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El PP de Valencia pagó con dinero público la defensa de varios de sus imputados en Gürtel

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El Partido Popular (PP) de la Comunidad Valenciana ha pagado la defensa de varios de sus dirigentes en la pieza valenciana del juicio de Gürtel que juzgará la financiación irregular de la formación durante los años de Francisco Camps con dinero público.

Así lo relata el periódico ‘El Mundo’, que apunta que «las minutas de los abogados llegaban a las Cortes Valencianas» y éstas eran abonadas con la «subvención pública» que la formación popular recibe por tener representación en la cámara autonómica.

Según el rotativo, entre los dirigentes que se vieron beneficiados por esta medida se encuentra el exsecretario general del partido autonómico, Ricardo Costa; la exdiputada y extesorera, Yolanda García; y el exvicesecretario regional, David Serra.

La información detallada por ‘El Mundo’ asegura que las citadas minutas llegaron a ser de cantidades cercanas a los 40.000 euros, e incluían los servicios prestados por los abogados de la defensa durante la fase de instrucción que dirigió el juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) José Ceres.

Las minutas remitidas por varios despachos de abogados al PPCV señalan claramente el concepto de la factura como es la «asistencia jurídica» en la causa abierta de Gürtel por presunta financiación irregular.

Cabe señalar que la decisión de pagar dichas minutas con subvenciones públicas se realizó bajo el mandato de Alberto Fabra en el PP regional, justo cuando el exalcalde de Castellón aseguraba ser firme contra la corrupción.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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