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El Consell asegura que el autobús de Hazte Oír «no es bienvenido» a la Comunitat

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El director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, ha defendido el trabajo que desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se está haciendo «por la igualdad de las personas trans», y en este contexto ha declarado que el autobús de Hazte Oír, que va en contra de terminar con la «discriminación» que sufre este colectivo, «no es bienvenido» a la Comunitat Valenciana.

De Lamo ha asegurado que el mejor ejemplo de ese trabajo del Consell por la igualdad es la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana, elaborada desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, consensuada con entidades sociales y partidos políticos, y que en estos momentos está en trámite parlamentario en les Corts Valencianes.

Una ley, ha precisado De Lamo, que reconoce derechos a personas que no los tenían, «por tanto, ampliamos derechos frente a quien quiere recortarlos «y cuyo objetivo se centra en «hacer la vida más fácil a las personas trans frente a las situaciones de rechazo, exclusión y discriminación que continúan sufriendo».

De Lamo, además, ha reiterado la necesidad de «despatologizar las realidades trans», para acabar con «el estigma que implica considerarlas enfermas», lo que a su juicio supone, «un ataque contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad».

El director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad ha mostrado el «rechazo total» del Govern valencià al autobús «con claro contenido transfóbico» de Hazte Oír y ha denunciado que considera «especialmente grave su mensaje porque ataca los derechos de la infancia».

Para el gobierno, ha precisado el director general de Igualdad, el autobús «no es bienvenido en nuestro territorio», porque a su juicio, un autobús que niega la identidad de las personas trans, especialmente de niños y niñas, merece el «rechazo total por parte nuestra».

Ley valenciana

La ley valenciana, ha explicado, «despatologiza la transexualidad dentro sus competencias» y supone «uno de los mayores avances legislativos a nivel europeo y mundial en referencia a los derechos de las personas trans» porque implica que las realidades trans, «ya no serán considerada como trastorno, sino como una expresión más de la diversidad humana».

Con ella, ha subrayado, «damos respuesta a una reivindicación histórica del colectivo trans, un colectivo que a su juicio ha sufrido la «transfobia, persecución y estigmatización, así como el olvido y la indiferencia del gobierno antiguo».

El marco normativo entre otros aspectos regula cuestiones tan necesarias para la plena integración de las personas trans en la sociedad, como el amparo en las fases iniciales del proceso de declaración de la propia identidad sentida, la tutela en las situaciones de minoría de edad o la atención gerontológica especialmente en las residencias de la tercera edad, situaciones a las que ha de prestarse especial atención.

Además, recoge el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica. También plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas, con el objetivo de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación.

Del mismo modo, refleja la necesidad de que exista una coordinación entre las áreas de educación, sanidad e igualdad, para asegurar una rápida detección y actuación ante situaciones discriminatorias o que atentan contra la identidad de género expresada por las personas trans menores de edad.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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