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El Gobierno prorrogra seis meses el IVA reducido de las mascarillas quirúrgicas pero sigue sin bajar el de las FFP2

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Foto: Radofarma

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno prorrogará el IVA superreducido del 4% de las mascarillas quirúrgicas desechables durante el primer semestre de 2022, pero sigue sin reducir el IVA de las FFP2 que son las que todos los expertos recomiendam.

La medida, que se aprobará en las próximas semanas en el Consejo de Ministros, se adopta ante la evolución de la pandemia de la COVID-19 con el objetivo de mantener accesible al mayor número de ciudadanos este producto.

El Gobierno aprobó el 17 de noviembre de 2020 un Real Decreto-ley que, entre otras medidas, rebajó el IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables del 21% al 4% hasta el 31 de diciembre de 2021. Ahora, este gravamen superreducido, uno de los más bajos de la UE, se extenderá en 2022.

Además, la ministra Montero ha señalado durante su intervención en el debate de vetos a los Presupuestos Generales de 2022 en el Senado, que el Gobierno también ampliará durante el primer semestre del próximo año la aplicación del tipo 0 del IVA a la importación de material sanitario para combatir la COVID-19 adquirido por las administraciones públicas, centros sanitarios y entidades sociales.

La extensión de esta medida, que actualmente finaliza el próximo 31 de diciembre, se producirá después de que la Comisión Europea emita su Decisión, la cual se espera para las próximas semanas. Cabe destacar que España fue uno de los primeros países de la UE en aplicar esta medida habilitada por la Comisión Europea en abril de 2020.

Presupuestos como elemento de estabilidad

Durante su intervención en el Senado, la ministra de Hacienda ha defendido la importancia de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para lograr que la recuperación llegue «hasta el último rincón de España, favoreciendo la convergencia y evitando que la salida de la crisis se produzca a varias velocidades».

En este sentido, la ministra ha resaltado la voluntad de diálogo del Gobierno para lograr el máximo consenso, como demuestra que hasta 11 formaciones políticas respaldaran las cuentas públicas en el Congreso. «Creemos que nadie sobra en esta fase de la recuperación económica, ni tampoco en la construcción de estas cuentas y en nuestro futuro colectivo», ha subrayado.

Un amplio apoyo que Montero ha considerado clave para trasladar «un potente mensaje de confianza y estabilidad». De hecho, la titular de Hacienda y Función Pública ha destacado que estos son los segundos Presupuestos consecutivos que se tramitan para ser aprobados en tiempo y forma, algo que no ocurría desde 2015.

La ministra ha puesto en valor el gasto social en los Presupuestos de 2022, que asciende a 240.375 millones de euros, la mayor cifra de la historia. Unas cuentas públicas que apuestan especialmente por los jóvenes con 12.550 millones en políticas destinadas a este colectivo, con importantes recursos para facilitar el acceso a la vivienda o para impulsar la Formación Profesional.

Unos Presupuestos que impulsan la transformación de la economía a través de los fondos europeos, que permitirán avanzar en la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y la cohesión territorial y social. En concreto, las cuentas públicas incluyen 26.900 millones de euros del Mecanismo de Recuperación, lo que supone un 11% más que en los Presupuestos de 2021.

Asimismo, la ministra ha destacado en el Senado, donde están representados los intereses territoriales, la apuesta de los Presupuestos por abordar el reto demográfico al movilizar 4.200 millones para estas políticas a través de proyectos de movilidad rural, de transición energética, de sostenibilidad y fomento del turismo de interior, de mejora de la competitividad del sector agrícola y ganadero o para apoyar los cuidados de larga duración en zonas en riesgo demográfico.

Montero también ha resaltado el apoyo que las cuentas públicas suponen para la financiación de las administraciones territoriales con el objetivo de fortalecer el Estado del Bienestar, cuyas principales competencias recaen en las Comunidades Autónomas. De hecho, si a los recursos del sistema de financiación se incorporan los 7.000 millones extraordinarios y los fondos europeos, las comunidades contarán el próximo año con 126.500 millones de euros.

Cumplimiento de la previsión de ingresos

En cualquier caso, la ministra ha explicado que la apuesta por reforzar el Estado del Bienestar es compatible con la sostenibilidad de las cuentas públicas. De hecho, la previsión es que el déficit público baje hasta el 5% del PIB en 2022, lo que supone una reducción de más de la mitad en dos años. Asimismo, la previsión es que la ratio de deuda baje cuatro puntos en solo un año.

Una reducción que se produce por la buena evolución de los ingresos públicos debido al crecimiento económico sustentado por los buenos datos de la campaña de vacunación. En concreto, la ministra ha anunciado que la recaudación cerrará este año con un aumento superior al 10,8% que figura en el avance de liquidación incluido en los Presupuestos de 2021. «Estamos en disposición de cumplir la previsión de recaudación incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021», ha señalado la ministra, que también ha destacado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy recaudó siempre menos de lo que presupuestó durante los siete años en los que gobernó.

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Un grupo de hackers chantajea a Hacienda con publicar los datos robados de 47 millones de españoles

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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2022

Un grupo de hackers que se hace llamar HaciendaSec ha lanzado una grave amenaza contra el Ministerio de Hacienda, asegurando haber vulnerado sus sistemas informáticos y robado los datos personales y financieros de más de 47 millones de españoles. Los ciberdelincuentes exigen un pago para no publicar ni vender la información en la internet oscura (Dark Web).

Según la información difundida por la propia banda, el ataque habría permitido acceder a una base de datos actualizada con información sensible de 47,3 millones de ciudadanos, entre la que se incluirían números de DNI y NIF, nombres y apellidos, direcciones postales, teléfonos, correos electrónicos y datos bancarios como el IBAN.

Datos fiscales y financieros entre la información robada

El chantaje no se limita únicamente a datos personales. Los hackers aseguran disponer también de información fiscal y financiera relacionada con declaraciones de impuestos, tanto de ciudadanos particulares como de empresas, lo que incrementa notablemente el riesgo de fraudes, estafas y suplantaciones de identidad.

La alerta sobre este presunto ciberataque procede de la plataforma especializada en ciberseguridad Hackmanac, dedicada a monitorizar ataques informáticos verificados y a advertir de posibles brechas de seguridad de gran impacto.

Venta de los datos en la Dark Web

Según las advertencias de los expertos, los datos robados estarían ya ofreciéndose a la venta en foros clandestinos, donde podrían ser adquiridos por redes criminales para phishing dirigido, extorsión, fraude bancario o chantaje personalizado.

Por el momento, no se ha confirmado un uso masivo de la información, aunque los especialistas alertan de que el riesgo aumenta con el paso del tiempo, especialmente si los datos permanecen accesibles en mercados ilegales.

España, objetivo recurrente de ciberataques

Este presunto ataque se suma a otros incidentes recientes sufridos por grandes entidades en España. Según estimaciones del sector de la ciberseguridad, el país registra una media de unas 30 incidencias informáticas graves al mes que afectan tanto a empresas privadas como a organismos públicos.

Antes de este supuesto hackeo al Ministerio de Hacienda, el último objetivo de los ciberdelincuentes en España habría sido un portal nacional de citas de carácter sexual, cuyos datos de usuarios ya estarían circulando libremente por la red oscura.

Investigación en curso

Hasta el momento, Hacienda no ha confirmado oficialmente la brecha de seguridad, aunque fuentes del sector señalan que las autoridades estarían analizando la veracidad de la información y el alcance real del ataque.

De confirmarse, se trataría de uno de los mayores robos de datos de la historia en España, con millones de ciudadanos potencialmente afectados.


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