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El fiscal del doble parricidio de Godella: «Es el juicio más brutal al que he asistido»

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EFE/ Kai Försterling

El fiscal del juicio con jurado popular que ha arrancada este lunes en Valencia contra los dos padres acusados de haber asesinado a sus hijos en 2019 en Godella (Valencia) ha explicado a los miembros del jurado en el inicio de la vista que es el juicio más «brutal» al que ha asistido, ya que considera que «no hay nada más brutal que el asesinato de dos niños a manos de sus padres».

El inicio de la vista se ha demorado más de cuatro horas por las dificultades en la selección del jurado y la recusación de algunos de los miembros del mismo durante el proceso.

Finalmente, la vista ha arrancado pasadas las 14 horas (estaba previsto su inicio a las 10) con la lectura abreviada de los escritos de acusación y defensa por parte del letrado de la administración de Justicia.

Así, los miembros del jurado han podido conocer que el fiscal acusa a ambos padres de sendos delitos de asesinato y que pide 25 años de prisión por cada uno de estos crímenes, con un máximo de 40 años de encarcelamiento para el padre y de internamiento en un centro psiquiátrico para la madre, por padecer esquizofrenia y tener alterada las facultades que harían posible su imputación.

«Gabriel (padre) inculcó a María (madre) la creencia de que la única forma de proteger a sus hijos frente a la persecución de una supuesta secta era darles un baño purificador y enviarlos al más allá», ha indicado el fiscal, que considera a ambos autores materiales del crimen.

«Haciendo y dejando hacer el uno al otro, primero los bañaron, después les propinaron golpes contra el suelo y con objetos contundentes, y posteriormente enterraron a los niños en diferentes puntos de la parcela», ha apuntado.

«Gabriel es una persona manipuladora, tenía comida la cabeza de María, pretendía apartarla de su familia y amigos y llevarla a un retiro espiritual en México para imbuirse de ideas y creencias esotéricas de las que hizo partícipe a todo su entorno. Es una persona camaleónica, capaz de actuar en su propio interés, estudió una especia de artes escénicas y utiliza ese método de manipulación», según el fiscal, que considera a María «una persona altamente influenciable, que amaba a sus hijos por encima de cualquier cosa».

El fiscal ha dibujado un perfil de Gabriel agresivo e incluso «maltratador» con su mujer y sus hijos, y ha asegurado que hay testigos que así lo ratificarán.

Posteriormente, el fiscal ha insistido en la idea de que «tiene tanta responsabilidad el que ejecuta el hecho delictivo como el que mete la idea en la cabeza al autor. Ese concepto de inducción lo recoge el Supremo, y es influir psíquicamente en una persona. Nuestro Código Penal castiga a quien se queda de brazos cruzados y establece que el que permite hacer es igual de responsable».

Tras indicar al jurado que tiene una amplia experiencia en causas criminales, el fiscal ha apuntado: «es el juicio más brutal que he presenciado, porque no hay nada más brutal como el asesinato de dos niños a manos de sus padres».

El abogado del padre ha informado de que pedirá la libre absolución porque sostiene que la madre cometió el crimen mientras él dormía y «sin intervención ni conocimiento alguno por parte del padre».

La defensa de la madre ha mostrado disconformidad con el relato del fiscal porque sostiene que ella no ejecutó los crímenes, sino únicamente fue la autora de los entierros de los cuerpos de ambos menores, e igualmente pide la libre absolución. EFE

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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