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El Consell asegura que el autobús de Hazte Oír «no es bienvenido» a la Comunitat

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El director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, ha defendido el trabajo que desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se está haciendo «por la igualdad de las personas trans», y en este contexto ha declarado que el autobús de Hazte Oír, que va en contra de terminar con la «discriminación» que sufre este colectivo, «no es bienvenido» a la Comunitat Valenciana.

De Lamo ha asegurado que el mejor ejemplo de ese trabajo del Consell por la igualdad es la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana, elaborada desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, consensuada con entidades sociales y partidos políticos, y que en estos momentos está en trámite parlamentario en les Corts Valencianes.

Una ley, ha precisado De Lamo, que reconoce derechos a personas que no los tenían, «por tanto, ampliamos derechos frente a quien quiere recortarlos «y cuyo objetivo se centra en «hacer la vida más fácil a las personas trans frente a las situaciones de rechazo, exclusión y discriminación que continúan sufriendo».

De Lamo, además, ha reiterado la necesidad de «despatologizar las realidades trans», para acabar con «el estigma que implica considerarlas enfermas», lo que a su juicio supone, «un ataque contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad».

El director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad ha mostrado el «rechazo total» del Govern valencià al autobús «con claro contenido transfóbico» de Hazte Oír y ha denunciado que considera «especialmente grave su mensaje porque ataca los derechos de la infancia».

Para el gobierno, ha precisado el director general de Igualdad, el autobús «no es bienvenido en nuestro territorio», porque a su juicio, un autobús que niega la identidad de las personas trans, especialmente de niños y niñas, merece el «rechazo total por parte nuestra».

Ley valenciana

La ley valenciana, ha explicado, «despatologiza la transexualidad dentro sus competencias» y supone «uno de los mayores avances legislativos a nivel europeo y mundial en referencia a los derechos de las personas trans» porque implica que las realidades trans, «ya no serán considerada como trastorno, sino como una expresión más de la diversidad humana».

Con ella, ha subrayado, «damos respuesta a una reivindicación histórica del colectivo trans, un colectivo que a su juicio ha sufrido la «transfobia, persecución y estigmatización, así como el olvido y la indiferencia del gobierno antiguo».

El marco normativo entre otros aspectos regula cuestiones tan necesarias para la plena integración de las personas trans en la sociedad, como el amparo en las fases iniciales del proceso de declaración de la propia identidad sentida, la tutela en las situaciones de minoría de edad o la atención gerontológica especialmente en las residencias de la tercera edad, situaciones a las que ha de prestarse especial atención.

Además, recoge el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica. También plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas, con el objetivo de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación.

Del mismo modo, refleja la necesidad de que exista una coordinación entre las áreas de educación, sanidad e igualdad, para asegurar una rápida detección y actuación ante situaciones discriminatorias o que atentan contra la identidad de género expresada por las personas trans menores de edad.

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El juez del caso Begoña Gómez imputa a una alto cargo de Moncloa

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Begoña Gómez- ARCHIVO EFE

El magistrado solicita agendas, correos y pasaportes de la esposa del presidente y de su asesora, además de convocar una nueva ronda de testigos.

Madrid, 5 de noviembre de 2025 (Europa Press) — El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso Begoña Gómez, ha decidido imputar a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, al tiempo que rechaza volver a citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El magistrado ha adoptado esta decisión en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, donde también une las dos piezas separadas del procedimiento y mantiene la vía del tribunal del jurado por posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos.


Judit Alexandra González, nueva imputada en la investigación

El juez cita a González el próximo 12 de noviembre para informarla de los hechos que se le imputan y escuchar su declaración en calidad de investigada por malversación de caudales públicos, descartando su comparecencia como testigo.

Con esta decisión, González se convierte en la quinta persona investigada en la causa, junto a Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Peinado argumenta que la secretaria general, por su posición, tenía la capacidad de supervisar las labores de las personas designadas para funciones públicas, y que su omisión de control podría constituir malversación por comisión por omisión, al no evitar actividades privadas desarrolladas desde un cargo público.


El juez pide agendas, correos y pasaportes a Moncloa

En su resolución, el instructor solicita a Moncloa que entregue las agendas oficiales de Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez, con el fin de que la UCO de la Guardia Civil analice si las reuniones, viajes y desplazamientos correspondían a actividades personales o profesionales.

También pide los pasaportes de ambas para cotejar las fechas y coincidencias de sus viajes al extranjero, así como todos los correos electrónicos intercambiados entre ellas. Además, reclama información sobre los viajes sufragados con fondos públicos desde la contratación de Álvarez en 2018 hasta la actualidad, su vida laboral y los datos salariales actualizados de 2025.

Peinado solicita asimismo los antecedentes sobre el nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno, precisando puestos, funciones y número de asistentes designados simultáneamente.


El juez rechaza volver a citar a Pedro Sánchez y a Bolaños

El magistrado descarta la petición de las acusaciones populares de volver a llamar a Pedro Sánchez como testigo, al considerar que sería una diligencia “inútil e impertinente”.

Recuerda que el presidente del Gobierno ya fue citado y se acogió a su derecho a no declarar en virtud del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por su relación con la investigada. “Nada aportó para el esclarecimiento de los hechos y nada hace prever que cambiara de postura”, subraya el juez.

En la misma línea, Peinado rechaza citar de nuevo a Félix Bolaños, al entender que su anterior declaración fue “reticente” y que no aportaría información relevante para el avance de la instrucción.


Nuevos testigos citados para noviembre

El juez convoca una nueva ronda de declaraciones: el 12 de noviembre deberán comparecer Diego de Alcázar, Miguel Escassi y Juan Carlos Doadrio. Posteriormente, el 28 de noviembre, están citadas María José Sánchez, María Elvira Gutiérrez, María Jesús, Mercedes, Zulma Escalante y Carmen Mitxelena.

Asimismo, Peinado ha requerido a las empresas Minsait, Indra Business Consulting, Telefónica, Deloitte y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) que remitan todas las comunicaciones, correos o mensajes en los que figure la asesora de Gómez como emisora, destinataria o en copia.

 

 

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