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Supremo confirma la condena al exconseller Blasco por el caso Cooperación

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Supremo confirma la condena al exconseller Blasco por el caso Cooperación
Imagen de archivo del exconseller del PP Rafael Blasco. EFE/Juan Carlos Cárdenas

València, 20 dic (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta al exconseller del PP Rafael Blasco en el caso de desvío de fondos de ayudas públicas a la cooperación internacional, aunque insta a calcular de nuevo las penas impuestas tanto a él como al empresario Augusto César Tauroni.

En un auto hecho público este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Sala Segunda del Supremo resuelve los recursos planteados por cinco acusados y dos acusaciones contra la sentencia de la Audiencia de Valencia, de 24 de abril de 2020, en piezas del citado caso donde fueron condenados Blasco y una veintena más de personas.

En su sentencia, el Supremo estima parcialmente los recursos formulados por las defensas de Blasco y de Marcos Antonio Llinares, así como de la acusación popular ejercida por la Coordinadora Valenciana de ONGD, mientras que desestima los recursos de Rafael Pedro Barrera Cuquerella, José Luis Mezquita Alcañiz, Felix Sanz Pardo, y de la Abogada de la Generalitat, esta última como acusación particular

La estimación parcial de los recursos de Blasco y Llinares se debe a que el Supremo entiende que debe serle aplicada a ambos la atenuante de confesión tardía de los hechos, aunque especifica que el cambio no tendrá consecuencia en las penas de prisión establecidas para ambos.

«La que sí puede tenerlo -añaden desde el TSJCV- es la estimación parcial del recurso de la acusación popular», que el Supremo indica que obliga a calcular de nuevo las penas tanto de Blasco como del empresario Augusto César Tauroni.

El tribunal indica que las penas definitivamente a imponer a los mismos, tras la correspondiente compensación de las condenas con las impuestas en la pieza I del caso Cooperación, debe determinarse en ejecución de sentencia, ya que los hechos allí enjuiciados y los que ahora lo han sido pudieron ser juzgados conjuntamente, y el cálculo que realiza el tribunal de instancia fue contradictorio, al hablar en la sentencia de 1 año y 6 meses de prisión como pena máxima e imponer en el fallo 1 año.

El Supremo recuerda, en todo caso, que la pena máxima a Blasco será de 8 años de prisión, sumando la pena que se imponga en esta causa a los 6 años y 6 meses de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta que se le impusieron en la pieza I.

En ambos casos los delitos juzgados y por los que fue condenado fueron malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y continuado de falsedad en documento oficial.

Respecto a la no repercusión en la pena de la estimación parcial del recurso de Blasco, la Sala lo basa en la importante participación en los hechos del exconseller, que hace que las penas fijadas por el tribunal sean proporcionales y adecuadas a la gran antijuridicidad de los hechos que se declaran probados, sin perjuicio de las consecuencias que pueda tener la estimación parcial del recurso de la Acusación Popular.

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Valencia

Ábalos exige explicaciones a Puente por el supuesto cobro irregular de dietas y “amaños” en contratos del Puerto de València

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El exministro socialista José Luis Ábalos, actualmente investigado por el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo, ha registrado en el Congreso una iniciativa parlamentaria en la que denuncia presuntas irregularidades en el Puerto de València y reclama explicaciones al Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente.

Según el escrito, Ábalos pone el foco en supuestos amaños, contrataciones irregulares y un cobro indebido de dietas, que atribuye a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, propuesta en su día por el Consell de Carlos Mazón.


Supuesto cobro irregular de dietas por valor de 15.000 euros

Ábalos se hace eco de informaciones periodísticas que apuntan a que la presidenta del Puerto habría percibido alrededor de 15.000 euros en dietas presuntamente indebidas durante viajes de trabajo.

El exministro, a quien también se ha señalado por supuestos enchufes en empresas públicas durante su etapa en el Gobierno, señala que estas prácticas podrían vulnerar la normativa interna del organismo y los principios de transparencia.


Señala también “contrataciones fraudulentas”

En su escrito, Ábalos menciona contrataciones supuestamente irregulares, entre ellas:

  • El encargo a un despacho de abogados sin concurso público.

  • La incorporación de cinco trabajadores sin aplicar los criterios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en el sector público.

Por ello, exige al Ministerio de Transportes que aclare qué medidas se han tomado para investigar estos hechos y si Puertos del Estado prevé abrir una auditoría independiente.

El diputado recuerda que Puente encargó unilateralmente una auditoría sobre su propia etapa al frente del Ministerio, un informe que —según Ábalos— detectó “irregularidades” sin permitirle derecho a réplica.


Otra pregunta dirigida a Marlaska por la visita de dos diputadas del PP

La iniciativa no se queda en Transportes. Ábalos también ha registrado una pregunta dirigida al Ministerio del Interior tras recoger la denuncia del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Gabriel Losada.

Losada criticó la visita de las diputadas del PP Ana Vázquez e Irene Garrido a un barrio de Vigo, acusándolas de entorpecer investigaciones contra el narcotráfico.

Ábalos solicita aclarar:

  • Si la visita tuvo consecuencias operativas.

  • Qué medidas piensa adoptar Interior si se confirma que la presencia de ambas diputadas alteró una operación antidroga.


El pulso político continúa

Este nuevo movimiento parlamentario evidencia la creciente tensión entre Ábalos y Óscar Puente desde que el primero pasó al Grupo Mixto.

Con estas preguntas, Ábalos busca situar al Ministerio en el foco y reclamar un trato equivalente al que, asegura, se aplicó a su gestión durante su etapa como ministro.

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