes en la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), para cumplir la condena de cinco años y ocho meses que se le ha impuesto por el desvío de fondos del caso Nóos. Torres ha agotado el plazo de cinco días para ingresar voluntariamente en prisión, una vez que el Tribunal Supremo confirmó su condena en una sentencia que le rebajó en dos años y diez meses la pena inicial. Tras entrar en la cárcel, Torres pasará directamente al módulo de ingresos de Brians 2, y será la junta de tratamiento la que decidirá después su destino definitivo dentro de la prisión, en función de su perfil psicosocial y de sus circunstancias personales y de salud.

Torres ha pedido al Gobierno que le conceda el indulto y le libre así de cumplir los 5 años y 8 meses de cárcel impuestos por el Tribunal Supremo por el caso Nóos. El socio de Iñaki Urdangarin, que debe ingresar en un centro penitenciario a lo largo del día de hoy por orden de la Justicia balear, ha reclamado paralelamente a la Audiencia Provincial de Palma que suspenda temporalmente la ejecución de su condena mientras se tramita el indulto, lo que podría dilatarse meses.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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