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Asesinan a tiros al candidato a la presidencia de Ecuador

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Quito (OFFICIAL PRESS – EFE). El asesinato del candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio, a manos presuntamente de sicarios. Tiñó este miércoles de sangre los comicios para elegir al sucesor del actual mandatario, el conservador Guillermo Lasso, en un atentado que dejó al menos nueve heridos y en el que también murió un sospechoso del crimen.

El asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador tiñe de sangre las elecciones

Villavicencio, de 59 años, un periodista y exasambleísta que con sus investigaciones sobre corrupción se había convertido en uno de los enemigos más acérrimos del expresidente Rafael Correa (2007-2017), recibió una ráfaga de disparos al terminar un mitin de su campaña electoral en un colegio de Quito.

El candidato, que se definía públicamente como de centro pese a haberse situado en sus inicios en la izquierda moderada se le trasladó a un centro médico cercano donde se certificó su muerte, confirmada luego públicamente por sus familiares y por personas cercanas a su candidatura.

Amenazado de muerte

Villavicencio, como otros candidatos, planteaba una lucha frontal contra las mafias del crimen organizado. En medio de una campaña electoral marcada por la peor crisis de seguridad de la historia de Ecuador. De hecho, el año pasado cerró el 2022 con una tasa de 25,32 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la más alta desde que se tienen registros.

El político, natural de la población andina de Alausí, en la provincia de Chimborazo, ya había denunciado en semanas anteriores amenazas de muerte.  En el marco de una preocupación generalizada por la seguridad de los candidatos tras otros atentados acontecidos.

Recientemente fue asesinado de manera similar el alcalde de Manta, Agustín Intriago. Uno de los más populares del país, y ocurrió lo mismo con un candidato a asambleísta por la norteña provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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