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El Gobierno prorrogra seis meses el IVA reducido de las mascarillas quirúrgicas pero sigue sin bajar el de las FFP2

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Foto: Radofarma

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno prorrogará el IVA superreducido del 4% de las mascarillas quirúrgicas desechables durante el primer semestre de 2022, pero sigue sin reducir el IVA de las FFP2 que son las que todos los expertos recomiendam.

La medida, que se aprobará en las próximas semanas en el Consejo de Ministros, se adopta ante la evolución de la pandemia de la COVID-19 con el objetivo de mantener accesible al mayor número de ciudadanos este producto.

El Gobierno aprobó el 17 de noviembre de 2020 un Real Decreto-ley que, entre otras medidas, rebajó el IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables del 21% al 4% hasta el 31 de diciembre de 2021. Ahora, este gravamen superreducido, uno de los más bajos de la UE, se extenderá en 2022.

Además, la ministra Montero ha señalado durante su intervención en el debate de vetos a los Presupuestos Generales de 2022 en el Senado, que el Gobierno también ampliará durante el primer semestre del próximo año la aplicación del tipo 0 del IVA a la importación de material sanitario para combatir la COVID-19 adquirido por las administraciones públicas, centros sanitarios y entidades sociales.

La extensión de esta medida, que actualmente finaliza el próximo 31 de diciembre, se producirá después de que la Comisión Europea emita su Decisión, la cual se espera para las próximas semanas. Cabe destacar que España fue uno de los primeros países de la UE en aplicar esta medida habilitada por la Comisión Europea en abril de 2020.

Presupuestos como elemento de estabilidad

Durante su intervención en el Senado, la ministra de Hacienda ha defendido la importancia de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para lograr que la recuperación llegue «hasta el último rincón de España, favoreciendo la convergencia y evitando que la salida de la crisis se produzca a varias velocidades».

En este sentido, la ministra ha resaltado la voluntad de diálogo del Gobierno para lograr el máximo consenso, como demuestra que hasta 11 formaciones políticas respaldaran las cuentas públicas en el Congreso. «Creemos que nadie sobra en esta fase de la recuperación económica, ni tampoco en la construcción de estas cuentas y en nuestro futuro colectivo», ha subrayado.

Un amplio apoyo que Montero ha considerado clave para trasladar «un potente mensaje de confianza y estabilidad». De hecho, la titular de Hacienda y Función Pública ha destacado que estos son los segundos Presupuestos consecutivos que se tramitan para ser aprobados en tiempo y forma, algo que no ocurría desde 2015.

La ministra ha puesto en valor el gasto social en los Presupuestos de 2022, que asciende a 240.375 millones de euros, la mayor cifra de la historia. Unas cuentas públicas que apuestan especialmente por los jóvenes con 12.550 millones en políticas destinadas a este colectivo, con importantes recursos para facilitar el acceso a la vivienda o para impulsar la Formación Profesional.

Unos Presupuestos que impulsan la transformación de la economía a través de los fondos europeos, que permitirán avanzar en la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y la cohesión territorial y social. En concreto, las cuentas públicas incluyen 26.900 millones de euros del Mecanismo de Recuperación, lo que supone un 11% más que en los Presupuestos de 2021.

Asimismo, la ministra ha destacado en el Senado, donde están representados los intereses territoriales, la apuesta de los Presupuestos por abordar el reto demográfico al movilizar 4.200 millones para estas políticas a través de proyectos de movilidad rural, de transición energética, de sostenibilidad y fomento del turismo de interior, de mejora de la competitividad del sector agrícola y ganadero o para apoyar los cuidados de larga duración en zonas en riesgo demográfico.

Montero también ha resaltado el apoyo que las cuentas públicas suponen para la financiación de las administraciones territoriales con el objetivo de fortalecer el Estado del Bienestar, cuyas principales competencias recaen en las Comunidades Autónomas. De hecho, si a los recursos del sistema de financiación se incorporan los 7.000 millones extraordinarios y los fondos europeos, las comunidades contarán el próximo año con 126.500 millones de euros.

