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Asesinan a tiros al candidato a la presidencia de Ecuador

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Quito (OFFICIAL PRESS – EFE). El asesinato del candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio, a manos presuntamente de sicarios. Tiñó este miércoles de sangre los comicios para elegir al sucesor del actual mandatario, el conservador Guillermo Lasso, en un atentado que dejó al menos nueve heridos y en el que también murió un sospechoso del crimen.

El asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador tiñe de sangre las elecciones

Villavicencio, de 59 años, un periodista y exasambleísta que con sus investigaciones sobre corrupción se había convertido en uno de los enemigos más acérrimos del expresidente Rafael Correa (2007-2017), recibió una ráfaga de disparos al terminar un mitin de su campaña electoral en un colegio de Quito.

El candidato, que se definía públicamente como de centro pese a haberse situado en sus inicios en la izquierda moderada se le trasladó a un centro médico cercano donde se certificó su muerte, confirmada luego públicamente por sus familiares y por personas cercanas a su candidatura.

Amenazado de muerte

Villavicencio, como otros candidatos, planteaba una lucha frontal contra las mafias del crimen organizado. En medio de una campaña electoral marcada por la peor crisis de seguridad de la historia de Ecuador. De hecho, el año pasado cerró el 2022 con una tasa de 25,32 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la más alta desde que se tienen registros.

El político, natural de la población andina de Alausí, en la provincia de Chimborazo, ya había denunciado en semanas anteriores amenazas de muerte.  En el marco de una preocupación generalizada por la seguridad de los candidatos tras otros atentados acontecidos.

Recientemente fue asesinado de manera similar el alcalde de Manta, Agustín Intriago. Uno de los más populares del país, y ocurrió lo mismo con un candidato a asambleísta por la norteña provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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