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El bulo del peligro del uso del aire acondicionado de los coches que recorre la red

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Hay una información falsa que recorre la Red desde hace años que habla de que el aire acondicionado de los coches emite benceno y puede costarte la vida. Lo cierto es que este bulo mezcla medias verdades con ‘argumentos’ absurdos y no tiene credibilidad alguna según advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Foto: OCU.org

Según OCU esto es un ‘hoax’, una información falsa, que en este caso, como en muchos otros, se pone en boca de un presunto profesional para tratar de darle credibilidad al asunto.

Habla de un “estudio realizado” del que no se dan más datos afirmando que “el aire acondicionado emite benceno, una tóxina causante de cáncer…”.

Este bulo es bastante viejo y según apunta OCU viene de Sudamérica y está lleno de frases alarmistas y exclamaciones, como casi todos los bulos. «Pero éste combina ‘argumentos’ más o menos creíbles con tonterías varias».

OCU señala que «el pensamiento final de este cartelito, a modo de moraleja, por ejemplo, denota únicamente que su autor está como loco porque le compartan. Sólo le falta suplicarlo».

Es cierto que el benceno es un disolvente orgánico, de olor muy característico, derivado del petróleo y que es un agente que se utiliza en procesos industriales y que forma además parte de la gasolina y del humo de los cigarrillos. Además también señala que es un potente tóxico y es cancerígeno, de ahí que las personas que trabajan con él deban seguir reglamentaciones estrictas de salud laboral.

No obstante advierte que «esta falsa alerta que recorre Internet desde hace años no tiene fundamento alguno porque cuando el coche sale de fábrica, el benceno que hubiera podido usarse para fabricar alguno de sus materiales se evaporó hace tiempo; de hecho, se evapora con muchísima más facilidad que el agua».

En cuanto al consejo que efectivamente dan los fabricantes sobre la conveniencia de airear el coche antes de poner el aire acondicionado nada tiene que ver con esto. El consejo atiende únicamente a que así se refresca el interior del vehículo y el aire acondicionado es mucho más eficiente.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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