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Asesinan a tiros al candidato a la presidencia de Ecuador

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Quito (OFFICIAL PRESS – EFE). El asesinato del candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio, a manos presuntamente de sicarios. Tiñó este miércoles de sangre los comicios para elegir al sucesor del actual mandatario, el conservador Guillermo Lasso, en un atentado que dejó al menos nueve heridos y en el que también murió un sospechoso del crimen.

El asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador tiñe de sangre las elecciones

Villavicencio, de 59 años, un periodista y exasambleísta que con sus investigaciones sobre corrupción se había convertido en uno de los enemigos más acérrimos del expresidente Rafael Correa (2007-2017), recibió una ráfaga de disparos al terminar un mitin de su campaña electoral en un colegio de Quito.

El candidato, que se definía públicamente como de centro pese a haberse situado en sus inicios en la izquierda moderada se le trasladó a un centro médico cercano donde se certificó su muerte, confirmada luego públicamente por sus familiares y por personas cercanas a su candidatura.

Amenazado de muerte

Villavicencio, como otros candidatos, planteaba una lucha frontal contra las mafias del crimen organizado. En medio de una campaña electoral marcada por la peor crisis de seguridad de la historia de Ecuador. De hecho, el año pasado cerró el 2022 con una tasa de 25,32 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la más alta desde que se tienen registros.

El político, natural de la población andina de Alausí, en la provincia de Chimborazo, ya había denunciado en semanas anteriores amenazas de muerte.  En el marco de una preocupación generalizada por la seguridad de los candidatos tras otros atentados acontecidos.

Recientemente fue asesinado de manera similar el alcalde de Manta, Agustín Intriago. Uno de los más populares del país, y ocurrió lo mismo con un candidato a asambleísta por la norteña provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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