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El Consell asegura que el autobús de Hazte Oír «no es bienvenido» a la Comunitat

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El director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, ha defendido el trabajo que desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se está haciendo «por la igualdad de las personas trans», y en este contexto ha declarado que el autobús de Hazte Oír, que va en contra de terminar con la «discriminación» que sufre este colectivo, «no es bienvenido» a la Comunitat Valenciana.

De Lamo ha asegurado que el mejor ejemplo de ese trabajo del Consell por la igualdad es la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana, elaborada desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, consensuada con entidades sociales y partidos políticos, y que en estos momentos está en trámite parlamentario en les Corts Valencianes.

Una ley, ha precisado De Lamo, que reconoce derechos a personas que no los tenían, «por tanto, ampliamos derechos frente a quien quiere recortarlos «y cuyo objetivo se centra en «hacer la vida más fácil a las personas trans frente a las situaciones de rechazo, exclusión y discriminación que continúan sufriendo».

De Lamo, además, ha reiterado la necesidad de «despatologizar las realidades trans», para acabar con «el estigma que implica considerarlas enfermas», lo que a su juicio supone, «un ataque contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad».

El director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad ha mostrado el «rechazo total» del Govern valencià al autobús «con claro contenido transfóbico» de Hazte Oír y ha denunciado que considera «especialmente grave su mensaje porque ataca los derechos de la infancia».

Para el gobierno, ha precisado el director general de Igualdad, el autobús «no es bienvenido en nuestro territorio», porque a su juicio, un autobús que niega la identidad de las personas trans, especialmente de niños y niñas, merece el «rechazo total por parte nuestra».

Ley valenciana

La ley valenciana, ha explicado, «despatologiza la transexualidad dentro sus competencias» y supone «uno de los mayores avances legislativos a nivel europeo y mundial en referencia a los derechos de las personas trans» porque implica que las realidades trans, «ya no serán considerada como trastorno, sino como una expresión más de la diversidad humana».

Con ella, ha subrayado, «damos respuesta a una reivindicación histórica del colectivo trans, un colectivo que a su juicio ha sufrido la «transfobia, persecución y estigmatización, así como el olvido y la indiferencia del gobierno antiguo».

El marco normativo entre otros aspectos regula cuestiones tan necesarias para la plena integración de las personas trans en la sociedad, como el amparo en las fases iniciales del proceso de declaración de la propia identidad sentida, la tutela en las situaciones de minoría de edad o la atención gerontológica especialmente en las residencias de la tercera edad, situaciones a las que ha de prestarse especial atención.

Además, recoge el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica. También plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas, con el objetivo de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación.

Del mismo modo, refleja la necesidad de que exista una coordinación entre las áreas de educación, sanidad e igualdad, para asegurar una rápida detección y actuación ante situaciones discriminatorias o que atentan contra la identidad de género expresada por las personas trans menores de edad.

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El rey Juan Carlos I demandará a Revilla en Madrid tras fracasar la conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

La demanda del rey emérito sigue adelante tras no llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla, quien se negó a rectificar sus declaraciones en televisión

Tras una conciliación sin acuerdo celebrada el pasado viernes 16 de mayo en los juzgados de Santander, el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda formal contra el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los tribunales de Madrid.

El acto de conciliación fue el paso previo legal antes de una querella civil por injurias y vulneración del derecho al honor, después de que Revilla realizara declaraciones críticas sobre el monarca en diferentes programas televisivos. La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, solicitaba una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.


📝 Sin avenencia en la conciliación: Revilla se negó a rectificar

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, Revilla se mantuvo firme:

«Yo no rectifico en nada. Creo que estoy en lo cierto», aseguró el líder regionalista a su salida del juzgado.

El rey emérito no acudió personalmente al acto, aunque estuvo representado legalmente por su procurador y su abogada. Revilla, por su parte, asistió de forma presencial junto a su defensa. Ante la falta de acuerdo, la letrada de la Administración de Justicia dio por finalizado el acto sin avenencia, permitiendo así al emérito continuar por la vía judicial ordinaria.


💬 ¿Qué motivó la demanda de Juan Carlos I?

El origen del conflicto se remonta a manifestaciones públicas de Miguel Ángel Revilla en las que criticó al rey Juan Carlos en espacios televisivos de gran audiencia. Según la representación legal del emérito, esas declaraciones:

  • «Carecen de base fáctica»

  • Se fundamentan en informaciones periodísticas «que no equivalen a sentencias»

  • Constituyen un ataque a su honor y reputación

Revilla, por su parte, sostiene que sus palabras fueron simples opiniones personales y que se basaron en hechos públicos divulgados por medios de comunicación.


🚨 ¿Qué implica la demanda del rey emérito?

Concluida la fase de conciliación sin resultados, Juan Carlos I formalizará una demanda en los juzgados de Madrid, como permite la legislación civil española. El proceso judicial se iniciará con una reclamación por:

  • 50.000 euros de indemnización

  • Una rectificación pública de las declaraciones consideradas injuriosas

La defensa de Revilla prevé una batalla legal que podría alargarse en el tiempo. “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”, comentó el expresidente cántabro tras conocer la decisión del emérito.

 

 

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