Cumplimiento de la previsión de ingresos

En cualquier caso, la ministra ha explicado que la apuesta por reforzar el Estado del Bienestar es compatible con la sostenibilidad de las cuentas públicas. De hecho, la previsión es que el déficit público baje hasta el 5% del PIB en 2022, lo que supone una reducción de más de la mitad en dos años. Asimismo, la previsión es que la ratio de deuda baje cuatro puntos en solo un año.

Una reducción que se produce por la buena evolución de los ingresos públicos debido al crecimiento económico sustentado por los buenos datos de la campaña de vacunación. En concreto, la ministra ha anunciado que la recaudación cerrará este año con un aumento superior al 10,8% que figura en el avance de liquidación incluido en los Presupuestos de 2021. «Estamos en disposición de cumplir la previsión de recaudación incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021», ha señalado la ministra, que también ha destacado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy recaudó siempre menos de lo que presupuestó durante los siete años en los que gobernó.

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Reducción de la jornada laboral: quién puede beneficiarse de ella y quién no

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La jornada laboral de 37,5 horas no será para todos: más de 6,3 millones de españoles quedarán excluidos

Autónomos y empleados públicos no se beneficiarán de la nueva reducción de jornada que llega al Congreso

La reducción de la jornada laboral en España entra en debate este miércoles 30 de abril en el Congreso de los Diputados. El Gobierno busca limitar legalmente la jornada semanal a un máximo de 37,5 horas sin reducción salarial, pero la medida no será universal: más de 6,3 millones de trabajadores quedarán excluidos, lo que ha generado inquietud entre los colectivos afectados.

Entre los principales excluidos de la jornada laboral reducida se encuentran los autónomos y los empleados públicos, dos pilares fundamentales del tejido económico y social del país. Además, la medida tampoco afectará a aquellos trabajadores con convenios colectivos que ya contemplan jornadas por debajo del nuevo límite propuesto.

¿Quiénes no podrán acogerse a la jornada de 37,5 horas?

1. Autónomos: sin jornada legal y sin protección

El colectivo de trabajadores autónomos, que supera los 3 millones de personas en España, no tendrá acceso a la reducción de jornada. Al operar por cuenta propia, su tiempo de trabajo no está regulado por ley. Aunque no se ven afectados directamente, muchos de ellos deberán reorganizar sus horarios y asumir el impacto de los cambios si emplean personal contratado que sí se beneficie de la nueva normativa.

Esto podría traducirse en un aumento de costes laborales o en una reestructuración interna de sus negocios para mantener la operatividad, sobre todo en el caso de pequeñas empresas o profesionales independientes.

2. Empleados públicos: regulados por normativas distintas

En el caso de los funcionarios y empleados públicos, su jornada está determinada por regulaciones propias. Muchos ya trabajan 35 horas semanales o menos, por lo que no se verán afectados por la reforma.

Sin embargo, esta exclusión ha provocado quejas dentro del sector público, donde algunos sindicatos pedían una homologación generalizada que equiparara las condiciones laborales de todos los trabajadores del país.

¿A quién beneficia la nueva reducción de jornada?

La nueva medida se aplicará a trabajadores por cuenta ajena del sector privado cuya jornada actual supere las 37,5 horas semanales. El objetivo es impulsar la conciliación familiar, mejorar la salud laboral y aumentar la productividad, en línea con modelos implantados en otros países europeos.

El impacto será más notable en sectores como el comercio, la hostelería, la industria o los servicios, donde aún predominan jornadas largas. La aplicación será progresiva y dependerá de negociaciones colectivas con patronales y sindicatos.

Una reforma laboral con grandes ausencias

Pese al avance que supone para muchos trabajadores, la nueva jornada laboral en España deja fuera a una parte importante del mercado laboral. Más de 6,3 millones de personas —entre autónomos y empleados públicos— no se beneficiarán directamente, lo que pone en evidencia la desigualdad estructural en el acceso a los derechos laborales en el país.

Esta exclusión plantea desafíos importantes: cómo adaptar la legislación para ser más inclusiva y cómo compensar a quienes, por la naturaleza de su trabajo, no pueden acceder a reformas que buscan mejorar la calidad de vida del trabajador medio.

 

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