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Diputación de Valencia se suma a la huelga feminista del 8 de marzo

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(EUROPA PRESS)-El equipo de gobierno de la Diputación de València se ha sumado a la convocatoria de huelga feminista convocada para el 8 de marzo y ha animado a sus trabajadores a secundar el paro «como una medida más de concienciación y sensibilización sobre la situación de discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y en todos los ámbitos de la sociedad».

Así lo ha indicado la diputada de Igualdad de la corporación provincial, Isabel García, en una intervención antes del inicio de la sesión plenaria de este martes en la que ha leído el texto de una moción presentada por el PSPV, Compromís, EUPV y València en Comú con motivo del Día Internacional de la Mujer.

García, acompañada por el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez; la vicepresidenta, Mª Josep Amigó; y el resto de miembros del ejecutivo provincial, ha lamentado que el texto finalmente no haya podido ser una declaración institucional al no contar con el consenso de los grupos de la oposición.

En concreto, desde Cs, la diputada Mamen Peris ha explicado en un comunicado que su formación no se suma a esta iniciativa porque «es también una reivindicación anticapitalista» que «no busca integrar a todas las mujeres». «El apoyo a la igualdad en todos los ámbitos y la lucha contra la violencia de género han de estar por encima de las ideologías», ha subrayado.

Por su parte, desde el PP han justificado su postura al señalar que «no ha habido voluntad de consenso». «Han pasado una moción que no han querido negociar, no podemos apoyar una huelga que apuesta por el enfrentamiento entre mujeres y hombres», ha indicado la formación en un comunicado.

A su juicio, se debe buscar «una igualdad real» mediante la creación de empleo, fomentando el crecimiento en el ámbito laboral, eliminando la brecha salarial y erradicando la violencia de género. «Propusimos apoyar la misma moción que en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y se han negado y allí sí se ha llegado a acuerdos», ha remarcado para incidir en que si de verdad apuestan por erradicar actitudes machistas «deberían empezar por pedir el cese del secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu», ha subrayado el PP.

TEXTO
En concreto, el texto señala que desde la corporación provincial se facilitarán espacios para las actividades programadas para la huelga de mujeres convocada a nivel mundial, al tiempo que reclama a las delegaciones de Hacienda y Personal que las cantidades detraídas de las retribuciones del personal que se sume al paro se destinen a programas de políticas de igualdad.

De igual modo, solicita a los grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados la aprobación de una Ley de Igualdad Laboral.

«La Diputación de Valencia manifiesta un año más su implicación con las mujeres y la defensa de sus derechos, con las políticas de igualdad como instrumento para avanzar hacia una sociedad más justa y equilibrada en la toma de decisiones entre hombres y mujeres», ha remarcado García.

ANIMA A LOS TRABAJADORES A «SUMARSE»

La diputada de Igualdad ha valorado «positivamente» la iniciativa propuesta por los sindicatos y ha destacado que es la «primera vez» que se convoca un paro laboral en la jornada del 8 de marzo, por lo que ha instado a los y las trabajadoras «a sumarse a dicha iniciativa como medida de concienciación y reivindicación ante la situación generalizada de desigualdad laboral que padecen las mujeres en este país».

«Reconocemos los avances que a lo largo de las décadas se han desarrollado en nuestro país en materia de igualdad, pero a la vez también reconocemos los retrocesos y recortes que se vienen produciendo en las políticas de igualdad», ha expresado.

Por ello, ha subrayado que desde la Diputación defienden que España cuente con una ley de igualdad laboral que «contribuya a erradicar la discriminación que sufren las mujeres en el acceso al empleo, la promoción profesional y la eliminación de la brecha salarial que, junto a la precariedad y la temporalidad, conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las mujeres», ha señalado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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