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El PP de Valencia pagó con dinero público la defensa de varios de sus imputados en Gürtel

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El Partido Popular (PP) de la Comunidad Valenciana ha pagado la defensa de varios de sus dirigentes en la pieza valenciana del juicio de Gürtel que juzgará la financiación irregular de la formación durante los años de Francisco Camps con dinero público.

Así lo relata el periódico ‘El Mundo’, que apunta que «las minutas de los abogados llegaban a las Cortes Valencianas» y éstas eran abonadas con la «subvención pública» que la formación popular recibe por tener representación en la cámara autonómica.

Según el rotativo, entre los dirigentes que se vieron beneficiados por esta medida se encuentra el exsecretario general del partido autonómico, Ricardo Costa; la exdiputada y extesorera, Yolanda García; y el exvicesecretario regional, David Serra.

La información detallada por ‘El Mundo’ asegura que las citadas minutas llegaron a ser de cantidades cercanas a los 40.000 euros, e incluían los servicios prestados por los abogados de la defensa durante la fase de instrucción que dirigió el juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) José Ceres.

Las minutas remitidas por varios despachos de abogados al PPCV señalan claramente el concepto de la factura como es la «asistencia jurídica» en la causa abierta de Gürtel por presunta financiación irregular.

Cabe señalar que la decisión de pagar dichas minutas con subvenciones públicas se realizó bajo el mandato de Alberto Fabra en el PP regional, justo cuando el exalcalde de Castellón aseguraba ser firme contra la corrupción.

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Podemos se abre a negociar el traspaso de competencias migratorias a Cataluña tras acuerdo con el PSOE

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Belarra amnistía

Madrid, 27 Ene. 2026 – La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que su formación política está abierta a negociar el traspaso de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña, después de cerrar un acuerdo con el PSOE para la regularización extraordinaria de migrantes sin papeles mediante decreto.

Belarra ha destacado que la prioridad del partido es garantizar los derechos de las personas migrantes y mejorar la gestión de la inmigración en España. Según sus declaraciones, el acuerdo con el PSOE permitirá avanzar en la regularización de miles de trabajadores y residentes irregulares, mientras que la negociación con Cataluña buscaría una gestión más directa y cercana a las comunidades autónomas.

Acuerdo con el PSOE para regularizar migrantes

El pacto entre Podemos y el PSOE se centra en aprobar un decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que incluirá a trabajadores esenciales, personas en situación vulnerable y solicitantes de asilo que cumplan los requisitos establecidos.

El objetivo, según la secretaria general de Podemos, es ofrecer seguridad jurídica, derechos laborales y acceso a servicios públicos a quienes hasta ahora se encontraban en situación irregular, además de impulsar la integración social y laboral de este colectivo.

Posible traspaso de competencias a Cataluña

Tras este acuerdo, Podemos se ha mostrado dispuesto a explorar la transferencia de competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña, un paso que implicaría una mayor autonomía en la gestión de políticas de migración dentro de la comunidad autónoma.

Belarra ha explicado que esta medida permitirá una administración más eficiente y cercana a la realidad de los migrantes en Cataluña, donde ya existen programas piloto de integración y atención social que podrían fortalecerse con un traspaso de funciones.

Reacciones y próximos pasos

El anuncio de Podemos ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Algunos sectores ven con buenos ojos la descentralización de la gestión migratoria, mientras que otros advierten sobre la complejidad legal y administrativa de transferir competencias del Estado a las comunidades autónomas.

Por su parte, el PSOE reafirma su compromiso con la regularización de migrantes y la protección de sus derechos, asegurando que cualquier negociación futura con Cataluña se realizará dentro del marco legal vigente y con coordinación intergubernamental.

El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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