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Egea (PP): Si Sánchez quiere ayudar a los españoles debe bajar la luz e inflación

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EFE/ Kai Försterling

València, 1 sep (EFE).- El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado este miércoles que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere ayudar realmente a todos los españoles, lo que debe hacer es «bajar el precio de la luz, la inflación y la cesta de la compra».

Durante una visita a València con motivo de las Fallas, García Egea también ha advertido de que por parte del PP no será posible renovar los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si no se avanza «en su despolitización y su imparcialidad».

El dirigente popular ha reprochado al presidente que su única propuesta para bajar el precio de la luz sea «una comisión de diputados para que lo estudie», así como su voluntad de abordar la «subida inmediata» del salario mínimo interprofesional (SMI) «en lo que queda de año».

«Si quiere ayudar a los que más lo necesitan, que baje la luz y el coste de la vida», ha defendido García Egea, para quien «todo lo que no sea bajar precios supone un parche que no ayuda realmente a las familias».

Ha denunciado que la factura de la luz que pagarán los españoles este mes de septiembre será el doble que la de hace un año, que la inflación «está disparada» y que la cesta de la compra «es cada vez más cara», y ha considerado que la solución no puede ser «apagar el ventilador para no pagar más».

En este sentido, ha instado a Sánchez a estudiarse la propuesta presentada hace unos meses por el PP y que plantea «abaratar hasta un 20 % el precio de la luz», haciendo que los ciudadanos paguen «únicamente por los costes eléctricos asociados a la generación de energía».

«No entendemos por qué el ciudadano tiene que pagar por costes que suponen errores del gobierno de Zapatero», ha manifestado, y ha augurado que este será «el año en que las nefastas políticas que se están aplicando a nivel macro(económico), a nivel de Gobierno, van a tener su repercusión a nivel micro(económico), a nivel de familia».

«Este curso va a ser el de la constatación de que cuando las políticas que se hacen en el Consejo de Ministros no están pensadas para la gente, quien acaba pagándolo todo son las clases medias, las clases trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas», ha señalado.

Preguntado por la voluntad del PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), García Egea ha dijo que para su partido es importante esta renovación, «pero igual de importante es garantizar la imparcialidad y despolitización» de este órgano.

Así, ha afirmado que siguen «tendiendo la mano para avanzar en la despolitización», porque, a su juicio, «no es posible renovar el CGPJ sin avanzar en la independencia y despolitización de los órganos constitucionales».

Ha considerado que ahora hay una gran oportunidad para hacer «un gran acuerdo» dirigido a despolitizar y reforzar la independencia de todos los órganos constitucionales, y ha señalado que si el Gobierno recoge la mano tendida por Casado, «el PP estará en esa senda».

No obstante, ha añadido, «si el Gobierno quiere seguir haciendo lo que veníamos haciendo, el PP lamentablemente no va a estar ahí», pues, según ha dicho, han recibido un mandato de sus afiliados y de los españoles y tienen que «hacer valer los compromisos» que asumen con la ciudadanía.

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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