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El 90% de los municipios de Valencia abandonan a los animales en perreras, según Pacma

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El Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) denuncia que nueve de cada diez municipios de la provincia de Valencia «abandonan a sus animales en perreras», ya que solo 29 de las 266 localidades tienen firmado un convenio con alguna entidad de protección animal. Estas conclusiones se han extraído de un informe elaborado durante los últimos meses, con la colaboración de medio centenar de asociadiones, y que ha remitido a la Generalitat Valenciana para exigir medidas como la creación de una red de refugios públicos para la protección de animales abandonados, ha informado Pacma en un comunicado.

El estudio refleja el «dramático» panorama del abandono en Valencia, ya que constata que la mayoría de ayuntamientos contrata con perreras el servicio de recogida de animales abandonados y no hace un seguimiento del destino de esos animales, «dejándolos a su suerte en manos de estas empresas». Ante esta situación, el partido animalista lamenta que «ese mismo desinterés y desprecio hacia los animales es el que ha llevado a la mayoría de ayuntamientos a ni siquiera atender a su petición de información».

De la investigación también se desprende que la «gran mayoría» de ayuntamientos no disponen de personal preparado y de instalaciones adecuadas para la recogida y retención de animales abandonados, como tampoco promueven campañas que contribuyan a fomentar el respeto a los animales. En algunos casos «ni siquiera cuentan con un servicio de recogida de animales», mientras que «la mayoría de los que tienen han contratado para ello a empresas exterminadoras que se lucran con el sacrificio de los animales, demostrando su desprecio más absoluto a quienes han sufrido el maltrato del abandono», como ha denunciado la coordinadora de Pacma en Valencia, Raquel Aguilar.

Paralelamente, el estudio recoge la necesidad de la implantación generalizada del método CER (captura, esterilización y retorno) para controlar las colonias felinas, una propuesta «lógica y factible» para la que el partido animalista considera que «hace falta voluntad política». «Hay centenares de personas en nuestra provincia dignificando la vida de miles de animales abandonados en nuestros municipios, únicamente con sus propios recursos. ¿Cómo no va a poder hacerlo una administración que maneja millones de euros de presupuesto?», ha reivindicado la coordinadora.

El objetivo del proyecto es poner en conocimiento de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural «una realidad que evidencia las deficiencias de un sistema que parece poco interesado en el bienestar animal».

De cara al futuro, a unos días de las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo, Pacma pretende plantear estrategias que permitan «poner fin a la grave situación de abandono que sufren los animales considerados de compañía en la provincia de Valencia, a pesar de los esfuerzos de tantas personas voluntarias».

Desde el partido animalista insisten en centrar los esfuerzos en modificar la ley actual, que «tiene ya 35 años», para que así «proteja de verdad a los animales y permita acabar con el maltrato y el abandono», con propuestas como la obligación de la esterilización o el fin de la compraventa de animales.

RED DE ALBERGUES PÚBLICOS

Pero «mientras las tasas de abandono sigan siendo tan elevadas», Pacma considera urgente la dotación de una partida presupuestaria para la creación de «una red de albergues públicos convenientemente conectados que permita una gestión de los animales sin sacrificio hasta que se ponga fin al abandono».

Esta red de refugios de titularidad pública, gestionados por entidades de protección animal y dotada con recursos suficientes, evitaría a su juicio que los abandonos se concentraran en determinados municipios. De esta forma, los animales tendrían los mismos derechos en cualquier parte de Valencia.

Fuente: Europa Press

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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