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El personal sanitario de la Conselleria podrá jubilarse a los 70 años por necesidades de la organización

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VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) – El pleno del Consell ha aprobado el decreto que regula el Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH) 2019-2021 del personal de gestión directa de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que regula la prolongación de permanencia en el servicio activo que, con carácter general, será hasta los 67 años y podrá prolongarse hasta los 70 años cumpliendo determinados requisitos relacionados con las necesidades de la organización.

El objetivo, según ha explicado la vicepresidenta del ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, es aportar una mayor eficiencia al sistema sanitario y ayudar a conseguir la mayor estabilidad laboral para los profesionales de la sanidad pública valenciana.

El Plan contempla los instrumentos necesarios para determinar los criterios con los que se van a establecer los planes anuales de gestión del propio PORH, los planes de formación anuales del personal, los descriptores de puestos tipos y los cuadros de mando de dirección de recursos humanos para los Departamentos de Salud. En este sentido, se pretende potenciar la formación, la docencia e investigación, así como la socialización del conocimiento experto.

Los principales objetivos del POHR son, entre otros, lograr una gestión más eficiente, adaptando la disponibilidad de recursos humanos a las necesidades asistenciales de la población y consiguiendo así la adecuación de las plantillas; permitir la mejora de la calidad del empleo, potenciando la reducción de la temporalidad del personal, y obteniendo, en consecuencia, una mayor estabilidad en el empleo dentro del ámbito de las instituciones sanitarias.

Asimismo, se pretende homogeneizar las condiciones de prestación de los servicios sanitarios en los distintos territorios atendiendo a sus características específicas; promocionar la gestión por competencias y potenciar la formación de los profesionales. Para ello, cuenta con una serie de medidas que coadyuvarán para obtener dichos objetivos.

PROLONGACIÓN DE LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO ACTIVO
Otro de los aspectos que regula el Decreto es la prolongación de la permanencia en el servicio activo para el desempeño profesional más allá de los 65 años, buscando compaginar, por un lado, el rejuvenecimiento de la plantilla y, por otro, evitar el impacto asistencial de la pérdida del conocimiento experto.

Para ello, el Decreto regula la posibilidad de prolongación de la etapa laboral hasta los 67 años, siempre que se cumplan determinados requisitos con el fin de satisfacer intereses o necesidades de la organización, eliminando las restricciones que para esa autorización establecía la anterior normativa, siempre teniendo en cuenta criterios de calidad asistencial, técnica investigadora, compromiso con la organización y transmisión del conocimiento experto.

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Begoña Gómez solicita aplazar su declaración ante el juez Peinado debido a un compromiso

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Begoña Gómez y Pedro Sánchez-EFE

La esposa del presidente del Gobierno pide fijar una nueva fecha debido a un compromiso previo en Arona, Tenerife.

El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha presentado una solicitud ante el juez Juan Carlos Peinado para suspender la declaración como investigada de la esposa del presidente del Gobierno, prevista inicialmente para el próximo 11 de septiembre de 2025.

El motivo alegado en el escrito es que ese mismo día Begoña Gómez tiene fijado otro señalamiento judicial en Arona, Tenerife, lo que imposibilita su comparecencia ante el juzgado que instruye la causa en cuestión. El abogado ha pedido formalmente que se fije una nueva fecha para la declaración, asegurando que la interesada cumplirá con sus obligaciones judiciales en cuanto sea posible.


Contexto del procedimiento

La declaración se produce en el marco de un procedimiento judicial en el que Begoña Gómez figura como investigada. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre el objeto de la investigación ni sobre las diligencias previas. La solicitud de aplazamiento ha sido presentada ante el juez Peinado, encargado de la instrucción.


Próximos pasos

La decisión sobre el aplazamiento y fijación de nueva fecha depende del juez, quien evaluará la compatibilidad de la agenda de la investigada con los plazos procesales. Este procedimiento judicial sigue en curso, y cualquier cambio en el calendario será comunicado oficialmente por el juzgado.

 

Malversación y tráfico de influencias: los cargos contra Begoña Gómez

Begoña Gómez ya estaba siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca en relación con su papel como codirectora de varios másteres y una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Ahora, la investigación judicial se centra en si su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, habría dedicado parte de su jornada laboral a tareas personales y académicas para Gómez, como el envío de correos electrónicos a empresas colaboradoras de la universidad y gestiones con patrocinadores.

La Audiencia de Madrid considera que podría haber existido una “desviación de medios públicos puestos al servicio de intereses privados”, lo que reforzó la línea de investigación de Peinado.

Las diligencias y pruebas clave

Entre las pruebas incorporadas figuran correos electrónicos enviados por Álvarez a patrocinadores como Reale Seguros o comunicaciones con directivos de Google relacionadas con la cátedra dirigida por Gómez.

Además, el juez ha solicitado la relación de llamadas de la exasesora para determinar si se excedió en las funciones para las que fue contratada por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, entonces bajo la dirección de Félix Bolaños.

Contexto político y judicial

La imputación de la esposa del presidente llega en un contexto de máxima tensión política y mediática. Aunque el Tribunal Supremo rechazó investigar a Bolaños por esta misma causa, al no apreciar indicios suficientes, la Audiencia ha mantenido abierta la vía por malversación contra Gómez y Álvarez.

De confirmarse los indicios, el caso podría convertirse en uno de los procesos judiciales más relevantes que afecten a la Moncloa en los últimos años, con repercusión directa en el Gobierno de Pedro Sánchez.

 

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