València, 21 mar (EFE).- La Audiencia Provincial de Valencia juzga este lunes a seis personas, cinco de ellas de nacionalidad china, que se enfrentan a penas de hasta 47 años de cárcel por mantener explotados en condiciones cercanas a la esclavitud a un grupo de vietnamitas a quienes obligaban a cultivar marihuana en varias naves industriales.
El sexto procesado, de nacionalidad española y dueño de una tienda de jardinería en Alfafar era, según la Fiscalía, el encargado de montar las instalaciones y proporcionar los productos necesarios para los cultivos.
Los procesados están acusados de delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la salud pública y fraude de fluido eléctrico.
Las víctimas, ciudadanos vietnamitas, estaban encerrados en el interior de las naves y eran mantenidos en malas condiciones.
La investigación comenzó en abril de 2018 cuando la Guardia Civil determinó que los procesados tenían plantaciones de marihuana en tres puntos: Sollana y Alcàsser, en la provincia de Valencia, y Cabanes en la de Castellón.
Para el mantenimiento de los cultivos, los encausados explotaban laboralmente a ciudadanos vietnamitas con conocimientos en jardinería a los que obligaban a vivir en el interior de las naves y a los que les quitaban el pasaporte y el teléfono.
Las víctimas, sin conocimiento del idioma y con gran necesidad económica, según detalla el fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, estaban atemorizadas por las posibles represalias que los encausados podían tomar respecto de su familia en su país.
Los vietnamitas «aceptaban este trabajo inicialmente porque estaban obligados a pagar la deuda contraída por su traslado a España y por el hecho de poder alimentar a su familia en Vietnam».
«Dormían en colchones en el suelo, junto a los productos químicos que usaban para el cultivo. No gozaban de la más mínima salubridad para su aseso y permanecían las 24 horas dentro de las naves industriales», detalla el fiscal.
Los procesados les quitaron los teléfonos móviles y les proporcionaron otros con los que únicamente se podían comunicar con ellos, y no abonaron, en prácticamente ningún caso, las retribuciones comprometidas a los trabajadores.
La droga incautada entre las tres naves tenía un valor de cerca del millón de euros, detalla el fiscal en su escrito.
La Fiscalía solicita para los acusados penas que oscilan entre los cuatro años y cinco meses de prisión y los 47 años y medio por siete delitos de trata de seres humanos, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito contra la salud pública y otro delito de defraudación del fluido eléctrico. EFE
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