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El Consell asegura que el autobús de Hazte Oír «no es bienvenido» a la Comunitat

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El director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, ha defendido el trabajo que desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se está haciendo «por la igualdad de las personas trans», y en este contexto ha declarado que el autobús de Hazte Oír, que va en contra de terminar con la «discriminación» que sufre este colectivo, «no es bienvenido» a la Comunitat Valenciana.

De Lamo ha asegurado que el mejor ejemplo de ese trabajo del Consell por la igualdad es la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana, elaborada desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, consensuada con entidades sociales y partidos políticos, y que en estos momentos está en trámite parlamentario en les Corts Valencianes.

Una ley, ha precisado De Lamo, que reconoce derechos a personas que no los tenían, «por tanto, ampliamos derechos frente a quien quiere recortarlos «y cuyo objetivo se centra en «hacer la vida más fácil a las personas trans frente a las situaciones de rechazo, exclusión y discriminación que continúan sufriendo».

De Lamo, además, ha reiterado la necesidad de «despatologizar las realidades trans», para acabar con «el estigma que implica considerarlas enfermas», lo que a su juicio supone, «un ataque contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad».

El director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad ha mostrado el «rechazo total» del Govern valencià al autobús «con claro contenido transfóbico» de Hazte Oír y ha denunciado que considera «especialmente grave su mensaje porque ataca los derechos de la infancia».

Para el gobierno, ha precisado el director general de Igualdad, el autobús «no es bienvenido en nuestro territorio», porque a su juicio, un autobús que niega la identidad de las personas trans, especialmente de niños y niñas, merece el «rechazo total por parte nuestra».

Ley valenciana

La ley valenciana, ha explicado, «despatologiza la transexualidad dentro sus competencias» y supone «uno de los mayores avances legislativos a nivel europeo y mundial en referencia a los derechos de las personas trans» porque implica que las realidades trans, «ya no serán considerada como trastorno, sino como una expresión más de la diversidad humana».

Con ella, ha subrayado, «damos respuesta a una reivindicación histórica del colectivo trans, un colectivo que a su juicio ha sufrido la «transfobia, persecución y estigmatización, así como el olvido y la indiferencia del gobierno antiguo».

El marco normativo entre otros aspectos regula cuestiones tan necesarias para la plena integración de las personas trans en la sociedad, como el amparo en las fases iniciales del proceso de declaración de la propia identidad sentida, la tutela en las situaciones de minoría de edad o la atención gerontológica especialmente en las residencias de la tercera edad, situaciones a las que ha de prestarse especial atención.

Además, recoge el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica. También plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas, con el objetivo de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación.

Del mismo modo, refleja la necesidad de que exista una coordinación entre las áreas de educación, sanidad e igualdad, para asegurar una rápida detección y actuación ante situaciones discriminatorias o que atentan contra la identidad de género expresada por las personas trans menores de edad.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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