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Educación abre el plazo para que los colegios se adapten al programa del Plurilingüismo

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El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado el Decreto de Plurilingüismo educatiuvo aprobado en el pleno del Consell el pasado 27 de enero. Esta medida ha permitido a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport enviar a todos los centros educativos las instrucciones y una guía para facilitar al máximo los trámites para aplicar el Programa educativo plurilingüe dinámico (PEPD) en el segundo ciclo de Infantil (3, 4 y 5 años) para el curso 2017-2018.

El objetivo de las instrucciones es facilitar y orientar a los centros educativos en la implantación del PEPD y en el proceso de elaboración del proyecto lingüístico del centro. Conviene recordar que el nivel que elige cada centro educativo del PEPD debe estar aprobado por 2/3 del consejo escolar de cada centro.

Con el fin de elaborar el proyecto lingüístico de centro adaptado a uno de los 6 niveles, la Conselleria también ha facilitado una guía para cumplimentar toda la tramitación de forma clara, práctica y eficaz con la intención de reducir la burocracia que generan estos trámites.

Además, las escuelas cuentan con el apoyo directo de la Asesoría de Educación Plurilingüe de la Conselleria y se están organizando sesiones tutoriales para todos los equipos directivos, con la intención de ayudarles al máximo en el trámite. El plazo de presentación del proyecto lingüístico de centro es el 15 de marzo.

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La justicia archiva la querella contra Paco Salazar por acoso sexual al no existir denuncias de las presuntas víctimas

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Paco Salazar
Paco Salazar

El juzgado inadmite la acción presentada por Hazte Oír al apreciar falta de legitimación y ausencia de indicios suficientes, tal y como solicitó la Fiscalía

La justicia ha decidido archivar la querella presentada contra Paco Salazar por presunto acoso sexual, al no existir denuncias formales por parte de las supuestas víctimas. La resolución, dictada por la Sección de Violencia sobre la Mujer, inadmite la acción penal impulsada por la asociación Hazte Oír al considerar que carece de legitimación y que no hay una base indiciaria suficiente para abrir una investigación judicial.

El auto judicial se alinea con el criterio de la Fiscalía, que ya había solicitado el archivo de la causa al entender que, en ausencia de denuncias directas de las personas presuntamente afectadas, no concurren los requisitos legales mínimos para iniciar un procedimiento penal por este tipo de delitos.

Falta de legitimación y ausencia de indicios

Según la resolución, Hazte Oír no está legitimada para ejercer la acción penal en este caso concreto, ya que no representa a ninguna de las supuestas víctimas ni actúa en su nombre. Además, el juzgado subraya que los hechos relatados en la querella no vienen acompañados de pruebas ni testimonios directos que permitan sostener, siquiera de forma indiciaria, la existencia de un delito.

La magistrada recuerda que los delitos contra la libertad sexual, salvo excepciones muy concretas, requieren la iniciativa procesal de la persona presuntamente perjudicada, especialmente cuando no se trata de hechos flagrantes ni acreditados por otros medios objetivos.

Sin investigación judicial abierta

Con esta decisión, la justicia descarta abrir diligencias contra el exdirigente socialista mientras no exista una denuncia expresa de alguna víctima o nuevos elementos probatorios que justifiquen la actuación de oficio. El archivo no entra a valorar el fondo de las acusaciones, sino que se limita a constatar que no se dan las condiciones legales para investigar los hechos en sede judicial.

Fuentes jurídicas recuerdan que el archivo no impide que, en el futuro, el caso pueda reabrirse si alguna persona afectada decide denunciar o si aparecen nuevos indicios relevantes.

Contexto del caso

La querella fue presentada tras la difusión pública de informaciones y testimonios indirectos sobre comportamientos presuntamente inapropiados. Sin embargo, ninguna de las personas mencionadas ha presentado hasta ahora denuncia ante la Policía, la Fiscalía o un juzgado.

Desde el entorno del investigado se ha insistido en su disposición a colaborar con la justicia y en su rechazo a las acusaciones, mientras que desde el ámbito jurídico se subraya la importancia de preservar tanto la presunción de inocencia como el derecho de las víctimas a denunciar cuando así lo decidan.

 

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