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El Gobierno aprueba un nuevo canon digital

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Vuelta al ‘canon digital’, el concepto que, en su día, instauró en España el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que el el Gobierno de Mariano Rajoy sustituyó por otro que, posteriormente, fue anulado tanto por tribunales europeos como nacionales (Tribunal Supremo). Fue una promesa electoral que no tuvo cobertura legal y que ha hecho que el Gobierno haya tenido que negociar un nuevo ordenamiento regulador, más acorde al texto anterior. Hoy, por tanto, se vuelve al concepto de ‘canon’ al soporte —teléfonos móviles, discos duros, ordenadores y cualquier soporte para el almacenamiento de datos digitales.

«El decreto ley que hoy presentamos lo que hace es sustituir el actual modelo de compensación equitativa financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por un modelo basado en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes y distribuidores de equipos, acompañado de un mecanismo efectivo de exceptuaciones y desembolsos», señalaba el ministro Portavoz, Iñigo Méndez de Vigo.

El nuevo sistema de canon digital, aprobado este lunes por el gobierno, establece una ‘implantación escalonada’ para ayudar al sector a que se adapte a la normativa, y etablece los siguientes cánones según soporte: Así, por un teléfono móvil o smartphone, los fabricantes abonarán 1,10 euros, y por un dispositivo electrónico con pantalla táctil o tablet, 3,15 euros. Así, según el ministro, se graban los mismos aparatos que el resto de nuestro entorno europeo, pero con precios sustancialmente más bajos.

A expensas del reglamento que lo desarrolle, el texto ha tenido, según el Gobierno, un gran consenso y ha contado con el apoyo de las autoridades europeas que, ante la negativa a aceptar el modelo de ‘compensación equitativa’ anterior y ante una posible sanción por parte de los organismos europeos, han permitido al gobierno español gozar del tiempo para tramitar una ley que ha contado con todos los colectivos implicados y los grupos políticos.

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Le cobran 12 euros por un colgador de bolso en un restaurante de Ibiza 

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colgador bolso restaurante Ibiza 
Restaurante japonés Wakame

La polémica se ha desatado en Ibiza tras conocerse el caso de una clienta que recibió en su cuenta un cargo de 12 euros por un simple gancho para colgar el bolso en la mesa. La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al restaurante japonés Wakame, ubicado en la isla, por considerar que se trata de una práctica abusiva contraria a la legislación de consumo.

El caso: de una oferta amable a un cobro inesperado

Según relató la afectada en la red social X (antes Twitter), la camarera del establecimiento le ofreció “amablemente” colocar su bolso en un gancho instalado en la mesa. En un primer momento, la clienta rechazó la propuesta, pero la insistencia del personal la llevó a aceptar. La sorpresa llegó al recibir la cuenta, donde figuraba un cargo adicional bajo el concepto «gancho bolsa».

El restaurante ha intentado justificar el cobro alegando que en ocasiones anteriores algunos clientes se llevaban el accesorio pensando que era gratuito. Por ello, aseguran que aplican el importe como “depósito” para evitar olvidos a la hora de retirarlo, afirmando que se descuenta al pagar salvo que el cliente quiera quedárselo.

Sin embargo, FACUA señala que en ningún momento se informó a la consumidora del coste antes de ofrecerle el servicio, algo que la ley obliga a hacer de forma clara y previa. Además, recuerdan que este tipo de colgadores se pueden adquirir en el mercado por poco más de un euro, lo que hace que el cobro resulte “desproporcionado y abusivo”.

Qué dice la ley sobre este tipo de cobros

FACUA fundamenta su denuncia en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta norma prohíbe prácticas comerciales desleales, cobros por servicios no solicitados expresamente y cláusulas abusivas que generen un desequilibrio entre las partes.

Asimismo, el artículo 20 establece que cualquier servicio debe mostrar su precio final completo, incluyendo impuestos y gastos adicionales, antes de que el consumidor lo acepte.

La Ley 7/2014 de las Islas Baleares también sanciona la utilización de métodos de venta que induzcan a pagar servicios accesorios no solicitados o que confundan al consumidor sobre su coste real.

FACUA pide sanciones

Ante estos hechos, FACUA ha solicitado a la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno balear que abra una investigación y, en caso de confirmarse la irregularidad, imponga un expediente sancionador al restaurante.

La asociación recuerda que cualquier establecimiento que quiera cobrar por un servicio opcional debe informar de forma previa y clara al cliente y permitirle decidir libremente si lo adquiere o no. De lo contrario, la ley considera que se trata de un obsequio o atención comercial y no puede cobrarse después.

Un debate que incendia las redes

El caso ha provocado un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios han criticado el cobro y lo consideran un ejemplo de cómo algunos negocios aplican tarifas abusivas en zonas turísticas como Ibiza. Otros apuntan que, aunque el restaurante intente justificarlo como un “depósito”, el hecho de no informar previamente vulnera los derechos básicos de los consumidores.

FACUA concluye que este tipo de prácticas dañan la imagen del sector hostelero y suponen un riesgo para el turismo de calidad en las Islas Baleares.

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