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El PP de Valencia pagó con dinero público la defensa de varios de sus imputados en Gürtel

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El Partido Popular (PP) de la Comunidad Valenciana ha pagado la defensa de varios de sus dirigentes en la pieza valenciana del juicio de Gürtel que juzgará la financiación irregular de la formación durante los años de Francisco Camps con dinero público.

Así lo relata el periódico ‘El Mundo’, que apunta que «las minutas de los abogados llegaban a las Cortes Valencianas» y éstas eran abonadas con la «subvención pública» que la formación popular recibe por tener representación en la cámara autonómica.

Según el rotativo, entre los dirigentes que se vieron beneficiados por esta medida se encuentra el exsecretario general del partido autonómico, Ricardo Costa; la exdiputada y extesorera, Yolanda García; y el exvicesecretario regional, David Serra.

La información detallada por ‘El Mundo’ asegura que las citadas minutas llegaron a ser de cantidades cercanas a los 40.000 euros, e incluían los servicios prestados por los abogados de la defensa durante la fase de instrucción que dirigió el juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) José Ceres.

Las minutas remitidas por varios despachos de abogados al PPCV señalan claramente el concepto de la factura como es la «asistencia jurídica» en la causa abierta de Gürtel por presunta financiación irregular.

Cabe señalar que la decisión de pagar dichas minutas con subvenciones públicas se realizó bajo el mandato de Alberto Fabra en el PP regional, justo cuando el exalcalde de Castellón aseguraba ser firme contra la corrupción.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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