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Valencia

El juez imputa al hermano de Ximo Puig por recibir más de 400.000 euros en ayudas al valenciano

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VALÈNCIA, 29 Oct. – El Juzgado de Instrucción número 4 de València ha citado a declarar el próximo 10 de diciembre, en calidad de investigados, a Francisco Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions y hermano del ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano.

La citación se produce a raíz de la querella interpuesta por el PP por las ayudas al fomento del valenciano concedidas a las mercantiles, que según los ‘populares’, «han recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde el 2015 para ayudas al fomento del valenciano sin ningún tipo de control».

Así figura en una resolución del juzgado, datada de este lunes, 28 de octubre, y consultada por Europa Press, en la que el magistrado decreta, tras recibir diversa documentación requerida a la Conselleria de Educación –de la que depende la Dirección General de Multilingüismo– que se forme una pieza aparte con dichos documentos a fin de dar traslado a las partes.

Igualmente, en la providencia –contra la que cabe recurso en el plazo de tres días– pide que se informe al ministerio fiscal y a las partes personadas para que en una audiencia formulen alegaciones sobre el plazo de instrucción de la causa o la posible declaración de complejidad. Finalmente, decide citar a los querellados –Rubén Trenzano y Francisco Puig– el 10 de diciembre para que presten declaración como investigados.

En la querella, firmada por la diputada ‘popular’ Eva Ortiz, se solicitaba el inicio de una investigación penal para analizar la documentación que acreditara la concesión a las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions de subvenciones para el fomento del valenciano, al considerar que «no se cumplían los requisitos exigidos». También se pedía investigar «las actuaciones arbitrarias llevadas a cabo por parte de Rubén Trenzano y Francisco Puig, que podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones».

Esta querella se interpuso inicialmente en los juzgados de Vinaròs (Castellón) –ya que las empresas de Francisco Puig están radicadas en la localidad castellonense de Morella– pero se archivó al considerar que no tenían competencia territorial. Posteriormente, se presentó en València y recayó en el Juzgado de Instrucción número 4, que trasladó de nuevo la cuestión a Vinaròs.

Por este conflicto de competencias se ha tenido que pronunciar la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha acordado finalmente que debe ser el juzgado de València el que se ocupe de la instrucción de los hechos, dado que el delito que lleva aparejada mayor pena –el de prevaricación— «debe ser investigado por el órgano judicial del territorio en el que se ha dictado la resolución injusta».

En este caso, la querella del PP atribuye su comisión a Trenzano y a su Dirección General desde donde se dio la orden de pago que, según los ‘populares’, provocó la «fraudulenta disposición de los fondos públicos» y cuya sede se encuentra en València.

Asimismo, añade que la acción de malversar «se consuma cuando se realiza el acto que genera la disposición de los fondos públicos» y que los expedientes administrativos se tramitaron en la Dirección General de Política Lingüística, por lo que la cercanía a las fuentes de prueba aconseja seguir la instrucción en València.

FALSEDAD DOCUMENTAL
Cabe recordar que el PP interpuso otra querella contra Trenzano, en esta ocasión por falsedad documental, asegurando que el director general «mentía» cuando dijo que se habían fiscalizado las ayudas al fomento del valenciano concedidas a dos empresas «vinculadas a la familia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig».

En concreto, los ‘populares’ llevaron a los tribunales el acuerdo de 6 de abril de 2018, dictado por Trenzano, por el que desestimó una solicitud formulada el 27 de febrero por la diputada Eva Ortiz, en su calidad de su portavoz del Grupo Popular en Les Corts, en la cual «intimaba la cesación de la inactividad material y en la ejecución de sus propios actos de la Administración de la Generalitat en la fiscalización de las subvenciones otorgadas en los ejercicios 2015 y 2016» para el fomento del valenciano a las dos empresas mencionadas.

En un primer momento, el Juzgado de Instrucción número 9 de València decidió sobreseer el procedimiento al entender que las manifestaciones de Trenzano debían encuadrarse «en el ámbito de las declaraciones con carácter político, administrativo y más propio de la disputa política», cuyo foro de tratamiento es la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sin embargo, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, tras estudiar el recurso de apelación presentado por el PP, decidió a finales del mes de mayo revocar el archivo y ordenar la continuación de la causa.

El pasado mes de junio el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de València ha citado a declarar en calidad de querellado al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y requirió documentación a la Conselleria de Educación. En julio, Trenzano acudió a los juzgados a declarar y se mostró «muy tranquilo» afirmando que esta causa formaba parte de «una estrategia del PP para erosionar».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Sucesos

Detenido un exconvicto por el presunto homicidio de un empresario desaparecido de Bocairent

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Desaparecido empresario Bocairent

La Guardia Civil arresta a Antonio C. B., condenado previamente por asesinato, tras hallar pruebas biológicas en el vehículo y en la casa rural de la víctima

4 de julio de 2025 — La Guardia Civil ha detenido a Antonio C. B., un expresidiario con antecedentes por homicidio, como presunto autor de la muerte de un empresario desaparecido el pasado 29 de mayo en circunstancias sospechosas. Aunque el cuerpo aún no ha sido localizado, los investigadores han reunido pruebas concluyentes que apuntan a una muerte violenta.

La detención se ha llevado a cabo tras días de vigilancia discreta por parte del Grupo de Homicidios, que esperaba el resultado de pruebas de ADN para proceder al arresto con todas las garantías judiciales. La investigación apunta a que el empresario, Enrique G., de 77 años, pudo ser asesinado el mismo día de su desaparición.

Pruebas biológicas y una escena del crimen clara

La clave para esclarecer el caso ha sido el trabajo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que analizó tanto el vehículo de la víctima como su casa rural, donde se localizaron salpicaduras de sangre por proyección. El estudio detallado de esas manchas permitió deducir la trayectoria del arma blanca empleada, la dirección del ataque y la violencia del mismo.

Además, se hallaron vestigios biológicos del detenido en el coche, un Volkswagen Golf, presuntamente utilizado para transportar el cadáver. El análisis de estas pruebas, junto con el cotejo de ADN, fue decisivo para vincular al sospechoso con el crimen.

Una fuga sospechosa y antecedentes por asesinato

Según fuentes de la investigación, el día de la desaparición, una patrulla local observó maniobras extrañas en el vehículo de Enrique G. al entrar en una localidad próxima. El conductor, que no fue identificado en ese momento, huyó a gran velocidad, lo que generó sospechas. Todo apunta a que Antonio C. B. trasladaba el cuerpo sin vida del empresario en ese momento.

El arrestado ya fue condenado en 2006 por otro homicidio, cuando mató a cuchilladas al propietario de un establecimiento nocturno tras una discusión. Aquel crimen fue reconocido por el propio Antonio durante el juicio, tras pagar una indemnización a la familia de la víctima.

Hipótesis principal: venganza o robo

Los agentes investigan el móvil del crimen, ya que ambos hombres mantenían desavenencias tras una denuncia por intento de robo interpuesta por Enrique G. La víctima solía dormir en su casa rural en venta, donde realizaba labores de mantenimiento y mostraba la propiedad a posibles compradores.

Todo apunta a que Antonio C. B. entró en la vivienda con intención de robar o ajustar cuentas, y que, tras cometer el homicidio, trató de ocultar el cadáver sin éxito.

La investigación sigue abierta y la prioridad ahora es localizar el cuerpo del empresario para esclarecer completamente lo ocurrido.

 

 

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