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Valencia

Más de 45.000 refugiados en la Comunitat por la guerra en Ucrania

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Madrid/València, 22 feb (OFFICIAL PRESS – EFE).- A dos días de cumplirse el primer aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, España ha concedido la protección temporal a más de 168.000 ciudadanos y residentes de ese país, más de 45.000 en la Comunitat Valenciana.

Más de 45.000 refugiados en la Comunitat por la guerra en Ucrania

En concreto, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior la Policía Nacional ha tramitado y concedido hasta este martes 168.131 protecciones temporales a las personas que buscan refugio en nuestro país, según datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

 

Las franjas de edad

El 63 % de estas personas son mujeres (105.998) y el 37 % hombres (62.133), y por franja de edad, el 33 % son menores, el 25,5 % tienen entre 19 y 35 años, el 34,5 % tiene entre 36 y 64, y solo el 7 % tiene más de 65 años.

Además, la mayoría (98,2 %) son ciudadanos de nacionalidad ucraniana, mientras que el 1,8 % son personas de otras  nacionalidades que residían legalmente en territorio ucraniano cuando estalló la guerra.

La Comunitat Valenciana a la cabeza

La Comunitat Valenciana (45.379), Cataluña (38.616), Andalucía (24.002) y Madrid (23.646) son las comunidades autónomas en las que se han tramitado y concedido más protecciones temporales.

El éxodo sin precedentes provocado por la invasión rusa hizo que por primera vez se activara la directiva europea de protección temporal, redactada hace 20 años tras el conflicto de los Balcanes, que garantiza a los desplazados permiso de residencia y trabajo y acceso a la sanidad, la educación y ayudas económicas.

 

Interior destaca que los datos sitúan a España entre los países europeos que más protecciones temporales ha otorgado a ciudadanos y residentes en Ucrania y recuerda que al tener libertad de movimiento «no es posible determinar» en la actualidad el número de personas que permanecen en España dentro del sistema nacional de acogida.

 Desglose de protecciones temporales por comunidades autónomas:

Andalucía 24.002

Aragón 3.613

Asturias 1.584

Baleares 3.185

Canarias 4.364

Cantabria 1.500

Castilla y León 3.964

Castilla-La Mancha 2.932

Cataluña 38.616

Ceuta 15

Comunitat Valenciana 45.379

Extremadura 743

Galicia 2.849

Madrid 23.646

Melilla 19

Murcia 5.335

Navarra 1.636

País Vasco 4.153

Rioja, La 596

TOTAL 168.131

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Salud y Bienestar

La muerte de la niña de Alzira reabre el debate sobre los riesgos de la anestesia: ¿cuáles son los peligros reales?

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PEXELS

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) ha trasladado sus condolencias a la familia de la niña de 6 años fallecida tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada en Alzira. Además, ha insistido en la importancia de que las sedaciones sean “realizadas exclusivamente por médicos especialistas en Anestesiología y Reanimación”. Estos son los riesgos reales de la anestesia.

Llamamiento a la prudencia y advertencia sobre la falta de información clínica

La SEDAR, en un comunicado, ha hecho un llamamiento a la “prudencia, respeto y responsabilidad institucional”, subrayando que actualmente “se desconocen los datos clínicos y las circunstancias exactas” del suceso. Por ello, remarcan que no pueden valorar causas ni responsabilidades hasta que avance la investigación.

La sedación con fármacos anestésicos generales: un procedimiento de alto riesgo

El organismo científico ha insistido en que las sedaciones que emplean fármacos anestésicos generales son “procedimientos con riesgos potencialmente graves, incluso vitales”. Por ello, recalcan que deben realizarse únicamente por especialistas en Anestesiología y Reanimación, los únicos con formación avanzada en farmacología, fisiología, manejo de la vía aérea, ventilación mecánica y reanimación avanzada.

La SEDAR recuerda que, en los últimos años, ha advertido reiteradamente de un “problema muy serio”: la autorización de sedaciones profundas para ser administradas por profesionales que no son anestesistas. Esto incluye médicos de otras especialidades como neumología, cardiología, digestivo o urgencias, e incluso enfermería, mediante cursos que no equivalen a una especialidad médica completa.

Normativas que permiten sedaciones sin anestesistas: un riesgo para el paciente

Según la SEDAR, estas normativas autonómicas generan un riesgo añadido porque los anestésicos generales pueden provocar “apnea, depresión respiratoria y colapso cardiovascular en cuestión de segundos”. Para la entidad, la administración de estos fármacos “exige la formación avanzada específica” de los anestesiólogos.

“El anestesista es el único profesional con la capacitación completa para realizar sedaciones de forma segura y responder de manera inmediata ante cualquier complicación”, remarcan.

Recomendaciones a los pacientes y mensaje del presidente de SEDAR

La SEDAR recomienda a la ciudadanía que, antes de someterse a una sedación, “pregunten siempre quién la va a realizar y verifiquen que se trata de un médico especialista en Anestesiología y Reanimación”.

El presidente de la sociedad, el doctor Javier García Fernández, ha destacado que “la seguridad del paciente es el compromiso central e irrenunciable de la SEDAR”. Ha subrayado también que “la sedación profunda no es un procedimiento menor” y que toda la comunidad sanitaria debe reflexionar tras un suceso tan grave.

La anestesia siempre conlleva riesgo, incluso en manos expertas

SEDAR recuerda que la anestesiología es una disciplina compleja que requiere vigilancia constante y experiencia. “Incluso realizada por profesionales plenamente cualificados, nunca está completamente exenta de riesgo”, advierten.

Por ello, insisten en que estos procedimientos deben realizarse “bajo los estándares máximos de seguridad” y con equipamiento adecuado.

Compromiso de la SEDAR con la seguridad y la evidencia científica

La entidad afirma que seguirá defendiendo que la seguridad del paciente esté “por encima de cualquier otro factor” y trabajará con evidencia científica para evitar que normativas o decisiones organizativas permitan prácticas que puedan comprometer la salud de los ciudadanos.

 

 

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