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Valencia

El Consell subirá un 2% el sueldo a sus funcionarios para 2022

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Gabriela Bravo

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y la directora general de Presupuestos, Eva Martínez, han trasladado a los y las representantes de los sindicatos de la Mesa General de Negociación I que el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para el 2022 contempla un aumento salarial del 2% para el personal empleado público.

Así lo ha anunciado la responsable de Función Pública del Consell durante la reunión que ha mantenido este lunes con el máximo órgano de diálogo social de la Generalitat y las centrales sindicales de los cuatro sectores públicos, es decir, Administración general, Sanidad, Educación y Justicia. Al encuentro ha asistido también el director general de Función Pública, David Alfonso.

El aumento del 2% se aplicará a las retribuciones de las plantillas de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos, así como las sociedades mercantiles de titularidad autonómica, las entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público, centros educativos concertados, las universidades y centros universitarios dependientes de la Generalitat, en total, a unas 193.000 personas y tendrá una cuantía aproximada de 197 millones de euros.

Además, el anteproyecto contempla que las entidades y personas jurídicas afectadas por la norma podrán realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo o contratos de seguros colectivos siempre que el incremento no supere el 2 por ciento respecto a la anualidad anterior.

Por otra parte, Gabriela Bravo ha detallado a los y las representantes sindicales las modificaciones técnicas que, en materia de Función Pública, se propondrán para su inclusión en el anteproyecto de Ley de Medidas de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2022.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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