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El juez da cinco días a Urdangarin y a Diego Torres para entrar en prisión

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condenas caso Nóos

Este miércoles Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas han acudido a la Audiencia de Palma para recoger la orden de prisión. El exsocio del marido de la Infanta Cristina entraba en la Audiencia y el magistrado le ha comunicado el plazo de cinco días para efectuar su ingreso en prisión. Para el resto de citados se contempla el mismo plazo.

El martes Iñaki Urdangarin vió como el Tribunal Supremo rebajaba su condena por el caso Nóos. Y es que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha reducido cinco meses -hasta los 5 años y 10 meses- la condena que le había puesto la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

Así, el marido de la Infanta Cristina pasa de una pena de seis años y 3 meses de cárcel por delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y 2 delitos fiscales a una de cinco años y 10 meses.

Esta decisión dejaría al ex Duque de Palma al borde de la entrada en prisión, ya que el Tribunal Constitucional, al que previsiblemente recurrirá su defensa, viene tradicionalmente teniendo en cuenta como límite las penas de entre 5 y 6 años de cárcel para decidir si suspende o no la ejecución de las condenas mientras resuelve sobre el amparo de las mismas.

Esta decisión judicial se conoce justo un día antes del 53 cumpleaños de la Infanta Cristina. En su caso, el Tribunal Supremo ha confirmado su responsabilidad a título lucrativo por el caso Nóos, pero ha reducido la cuantía fijada inicialmente por la Audiencia de Palma hasta los 136.950 euros al eliminarse su responsabilidad civil en los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración por los que fue condenado su marido Iñaki Urdangarín. Sin embargo, los 128.000 euros rebajados deberán ser pagados por su cónyuge.

En cuanto a Diego Torres, ha sido condenado por los delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración, y le absuelve de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental dentro del caso Nóos. Su pena se ha rebajado de 8 años y medio a 5 años y ocho meses de prisión.

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Hoy se decide si Ábalos y Koldo entran en prisión antes del juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo examina este jueves un punto crítico del llamado caso Koldo. El magistrado Leopoldo Puente ha citado a declarar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García para evaluar si deben ingresar en prisión preventiva mientras se acerca el juicio por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia.

✔ Acusaciones populares piden prisión preventiva

Varias acusaciones populares, entre ellas la liderada por el Partido Popular, solicitan que ambos imputados pasen a situación de prisión provisional al considerar que existen riesgos procesales —como destrucción de pruebas o posible fuga— ahora que la causa se encuentra “a un paso de juicio”.

La comparecencia ante el juez Puente será determinante para valorar si mantienen la libertad actual o si el tribunal adopta medidas más severas antes de la apertura del juicio oral.

✔ Ábalos y Koldo, cada vez más cercados por la instrucción

La investigación judicial ha avanzado hasta estrechar el cerco sobre Ábalos y Koldo García, señalados en el epicentro de una supuesta red de comisiones y contratos irregulares vinculados a material sanitario en los peores meses de la pandemia.

La causa, que afecta también a otros ex altos cargos y empresarios, ha ido sumando indicios que, según las acusaciones, justificarían endurecer las medidas cautelares ante la inminencia de la siguiente fase procesal.

✔ Una cita decisiva en el Supremo

La comparecencia prevista para mañana se perfila como una de las sesiones más relevantes del caso:

  • Si el magistrado estima las peticiones, Ábalos y García podrían entrar en prisión de forma inmediata.

  • Si las rechaza, ambos seguirán en libertad a la espera de juicio, aunque con la posibilidad de nuevas medidas como retirada de pasaporte o comparecencias periódicas.

La decisión del Supremo marcará el rumbo final de un procedimiento que ha tenido un fuerte impacto político y mediático.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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